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Columna «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (06-I-17)
AL CONGRESO ESTATEGIAS PARA AUMENTAR INGRESOS
Dentro del paquete de información que el congreso del estado le solicitó al gobierno del estado para poder analizar a profundidad la iniciativa de restructuración de la deuda a largo plazo, se encuentra un capítulo denominado “Estrategias y Acciones para Fortalecer la Recaudación Estatal y Resultados Estimados”, que en palabras más simples significan lo que quiere o pretende hacer el gobierno del estado para aumentar sus ingresos propios.
Debo hacer una advertencia a los lectores que la presente entrega utiliza alguno conceptos considerados “técnicos”, pero al no encontrar una traducción al lenguaje coloquial, se utilizan literalmente.
Dentro del anterior capítulo, el gobierno del estado contempla un programa de acciones de fiscalización, el que pretende 510 acciones, que son: 210 visitas domiciliarias, 113 revisiones de gabinete, es decir, revisar la cuenta fiscal de cualquier causante, dentro de las oficinas del gobierno y 165 acciones de presencia fiscal, entendiendo como tales, el envío de una carta invitación para que el deudor fiscal se ponga al corriente con sus obligaciones de manera voluntaria o bien, la verificación de la expedición de facturas electrónicas.
Dice la secretaría de finanzas que proyecta una recaudación para el 2017 solo por conceptos de actos de fiscalización 145 millones de pesos.
COBRAR CRÉDITOS FISCALES
Habrá que recordar que por disposición legal, el gobierno del estado se encarga de cobrar algunos impuestos federales y en ese sentido, la Dirección de Ingresos de la secretaría de finanzas estatal, señala que tiene en sus archivos un total de 1586 crédito fiscales que importan 2 mil 027 millones, 690 mil 159 pesos, que por diversas razones no ha sido posible cobrarlos.
En esa tesitura, me parece, la Secretaría de Finanzas está bordando en falso, pues de esos 1586 crédito fiscales, solo 623 tienen la posibilidad “media” de ser cobrados e importan la cantidad de 230 millones, 664 mil 844 pesos; los otros 950 créditos fiscales tiene una “baja” posibilidad de cobro, pues se consideran así porque están sujetos a procedimiento legales que difícilmente el estado puede ganar, como juicios de amparo, juicios de nulidad, recursos de revisión, que tienen suspensión por autoridad jurisdiccional o son causantes no localizables. El importe de estos créditos fiscales de baja posibilidad de cobro, son 1 mil, 797 millones, 025 mil, 314 pesos.
De los datos del párrafo anterior, se desprende que la capacidad coercitiva del gobierno estatal es casi nula, pues solo con base en sus capacidades y logística, puede cobrar coercitivamente el 11.3757% de los créditos fiscales que conoce, sin embargo, es la propia secretaría de finanzas la que se establece como meta la posibilidad de solo cobrar el 35% de esos de esos 230 millones, 664 mil 844 pesos, es decir solo recuperar 80 millones de pesos y eso significa que el gobierno estatal solo tendría la capacidad de cobrar coercitivamente el 3.9453% de los que los causantes fiscales le adeudan, lo que es verdaderamente ridículo.
Sí para cobrar a los causantes cautivos el estado es incapaz, ni pensar en ampliar la base gravable, que significa encontrar más causantes, hacer que más gente pague impuestos.
3 “ACCIONES ESTRATÉGICAS” PARA MEJOR RECAUDAR
No se vaya a reír de mí, pero en su propuesta, el gobierno estatal señala que para la recuperación de créditos fiscales, promoverá que la Procuraduría Fiscal por conducto de la sub procuraduría de los contencioso, se dé el seguimiento para tratar de resolver a favor del estado 308 créditos cuyo estatus es el de estar en trámite un “recurso de revocación”, pues esto le generaría al estado ingresos por la cantidad de 956 millones, 188 mil, 953 pesos.
Otra “estrategia” del gobierno estatal, es poner en práctica lo recomendado por el Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que consiste en las “Estrategias Agresivas de Recuperación”, que consiste en el requerimiento del pago o de garantía de aquellos créditos en estatus de “recurso de revocación” o “Juicio de Nulidad”, mediante el embargo y extracción en el momento de bienes que garanticen el adeudo y en su caso, bloquear las cuentas bancarias del deudor.
Con la anterior estrategia, se espera que por sinergia, los demás causantes caigan en terror o pánico y se decidan por el cumplimiento voluntario del pago de sus obligaciones fiscales.
La tercera de sus estrategias, la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno estatal considera necesario la contratación de personal profesional capacitado –de manera eventual- de 30 personas para ejecutar un programa de diligenciación, que consistiría en las acciones de notificación de resoluciones que determinen el crédito fiscal, notificación de requerimiento de control de obligaciones, aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, a través de requerimiento de pago y del embargo.
SANEAR LAS FINANZAS
En su texto, dice la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno del estado, que “es necesario establecer estrategias de recaudación que permitan, sanear las finanzas públicas y reactivar la economía estatal; pero para ello, es necesario y oportuno generar programas que insten a los contribuyentes a ponerse la corriente en sus adeudos fiscales.
