En libertad todos los detenidos en el J. Múgica, funcionarios engañan al Gobernador Aureoles (Columna «Bajo la Lupa»)

Este lunes por la mañana, después de celebrarse la reunión de evaluación del Grupo de Coordinación para la Seguridad Local de Morelia, el gobernador del estado SILVANO AUREOLES CONEJO habló a los medios de comunicación de las acciones que emprenden en conjunto las secretarías de salud y de seguridad pública para disminuir el índice de adicciones y atender de manera integral a la población que padece este problema.

Según el respectivo “boletín de prensa”, el titular del ejecutivo del estado manifestó que el antiguo Centro de Readaptación Social Francisco J. Múgica, que recientemente fue desalojado, fue sede del inicio de este programa de rehabilitación que tiene como propósito no solo recuperar la salud de quienes se encuentran es dicha situación, sino también incidir en la disminución de los índices de delitos, a razón de que un gran número de conductas delictivas están relacionadas con el consumo de drogas.

Más adelante fue contundente y justificatorio al decir: “Quienes han sido trasladados al centro de rehabilitación son personas que fueron arrestadas por alterar el orden público o ser sorprendidos en flagrancia consumiendo algún estupefaciente”

También se dijo: “En el área de Barandilla, personal especializado les practica un examen toxicológico y elabora un perfil de cada uno de ellos, con datos sobre el tiempo que llevan consumiendo drogas y el tipo de estupefacientes, así como si son infractores reincidentes.

En ese sentido, las autoridades coincidieron en la importancia de contar con el respaldo de la sociedad en este esfuerzo por rescatar a los jóvenes y buscar su reinserción, mediante programas de rehabilitación que están a cargo de la Secretaría de Salud.

El pasado martes 18 de abril, con motivo de reiteradas llamadas telefónicas denunciando detenciones arbitrarias e incomunicación de los detenidos en el área de “Barandilla” de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dio inicio a la queja número MOR/233/2017 en contra de los elementos policiacos a cargo de dicha área, pues constató que había un aproximado de 100 personas detenidas a quienes no se les había notificado el motivo de su detención, que estaban incomunicados, pues no se les permitió hacer la llamada telefónica a que tiene derecho.

Entrevistados algunos de los detenidos por personal de la CEDH, manifestaron que los habían detenido sin motivo alguno y sin decirles nada, los llevaron a la barandilla, hay algunos casos de personas, a quienes los detuvieron saliendo de su trabajo, hay varios que fueron detenidos conduciendo su bicicleta o su motocicleta y con todo y vehículos fueron remitidos a la barandilla y por supuesto, sin decirles los motivos de su detención, a pesar de que ninguno de los detenidos estaba bajo los influjos de alcohol o drogas ni mucho menos “alterando el orden público”, lo que motivó que la CEDH emitiera medidas cautelares en contra de la Secretaría de seguridad Pública del Estado y la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Las medidas cautelares dictas por la CEDH fueron por: “Presumibles violaciones al DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL, A SU INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL, particularmente SU DERECHO A NO SER SOMETIDOS A TORTURAS, TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, así como presumible violación a su DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, sustancialmente por lo que ven a sus derechos a NO SER SUJETOS DE INCOMUNICACIÓN, A LA GARANTÍA DE AUDIENCIA, A LA PRESUNCIÓN DE INICENCIA, OMITIR HACER CONSTAR EL ACTO DE AUTORIDAD EN UN MANDAMIENTO ESCRITO, OMITIENDO FUNDAR Y MOTIVAR DICHO ACTO DE AUTORIDAD, A UNA ADECUADA ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, ASÍ COMO A UNA DETENCIÓN ARBITRARIA Y RETENCIÓN ILEGAL.”

En ese sentido, a quién le creemos, ¿A los funcionarios del gobierno estatal que le informaron al gobernador AUREOLES la forma o motivo por el que detuvieron a esas personas o lo que le declararon los propios detenidos al visitador de la CEDH?

Desde el pasado miércoles 19 de abril hasta el día de hoy, este escribidor tiene conocimiento de la existencia de por lo menos 100 juicios de garantías, en donde las autoridades jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, han otorgado “suspensiones” ordenando la libertad de los detenidos.

La existencia de estos juicios de garantías, echa por tierra la teoría de que estaban en el centro de rehabilitación de manera voluntaria o que fueron detenidos en flagrancia, pero además, que los argumentos jurídicos con que la Secretaría de seguridad Pública del Estado pone a disposición de la Secretaría de salud en el Estado a los detenidos, son evidentemente inaplicables y por lo tanto, las acciones de los agentes de la autoridad estatal, son violatorios de garantías.

Durante el sábado, el domingo y este lunes, conocimos de severas protestas públicas manifestadas por legisladores de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, particularmente de su coordinadora ADRIANA HERNÁNDEZ ÍÑIGUEZ, MARIO ARMANDO MENDOZA y WILFRIDO LÁZARO MEDINA, las que también se ratificaron al interior del congreso.

Así las cosas, en las reuniones de comisiones legislativas, se exigió al diputado presidente de la mesa directiva PASCUAL SIGALA PÁEZ, la urgente intervención del congreso para detener la actuación ilegal de los agentes del gobierno estatal, a más de plantear una comparecencia urgente de los secretarios de seguridad pública y salud, para que explicaran su actuar.

A pesar de la presión pública, política y jurisdiccional, durante este fin de semana pasado, otras 40 personas fueron detenidas, inclusive algunas que acudieron a ver al partido de fut bol del Morelia con el Necaxa en la Plaza Jardín Morelos, organizado por el ayuntamiento de Morelia, al salir del evento y deambular por las calles aledañas, fueron detenidos y llevados a la barandilla para después ser internados en el Cereso Francisco J. Múgica.

Este lunes, el gobierno del estado que encabeza SILVANO AUREOLES CONEJO, en un verdadero acto de justicia, cedió y se ordenó la terminación inmediata del “operativo” para contribuir a la salud de los morelianos y a la vez, se ordenó el cierre inmediato de lo que se dio por llamar “Centro Estatal de Rehabilitación para Alcohólicos y Drogadictos” habilitado provisionalmente en las viejas instalaciones de lo que fue el Cereso Francisco J. Múgica, pues la presión social y política ejercida y los amparos concedidos por el Poder Judicial federal, fueron determinantes en la decisión del titular del ejecutivo estatal.

En círculos gubernamentales del estado trascendió la decisión del gobernador del estado, de crear el Centro Estatal para Combatir las Adicciones dependiente de la Secretaría de salud del Estado, para lo que se buscará el edificio que llene las características para dicho fin y se prevé que al finalizar el año, ya se tengan los elementos para que dicho centro sea incluido en el presupuesto estatal del 2018.

Lo acontecido en este episodio de la historia de nuestro estado, debe de llevar a los funcionarios del gobierno estatal a no mentirle al gobernador del estado, pues si bien es cierto que las condiciones de seguridad del estado y particularmente la ciudad, requieren de medidas y acciones radicales, estas se deben de planear y ejecutar con estricto apego al estado de derecho, a más de ser inspiradas en actos de lealtad al titular del ejecutivo, pues como se hizo, en nada ayudan al gobernador AUREOLES.