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Columna «Sendero Político», Por José Cruz delgado (16-VI-17).- Después de mucho tiempo al fin les hacen justicia los familiares de migrantes michoacanos, sin duda es un gran paso para que los paisanos tengan una mayor proteccion.
Michoacán es uno de los estados del país que más migración tiene, principalmente a estados unidos, se manejan cifras cercanas a los cuatro millones de michoacanos en aquel vecino país, lo que significa un tanto igual al número de paisanos que residen de manera permanente en esta entidad, lo que sin duda exige de esfuerzos mayores en este rubro a efecto de trabajar en favor de este sector de la sociedad, ya que tan michoacanos son los que se van como los que nos quedamos, más aún, porque ellos emigran buscando mejores oportunidades de vida para ellos y sus familias, ante la falta de oportunidades en esta entidad.
Ello, sin duda alguna, nos hace un estado altamente receptor de remezas, lo que significa no solo es un beneficio directo de las familias michoacanas receptoras, sino que con ello se genera desarrollo en sus comunidades, por ello el estado debe darles la justa protección de sus derechos, y es allí que este congreso, donde se encuentran representadas todas las regiones de alta migración michoacana, debe de dotar de los instrumentos normativos para que las instituciones estatales cuenten con las herramientas necesarias para la implementación de políticas públicas, pero sobre todo que los migrantes michoacanos y sus familias tengan certeza jurídica de la protección de sus derechos y puedan exigir su respeto a cabalidad frete a las instituciones de la entidad.
Es por ello que me congratulo de que hoy se emita esta nueva ley para la atención y protección de los migrantes y sus familias del estado de Michoacán de Ocampo, un esfuerzo encabezado por mi compañera diputada Macarena Chávez y que fue arropado por los integrantes de la comisión de migración de esta Septuagésima Tercera Legislatura, de la cual formo parte, trabajos en lo que tuvo una participación activa el secretario del Migrante del Ejecutivo Estatal, lo que generó este extraordinario trabajo que se aprobó.
El diputado Raymundo Arreola Ortega, señaló que con esta Ley se da la protección de los derechos de los migrantes michoacanos, con ello cumplimos, no solo con el mandato constitucional de proteger los derechos humanos de los migrantes en el ámbito de nuestra competencia, sino que hacemos justicia a este sector de los michoacanos que tanto aportan a nuestra entidad, generando desde la ley, los instrumentos de integración y de unión familiar entre los migrantes y sus comunidades de origen, su participación para la elaboración de los planes de desarrollo, resaltando los valores de la diversidad y la interacción multicultural, en esta nueva Ley se crea un banco de datos de migrantes, con la finalidad de medir la migración e inmigración en la entidad, sin embargo no se cuenta con datos precisos de cuantos michoacanos hay en el extranjero, y de ellos, cuantos regresan a territorio estatal y por qué motivo, dato indispensable para poder establecer políticas públicas y planes de gobierno para mejorar sus condiciones de vida y garantizar a plenitud sus derechos humanos.
Además se fortalecen las Casas Michoacán, que tanto han apoyado a los michoacanos en la unión americana, y que con el inminente endurecimiento de la política migratoria en aquel país, sin duda alguna su labor es trascendental para la defensa de los derechos humanos de los migrantes michoacanos, esta aprobación representa un paso para firme hacia un mejor futuro para los migrantes y sus familias, apunto Arreola Ortega.
Con esta nueva Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias del Estado de Michoacán, se pone a la vanguardia a la entidad nivel nacional, al ofrecer novedades como la Unidad Jurídica para la aplicación de sanciones a las autoridades que violen los derechos de los migrantes, manifestó la diputada Macarena Chávez Flores, integrante de la Comisión de Migración en el Congreso del Estado.
En la máxima tribuna del estado, la legisladora destacó que esta nueva normativa es el resultado de un arduo trabajo que se basó en la comprensión de la importancia de las migraciones para las personas, familias y las comunidades de origen y destino, por lo que se buscó construir un régimen migratorio ordenado, seguro, digno y respetuoso de los derechos.
Resaltó que son varias las novedades que ofrece esta legislación como dotar de facultades y obligaciones para nuestras autoridades estatales y municipales que les permita enfrentar con mejores posibilidades de éxito los diversos retos que trae consigo el fenómeno migratorio, el banco de datos de migrantes, la regulación de las Casas Michoacán establecidas en el extranjero, los Centros Municipales para la Atención de los Migrantes y sus Familias.
Asimismo, Macarena Chávez celebró que con la aprobación de la Ley se está cumpliendo con los objetivos que desde el inicio de la Legislatura la Comisión que integra se estableció, que es fortalecer las capacidades y atribuciones de las instituciones involucradas directamente en la atención de la población migrante, actualizando y armonizando los marcos normativos y generar las condiciones en la implementación de programas y servicios a las comunidades migrantes.
Por cierto, el legislador Raymundo Ortega planteó cambios en la relación laboral de los agentes de seguridad. De esta manera, los elementos de seguridad y agentes del ministerio público podrán acudir al Tribunal de Justicia Administrativa para dirimir las controversias laborales con sus empleadores, ello en el marco de su iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios; y los artículos 1 y 155 del código de justicia administrativa del estado de Michoacán.
Puntualizó que máximo tribunal de la nación hizo una interpretación sistemática del ordenamiento constitucional en relación al tipo de relación que guardan los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, y en tesis de jurisprudencia resolvió que ante conflictos que se susciten entre un ente del estado y cualesquiera de estos trabajadores, atendiendo a la naturaleza netamente administrativa, no es un tribunal laboral el que conocerá de esta controversia, sino los tribunales contenciosos administrativos de la federación y los estados según el ámbito de jurisdicción que corresponda.
El legislador por el distrito de Múgica, recordó que la ley burocrática establece, de manera inconstitucional, una relación de tipo laboral de estos elementos con el estado, con todos los derechos que ello conlleva, y dando competencia al tribunal de conciliación y arbitraje del estado de Michoacán, para dirimir las controversias que se susciten entre el estado y los agentes antes mencionados, violando con ello flagrantemente la constitución federal, rompiendo el principio de legalidad y certeza jurídica para los gobernados.
Consideró que esto crea la posibilidad jurídica de que los elementos de seguridad y agentes del ministerio público recurran a tribunales del trabajo a defender sus derechos, cuando, como ya se manifestó, es el tribunal de justicia administrativa el que debe de conocer y en su caso dirimir este tipo de conflictos, dada la naturaleza administrativa de la relación jurídico contractual.
A fin de que esta soberanía respete cabalmente la multicitada exclusión prevista en la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y dar una certeza jurídica a los gobernados, en específico a agentes del ministerio público y elementos de seguridad estatal y municipal, de cuál es la vía correcta para defender sus derechos y en consecuencia no generar al estado conflicto sobre cual autoridad jurisdiccional debe de conocer este tipo de asuntos, se plantean las modificaciones ya descritas, finalizó.
