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Columna «Sendero Político», Por José Cruz Delgado (18-I-17).- Los ex gobernadores de Michoacán de la pasada administración siguen dando qué hablar. Resulta que al menos dos de ellos, que no dijeron sus nombres porque fueron tres en la pasada administración: Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García y Salvador Jara Guerrero, están envueltos en un súper escándalo por un presuntos desvío multimillonario.
El gobernador Silvano Aureoles Conejo se fue con todo a la yugular y con el fin de garantizar la transparencia y rendición de cuentas, la Secretaría de la Contraloría de Estado de Michoacán (Secoem) que encabeza Silvia Estrada Esquivel, atendiendo las instrucciones de su jefe inmediato, interpuso 10 denuncias penales ante las procuradurías General de Justicia en el Estado (PGJE) y General de la República (PGR) contra quienes resulten responsables de presunto desvío de recursos públicos.
Seguramente tienen los nombres de los presuntos responsables pero como siempre se dice que será la autoridad correspondiente quien se hará cargo de las investigaciones tendrán en suspenso a los michoacanos que ya quieren saber quién o quiénes son los pillos que desviaron ese dineral.
Silvia Estrada Esquivel, dijo en rueda de prensa que derivado de la auditoría realizada a los procesos de entrega-recepción de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, se identificó una probable malversación de recursos públicos de diferentes fondos que, en suma, representa un daño a la hacienda estatal por el orden de los 3 mil 759 millones de pesos.
Y es que durante la presentación del Acuerdo para el Ajuste en el Gasto Público y Eficiencia en el Gobierno para Fortalecer la Economía y las Finanzas Públicas, “El gallo de Michoacán, Silvano Aureoles instruyó a la dependencia a presentar estos recursos legales para garantizar a la ciudadanía un ejercicio de gobierno apegado a los principios de transparencia y rendición de cuentas, preceptos que son fundamentales para reestablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
Bueno pues resulta que tras la investigación correspondiente, se identificó la falta de pago por concepto de aportaciones patrón-trabajador a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado por 92 millones 155 mil 951 pesos, correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015, aun cuando se realizaron las retenciones a los trabajadores a través de los descuentos respectivos.
De igual manera, tras la auditoría realizada al Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán correspondiente al ejercicio 2014 y al periodo de enero a septiembre de 2015, se determinó un daño al erario público estatal por la cantidad de mil 590 millones de pesos.
Otro de los asuntos de gravedad identificados corresponde a la falta de pago del Fondo General de Participaciones a los 113 municipios, ocasionando un daño a los Ayuntamientos y al erario público estatal por la cantidad de 96 millones 807 mil pesos. Esto ocasionó a su vez un daño al erario de los municipios que asciende a 247 millones 502 mil 129 pesos por haber omitido el pago de sus participaciones.
Derivado de lo antes expuesto, se instauraron procedimientos administrativos de responsabilidades a los ex servidores públicos, mismos que ya fueron resueltos y, por ende, notificados a los mismos.
En lo concerniente a recursos de índole federal, específicamente en el Fondo de Aportaciones Múltiples de los ejercicios 2012 y 2013, se determinó un detrimento a la hacienda pública federal por la cantidad de 386 millones de pesos.
Y en lo que respecta al Régimen Estatal de Protección Social en Salud del ejercicio 2012, se identificó un daño al erario público federal por la cantidad de mil 594 millones de pesos.
La titular de la Secoem puntualizó que se presentaron denuncias penales en contra de quien o quienes resulten responsables por la presunción de posibles conductas delictivas que se advierten en la integración de los procedimientos seguidos por esta dependencia.
Así, en cumplimiento al Artículo 33, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, no se pueden proporcionar los nombres de los ex servidores que incurrieron en las conductas desplegadas y sancionadas por este órgano estatal de control, hasta que las dependencias correspondientes emitan sus resolutivos.
Seguramente habrá voces que digan que se trata de una cacería de brujas y que este gobierno perredista trata de manchar sus honorables nombres, pero de verdad, los michoacanos exigían que se llegara a la verdad y se castigara a los responsables del tal desfalco y que no sean perdonados al llegar a un acuerdo político.
La trivia está amigo lector.
Bueno y para no variar, Aureoles Conejo también implementó su plan de austeridad y fue solidario con la dificultad económica que ha impactado en los bolsillos de la gente, por lo que presentó una serie de medidas para apoyar la economía familiar y reducir gastos en la estructura de gobierno.
El Acuerdo del Ajuste en el Gasto Público y Eficiencia en el Gobierno para Fortalecer la Economía y las Finanzas Públicas del Estado se compone de cuatro ejes: Gasto responsable y eficiente, Fomento al consumo local, Empleo y desarrollo económico, y Transporte y movilidad.
Destaca la puesta en marcha del programa “Más barato, sano y nutritivo”, mediante el cual se acerca al productor con el consumidor para adquirir mercancías de calidad y a buen precio en las 10 ciudades principales del estado, lo que impactará en beneficio de 150 mil familias con ahorros de 15 millones de pesos semanales.
También la creación de un Fondo de 100 millones de pesos para impulsar 5 mil proyectos productivos que beneficiarán a más de 10 mil personas. Además de iniciar un programa de Crédito Ágil para fomentar actividades productivas de las micro y pequeñas empresas, con un presupuesto inicial de 200 millones de pesos para apoyar a 2 mil negocios.
Otra medida es la promoción de la cultura vial y el uso de la bicicleta, impulsar la conversión de flotillas de taxis y colectivos a gas natural, y dar incentivos fiscales en placas, tarjetas de circulación y engomados para vehículos híbridos y eléctricos.
En lo que se refiere al Gasto responsable y eficiente se contemplan recortes al gasto corriente de los servidores públicos, como la reducción de personal eventual en un 50 por ciento, que generará ahorros por 74 millones de pesos, y la congelación de las vacantes para evitar gastos por 84 millones de pesos más.
En ese mismo renglón se reduce el pago de tiempos extraordinarios en un 25 por ciento, lo que se traduce en un ahorro por 79 millones de pesos. “Es momento de aprovechar al máximo los limitados recursos, de ser austeros, administrar y gastar bien, ahorrar y sobre todo evitar dispendios, derroches y despilfarros”, advirtió el mandatario estatal.
También se extinguen y se fusionan entidades y organismos públicos no prioritarios para disminuir el gasto burocrático, por lo que se finiquita a más del 30 por ciento del sector paraestatal. Entre esas medidas destaca la eliminación del pago por el uso de telefonía móvil a todos los funcionarios del Gobierno del Estado y se racionaliza y disminuye en un 50 por ciento el gasto de combustible para vehículos oficiales, quedando prohibido su uso en los días no laborales.
Además de la reducción en un 50 por ciento del pago de alimentación y hospedaje a mandos medios de segundo y tercer nivel y se eliminan los viáticos por ambos conceptos a los funcionarios de primer nivel, quienes tampoco incrementarán sus sueldos, y se mantiene la reducción del 25 por ciento al salario del gobernador.
Todo está muy bien, son medidas dolorosas, digo para algunos funcionarios que están impuestos a gastar como Reyes y ojalá se les aplique la ley a quienes no acaten estas disposiciones, sobre todo que dejen de utilizar las unidades de gobierno para llevar a sus hijos a la escuela, llevar a la señora al Súper y salir a pasear los fines de semana, claro, con gasolina a cargo del estado.
