La verdad sobre la reestructuración de la deuda (Columna «Bajo la Lupa»)

En los últimos días, se ha generado una fuerte polémica en torno a la iniciativa de decreto en el que el congreso del estado estaría autorizando al gobierno del estado que encabeza el gobernador del estado SILVANO AUREOLES CONEJO, a refinanciar 4 créditos a largo plazo que fueron gestionados y contratados por el gobierno de FAUSTO VALLEJO Y FIGUEROA, así como su sucesor JESÚS REYNA GARCÍA.

Los créditos en cuestión, surgieron de un programa similar que en el 2013 planteo al congreso estatal el entonces gobernador, FAUSTO VALLEJO Y FIGUEROA, de manera que en ese tiempo, mediante el decreto legislativo Número 22 de fecha 24 de octubre del 2012 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el 26 de Octubre del 2012, se autorizó al ejecutivo estatal a contratar créditos por la cantidad de $9,508,903,151.80 (NUEVE MIL QUINIENTOS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 80/100). Habrá que señalar que el decreto 22 tiene como antecedente el decreto número 18 y luego se generaron los decretos 102, 103 y 106, que fueron parches al decreto 22.

Ahora bien, los importes señalados en la gráfica “CREDITOS PAGADOS Y NVA. DEUDA” se liquidaron como ya se dijo con la autorización del congreso mediante el decreto 22, lo que originó nuevos créditos a largo plazo.

A raíz del decreto 22, se generaron nuevos créditos a largo plazo, entre ellos los siguientes, menos la bursatilización, que es del gobierno de LÁZARO CÁRDENAS BATEL

De la gráfica denominada “DEUDA PÚBLICA DOCUMENTADA DIRECTA DEL ESTADO DE MICHOACÁN”, se desprenden las condiciones en que se firmaron dichos créditos, que dicho sea de paso, fueron firmados por el entonces secretario de finanzas y administración CARLOS RÍO VALENCIA, avalados por el entonces secretario de gobierno JESÉ JESÚS REYNA GARCÍA, en su carácter de “encargado del despacho” del jefe del poder ejecutivo. Como podemos observar en dicha gráfica, las tasas de interés comprometidas, son la famosa TIIE, es decir la Tasa de “Interés Interbancaria de Equilibrio”, más una sobre tasa en las que, la más alta, es la del Banco Multiva S.A. con la que se firmó a TIIE más 3.0%; en el Caso de Banco Interacciones S.A., la tasa firmada fue de TIIE más 2.89% en un crédito y TIIE más 2.86% en otro crédito. En lo que se refiere al crédito con Banobras S.N.C, la tasa pactada es la TIIE más el 1.29%, que la más baja en todos los créditos contratados.

De la misma manera, de la gráfica citada, podemos darnos cuenta que el plazo al que se firmaron dichos créditos, fue de 20 años, con excepción del contraído con Banco Multiva S.A. que se firmó a 15 años.

Hasta ahora, ya conocemos el monto de los créditos a largo plazo contraídos por el gobierno del estado, las tasas de interés pactadas y los plazos para pagar dicha deuda, sin embargo, me parece preciso definir que es la famosa TIIE, para que podamos darnos cuenta de que implica como tasa de interés.

La TIIE, o Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, es una tasa representativa que el Banco de México (Banxico) ha establecido para las operaciones de crédito entre los bancos. Fue instaurada en 1995 y, desde ese año, se utiliza como referencia para determinar las tasas de interés para los instrumentos de crédito en el país, incluyendo, las tarjetas de crédito.

Gracias a la TIIE podemos saber cuáles son las condiciones monetarias del mercado, es decir, a qué tasa obtienen los bancos recursos de los ahorradores para después prestarlos por medio de créditos diversos. Por otro lado, también funciona como un indicador para conocer el margen o ganancia de las instituciones bancarias.

La TIIE a 28 días se actualiza a diario, los días hábiles y se publica todas las mañanas en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Por ejemplo la TIIE para este jueves 16 de febrero, la TIIE fue del 6.595000%

El titular del poder ejecutivo estatal SILVANO AUREOLES CONEJO, ha enviado al congreso del estado una iniciativa de decreto en el que solicita autorización para la reestructuración de la deuda pública, por un importe de 10 mil 906 millones, 032 mil, 319.48 pesos.

Dicha cantidad es el producto de la suma de los saldos al 31 de octubre del 2016, de los créditos contraídos con los bancos Multiva S.A., Interacciones S.A. (dos créditos) y Banobras S.N.C; más el importe de la “Bursatilización”, todas reflejadas en la gráfica “DEUDA PÚBLICA DOCUMENTADA DIRECTA DEL ESTADO DE MICHOACÁN”, aunque las sumas no dan iguales en la propuesta y las inscritas en los contratos.

