¡50 mil empleos, 50 empresas!: Soto (Columna Bajo la Lupa»)

En un rimbombante boletín de prensa, el secretario de desarrollo económico del gobierno del estado ANTONIO SOTO SÁNCHEZ, señala que en la anunciada ZEE, Zona Económica Especializada que se creará en los municipios de lázaro Cárdenas Michoacán y La Unión Guerrero, por la decisión de los respectivos gobiernos de los estados y del federal, se podrían crear 50 mil empleos y que ya se tiene ubicadas 200 empresas dispuestas o interesadas en invertir en la ZEE-

El boletín de marras dice los siguiente: “La administración estatal hará uso de todos sus recursos disponibles para impulsar el desarrollo del polígono de la Zona Económica Especial (ZEE) en Lázaro Cárdenas, cuyo potencial podría generar hasta 50 mil empleos, y por tanto, empujar a todas las ramas de la economía estatal dándole un uso productivo a la Isla de La Palma la cual se encontraba desaprovechada, destacó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Antonio Soto Sánchez.”

En otro párrafo agrega: El encargado de la política económica de la entidad expuso que dentro y fuera del polígono se prevé la instalación de más de 200 empresas con capitales nacionales y extranjeros, y adelantó que 50 empresas chinas, suizas, americanas e hindúes han confirmado su interés de realizar inversiones en la ZEE.

Uno de los problemas fundamentales en la actual administración estatal que encabeza SILVANO AUREOLES CONEJO, es la simulación que del verdadero trabajo hacen muchos de sus funcionarios públicos, como en este caso, TOÑO SOTO SÁNCHEZ, que es uno de los más destacados simuladores y con mentiras, pretende justificar su permanencia en la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Primero, habrá que decirle a DON TOÑO SOTO que la isla de la Palma, sede fundamental para el establecimiento de la Zona Económica Especial, tiene solo 665 hectáreas de superficie, de las que probablemente, solo 600 sean verdaderamente aprovechables para la construcción de la infraestructura respectiva y el asentamiento de empresas industriales o comerciales.

En 1982 el gobierno de la república expropió 400 hectáreas de terreno al ejido de Santiago Zacatula, municipio de La Unión, Guerrero, y 265 hectáreas a los ejidos de Las Guacamayas y Melchor Ocampo, en donde según antecedentes, se pagó a los campesinos y ejidatarios 373 millones 948 mil 012 de pesos de ese entonces, más dos lotes de terreno a cada uno para vivienda ubicados en lo que ahora se conoce como colonia Lotes y Servicios, y el compromiso de otorgarles el 20 por ciento de las utilidades netas del fraccionamiento y venta de dichos terrenos.

Sin embargo, basados en la ley de expropiación, los miembros de los citados ejidos, han reclamado por la vía legal, la aplicación del artículo 9 de la Ley de expropiación vigente que señala lo siguiente:

LEY DE EXPROPIACIÓN Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1936 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 27-01-2012

Artículo 9o.- Si los bienes que han originado una declaratoria de expropiación, ocupación temporal o limitación de dominio no fueren destinados total o parcialmente al fin que dio causa a la declaratoria respectiva, dentro del término de cinco años, el propietario afectado podrá solicitar a la autoridad que haya tramitado el expediente, la reversión total o parcial del bien de que se trate, o la insubsistencia de la ocupación temporal o limitación de dominio, o el pago de los daños causados. Dicha autoridad dictará resolución dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. En caso de que se resuelva la reversión total o parcial del bien, el propietario deberá devolver únicamente la totalidad o la parte correspondiente de la indemnización que le hubiere sido cubierta.

El derecho que se confiere al propietario en este Artículo, deberá ejercerlo dentro del plazo de dos años, contado a partir de la fecha en que sea exigible.