En la “letras chiquitas” de la iniciativa de decreto propuesto por el ejecutivo estatal, se establecen como créditos adicionales que se considerarán “deuda pública” los costos de la restructuración que son más o menos así:

De entrada, hay que contabilizar el pago de honorarios a la empresa “Estrategia en Finanzas & Infraestructura”, la que se contrató mediante la licitación pública número CADPE-EM-LPE-029/2016 y que implica el pago del 0.95% más IVA sobre el importe total de los pasivos financieros a reestructurarse, que más o menos son 103 millones, 607 mil, 307.03 pesos más IVA.

Por otra parte dentro de dichos “costos de la reestructuración” debemos de considerar el costo de los “Fondos de Reserva”, “Pago de Primas”, “Comisiones”, “Coberturas” y “Otros gastos”, que de acuerdo al párrafo segundo del artículo primero del decreto propuesto, serían en equivalente al 2% de la suma de los créditos a refinanciar en este artículo primero. Dicho importe del 2% son aproximadamente la cantidad de 135 millones, 014 mil, 450.19 pesos

Los anteriores costos, se refieren exclusivamente a la restructuración de los créditos contratados con los bancos MULTIVA, dos créditos con BANCO INTERACCIONES y un crédito con BANOBRAS. En el artículo segundo del citado decreto, se establece la autorización del congreso para constituir “garantías de pago” por el 30% del monto total del o los financiamientos a que se refiere al artículo primero, es decir, los créditos con MULTIVA, INTERACCIONES y BANOBRAS, de manera que en esa tesitura, el congreso del estado autorizaría al gobierno estatal para contratar un crédito a largo plazo por 2 mil, 025 millones, 216 mil, 755.19 pesos para constituir tales “garantías de pago”, mismas que según el párrafo tercero del artículo segundo del decreto de marras, constituirán “deuda pública” pagaderas en pesos, en un plazo de hasta 25 años y un plazo de gracia hasta por 75 meses.

La famosa “bursatilización” tiene un saldo al 30 de septiembre del 2016 de 4 mil, 155 millones, 309 mil, 802.18 pesos, misma que el gobierno de LÁZARO CÁRDENAS BATEL contrató en Unidades de Inversión, mejor conocidas como UDIS.

Al respecto, el gobierno del estado solicita autorización al congreso, para contratar un crédito cuyo destino sería el pagar los siguientes conceptos:

1.- Amortizar anticipadamente la emisión de certificados bursátiles fiduciarios.

2.- Pagar primas por prepago, los costos de rompimiento de la garantía de pago oportuno y cualquier otro gasto o erogación que se genere por la liquidación de los certificados bursátiles fiduciarios, siempre y cuando su pago con cargo al financiamiento esté permitido por las leyes aplicables.

3.- Constituir los fondos de reserva del financiamiento celebrado al amparo del presente artículo.

4.- Contratar coberturas de tasa de interés o de intercambio de tasas de interés de los denominados “swaps”; y/o

5.- Pagar los gastos, comisiones, primas de cualquier tipo, costos y cualquier otra erogación generada por el diseño, instrumentación y/o contratación de los financiamientos y las garantías de pago oportuno, siempre y cuando su pago con cargo al financiamiento esté permitido por las disposiciones aplicables.

Independientemente de los costos anteriores, el gobierno estatal solicita al congreso autorización para contratar un crédito hasta por el 30% del financiamiento contratado para pagar la bursatilización, este crédito se destinará a constituir las garantías de pago oportuno y se considerará “deuda pública”, de manera que estas garantías serían por el orden de los 1 mil 246 millones, 592 mil, 940.65 pesos

Aunque los cabilderos del gobierno estatal aseguran de que no habrá nueva o más deuda pública con la reestructuración crediticia, lo cierto es que sí, cuando menos habría una nueva deuda pública por el importe de las garantías de pronto pago, que ronda por la cantidad de 3 mil 271 millones, 809 mil, 695.84 pesos, más como ya apuntamos, los 135 millones, 014 mil, 450.34 del 2% para pago de Fondos de reserva, primas, comisiones, coberturas y otros gastos, de los primeros 4 créditos, así como el 2% del refinanciamiento del crédito en UDIS, que son algo así como 83 millones, 106 mil, 196.04 pesos y los 103 millones, 607 mil, 307.03 pesos que es el importe de los honorarios de la empresa asesora en la reestructuración. Todo lo anterior, nos arroja un saldo de 3 mil, 593 millones, 537 mil, 649.25 pesos de nueva deuda.

Así es, sí Pitágoras no miente, reestructurar 10 mil 906 millones, 032 mil, 319.18 pesos, tendría un costo para los michoacanos de 3 mil, 593 millones, 537 mil, 649.25 pesos, que equivale al 32.94 % de la deuda a refinanciar. ¿Será negocio?