Los anteriores conceptos ponen en evidencia que jurídicamente, la existencia de la Isla de la Palma como reserva territorial destinada a la Zona económica Especial está en duda, pues los ejidatarios de Michoacán y Guerrero, podrían lograr que los tribunales agrarios fallaran a su favor, en virtud de que desde 1982 a la fecha, no se ha cumplido con la “utilidad pública” para lo que fue expropiada, pues como ya lo vimos en su contenido literal la Ley de Expropiación vigente en este país, es claro que los derechos de los ejidatarios sobre esos terrenos, no terminan.

Por si fuera poco, el asunto de la propiedad de la multicitada Isla de La Palma, el dicho de ANTONIO SOTO es por demás exagerado y con la evidente intención de mentir, pues claro que el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, no tiene el potencial poblacional para surtir siquiera una posible demanda de 50 mil empleos.

¿De dónde sacaría TOÑO SOTO 50 mil trabajadores para zona económica especializada de Lázaro Cárdenas? Nomás para darle un dato sencillo como lo es el de la población Lázaro Cardenense, hay que apuntar que dicho municipio tiene una población estimada de 200 mil habitantes, de los que solo el 25% son mayores de 15 años, es decir, solo 50 mil habitantes del municipio de Lázaro Cárdenas, pudieran ser considerados potenciales candidatos a trabajadores de la ZEE, empero, resulta que en esos 50 mil se incluye a la totalidad de las personas que actualmente ya laboran en cualquier actividad productiva de ese municipio. En síntesis, aunque quisiéramos, el municipio de Lázaro Cárdenas está imposibilitado de aportar trabajadores para la causa que señala TOÑO SOTO, tendrían que ser importados de otras ciudades del interior del estado o del país, lo que incrementaría la demanda de servicios municipales, de salud pública, de vivienda, de transporte, etc., circunstancia que por lo menos hasta la fecha no está prevista en todo lo que se conoce de la creación de la zona económica especializada.

En su boletín, SOTO SÁNCHEZ afirma que al derredor de 200 empresas provenientes de países como los Estados Unidos de América, la India, Suiza y China, han expresado su interés manifiesto en invertir sus capitales en la ZEE de Michoacán, de ahí que SOTO señale una potencial demanda de 50 mil empleados.

Al respecto, hay que decirle al señor SOTO, que los estímulos fiscales que el Presidente PEÑA NIETO ha señalado para otorgar a las empresas que se instalen en la ZEE, se constriñen en el no cobro del impuesto sobre la renta por una cantidad de años no definida, pero los demás estímulos así como las facilidades en la tramitología para una posible instalación de tales empresas, de ninguna manera son lo significativamente atractivos para que una empresa se instale en la ZEE.

Tampoco se ha hablado ni se ha puntualizado sobre cómo le haría el estado mexicano y el gobierno de Michoacán, para bajar los índices de la incidencia delictiva de nuestro estado, los que aunque “oficialmente” se han reducido, en la realidad es que han aumentado y confirman lo anterior las cifras publicadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En resumen, hay que decirle, reiterarle a DON ANTONIO SOTO SÁNCHEZ, que sus declaraciones públicas, solo tienen una intención de sensacionalismo y de ninguna manera tienen por objeto informar a la sociedad mexicana y en particular a la michoacana del estado que guarda la administración pública estatal en materia de desarrollo económico, pues lo anunciado por el titular de economía estatal, no refleja las posibilidades reales de nuestro estado, están basadas en simple suposiciones y buenos deseos, pero sobre todo en una profunda simulación del trabajo en materia de desarrollo social.

Tan es cierto lo anterior, que es imposible pensar en la potencial instalación de 200 empresas y la creación de 50 mil empleos, cuando no se tiene certidumbre jurídica sobre la reserva territorial destinada a la ZEE, no se tiene la infraestructura y servicios para la llegada de 30 a 50 mil nuevos pobladores en ese municipio, como tampoco se tiene la certeza jurídica de los estímulos fiscales y otros que propiciarían la creación o instalación de 200 empresas en la ZEE y tampoco existen las políticas públicas en materia de seguridad y justicia, que permitan predecir una baja en los índices de la incidencia delictiva, la que se reflejaría en mejores estadios de seguridad en el estado.