Resulta que al analizar detenidamente el contrato de bursatilización firmado por el gobierno de LÁZARO CÁRDENAS BATEL, establece en una de sus cláusulas, que solo a partir de la vigésima primera fecha de pago, es decir el 31 de enero del 2018, el fideicomitente –el gobierno estatal- tendrá derecho de instruir al Emisor para que pague anticipadamente la totalidad del Saldo Insoluto de la presente emisión…

En esa tesitura, resulta claro que el pago anticipado del crédito denominado “Bursatilización”, solo podría pagarse anticipadamente hasta el 31 de enero del 2018, de manera que no se entiende por qué el gobierno estatal plantea ese pago adelantado.

El gobierno del estado ha estado argumentando que la tardanza de los diputados de la 73 legislatura en analizar y eventualmente autorizar el decreto de reestructuración, ha ocasionado que el gobierno haya tenido que pagar más intereses y hasta señala varios cientos de millones de pesos como un desembolso que no se harían, sí los diputados autorizaran dicho decreto, sin embargo, tal aseveración es falsa, pues con reestructura o sin ella, los intereses aumentaron en virtud de que la tasa denominada TIIE o Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, varia hacía arriba o hacia abajo, por que dicha tasa TIIE la determina el Banco de México como ya lo dijimos en la definición de qué era la TIIE y ésta ha aumentado por disposición del BM varias veces, pero su aumento nada tiene que ver con la reestructura, por lo demás, la sobre tasa es fija en todos los créditos contraídos y esta no varía con el transcurso del tiempo.

La autorización de la reestructura de la deuda solicitada por el gobierno del estado, nada tiene que ver con el aumento de los intereses, lo que sí tiene que ver y es muy grave, es que la sobre tasa de dicho crédito, aunque es fija, tiene una condición que la hace variar y esta condición es la denominada “Calificación Crediticia” del gobierno del estado y señores míos, la calificación crediticia del gobierno de Michoacán ha cambiado a la baja.

Por ejemplo, en el crédito del Banco Multiva S.A. se establece una sobre tasa fija del 3%, siempre y cuando la calificación crediticia esté en el rango de AA+ y AA-, pero sí la calificación baja de BBB+ a BBB-, la sobre tasa sube al 3.25%, pero sí la calificación crediticia sigue bajando y llega al rango de BB+ o menor, la sobre tasa de interés subiría al 4.75%.

En diciembre pasado, la calificadora Standard & Poor’s, bajó la calificación crediticia del estado de Michoacán de BBB+ a BBB-, lo que implicó que los intereses de la deuda pública de Michoacán subieran de inmediato, sin que la reestructura tenga algo que ver.

La calificación de crédito es una puntuación que mide la calidad crediticia de un país, empresa o persona. Se determina mediante una evaluación del historial de crédito y capacidad para pagar la deuda. Esta capacidad se mide teniendo en cuenta tanto los activos como los pasivos.

La calificación de crédito (también referido como calificación crediticia o calificación de la deuda soberana si se refiere a un país), en inglés, Credit rating o simplemente rating mide la capacidad del ente calificado para pagar por su deuda (credit worthiness) y, por tanto, es un índice del riesgo asociado a invertir en esta deuda (comprar deuda por ejemplo en forma de bonos del estado). La calificación de crédito es emitida por las llamadas agencias de calificación crediticia entre las que destacan Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch, las tres son privadas y con presencia internacional. La calificación asignada por estas agencias se basa tanto en el historial de pagos como en la relación actual entre bienes (activos y pasivos) y deuda de la entidad. La calificación de crédito es de utilidad para los inversores pues les permite evaluar el interés ofrecido de acuerdo al riesgo que asumen así como la posibilidad de incluir garantías adicionales en el contrato de préstamo.

Al analizar las tasas de interés que se están pagando por la deuda pública de Michoacán, se antoja por demás poco probable que haya instituciones de crédito, es decir bancos, que quieran prestarnos a más bajo interés que el actual, más sí se considera la “Calificación Crediticia”, sin embargo, lo que sí se puede lograr, es ampliar los plazos de pago a 25 o 30 años como lo plantea el ejecutivo estatal en su iniciativa.

En términos coloquiales, el gobierno estatal quiere hacer lo que frecuentemente hacen las personas que tienen 3, 4 o más tarjetas de crédito y sus finanzas están quebradas, sacan dinero de una para pagar otra y luego sacan de esa otra para pagar lo de otra y así, se hace un círculo vicioso hasta que la deuda lo ahoga porque agota todos sus créditos.

Pero además, la reestructuración planteada por el ejecutivo estatal, no resuelve los problemas estructurales de la administración pública estatal y tomando en cuenta que es un gobierno que empieza, lleva 17 meses en el poder, la situación es muy grave, la reestructuración solo le pudiera bajar la presión, al aumentar los plazos de pago, disminuiría el importe de dichos pagos, dándole al gobierno disponibilidad de un pequeño flujo de dinero.

No me atrevo a plantear el escenario que habría de las finanzas públicas al término de la actual administración, el panorama interno y el externo es muy crítico, no se vislumbran posibilidades de que la situación mejore, de manera que no me gustaría estar en el pellejo de los próximos gobiernos.