En palabras más simples, para el gobierno estatal sanear las finanzas es implementar mecanismos coercitivos en contra de los ciudadanos para que paguen los impuestos y confirma lo señalado las “estrategias” siguientes:
RETIRAR PLACAS VENCIDAS
Con el objeto de regularizar a los causantes que son propietarios de vehículos automotores y que durante un año o más no han cubierto sus obligaciones fiscales, la Secretaría de Finanzas y Administración firmará un convenio de colaboración con la Secretaría de seguridad Pública a fin de poder retirar las placas de circulación del 2012 y anteriores a los vehículos que las porten por no tener vigencia legal, pues dice la SFA que con esa acción, “se abatiría un problema de seguridad pública, pero además se invitaría al contribuyente a ponerse al corriente de sus compromisos fiscales, antes de ser requerido o retirada su unidad de la circulación”
Por enésima ocasión, el gobierno estatal cometerá la misma arbitrariedad de secuestrar vehículos por portar placas vencidas o no vigentes y con esto, pretender obligar a los propietarios a pagar los adeudos fiscales por trámites vehiculares, acción que está demostrado reiteradamente que es una acción inconstitucional la que realiza el gobierno estatal.
De acuerdo a las cifras oficiales, el padrón vehicular de nuestro estado es de 1 millón, 581 mil, 899 vehículos, de los cuales 876 mil, 225 se encuentran en situación regular, de manera que según la dependencia estatal, hay 705 mil, 674 vehículos automotores, cuyos propietarios no están al corriente en sus obligaciones fiscales por conceptos vehiculares.
De lo anterior se desprende, así lo considera la SFA, que sí se logra poner al corriente a los 705,674 deudores fiscales por conceptos vehiculares, por lo menos de los ejercicios fiscales del 2016 y 2017, el estado tendría un ingreso de 577 millones, 947 mil, 006 pesos correspondientes al 2016 y la cantidad de 594 millones, 883 mil, 182 pesos correspondientes al ejercicio fiscal del 2017, para un gran total de recaudación por conceptos vehiculares de 1 mil, 172 millones, 830 mil, 188 pesos.
Claro, el anterior y jugoso ingreso solo se obtendría, en el muy teórico caso de que la totalidad de los vehículos que forman el padrón vehicular estatal, bueno, sus propietarios, pagaran todos los derechos vehiculares de los años 2016 y 2017.
REFLEXIONES
Señalan que del padrón vehicular no están al corriente 705,674 vehículos y en caso de que paguen pueden recaudar 594, 883,182 pesos, lo que considero improbable, toda vez que de ese número cuantos ya no existen, cuantos cambiaron de domicilio, y de cuantos no los localizarían.
Por lo que se refiere a las invitaciones que pretenden hacer a los que tengan placas del 2012 y anteriores mediante invitación a regularizase, creo que no tendría lo que llaman efecto mariposa, más bien en esos casos lo que procede es el embargo precautorio, el que deben de realizarlo cumpliendo con toda la normatividad, y para ello se requiere que este bien planeado e intervengan autoridades fiscales y de tránsito, pero como podría haber casos que algunos que traigan vehículos estén armados, necesitarían apoyo del ministerio público, y que el Gobierno esté consciente que se pueden suscitar problemas graves de otro tipo.
Un aspecto que me llama la atención es que dentro del esquema que mencionan para cobro de contribuciones atrasadas harían bloqueos de cuentas bancarias, desconozco que se pueda llevar a cabo con base a las leyes, sin embargo, aunque se pudiera, me han comentado que el IMSS en otros estados ha utilizado ese esquema pero en muchos casos los responsables de los bancos no aceptan llevar a cabo esa medida, y cuando se trata de empresarios al bloquear sus cuentas, afecta a los trabajadores ya que o les pueden pagar sus nóminas y presionan para que se desbloquen.
Por último, no sé si el Gobierno midió el problema político que se puede suscitar sobre todo porque se empalmaría con el descontento del incremento a la gasolina.
ADRIANA HERNÁNDEZ, FIRME EN LA COORDINACIÓN
Mientras el Partido Revolucionario Institucional sufre los estragos de la mala administración del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, en sus filas la prematura lucha por las posiciones políticas electorales que se disputarán en el 2018, se encuentra en todo su apogeo, pues aunque haya candidatos naturales que podrían enfrentar una elección con alguna posibilidad de triunfo, son sus copartidarios los que están arreciando la lucha, pero para derribarlo y evitar que logren las ansiadas posiciones.
Una de esas acciones, es el esparcimiento del rumor, en medios de comunicación y corrillos políticos, de que los integrantes de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del estado, están citados para el próximo martes 10 de enero en el edificio que alberga el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, con el objeto de tener una reunión “privada” con el dirigente nacional ENRIQUE OCHOA REZA, reunión en la que además de tratar el “apoyo” al gobernador SILVANO AUREOLES CONEJO para aprobar la iniciativa de la reestructuración de la deuda, se daría la destitución de la diputada ADRIANA HERNÁNDEZ ÍÑIGUEZ como coordinadora de la fracción parlamentaria priista y en consecuencia de la presidencia de la Junta de Coordinación Política.
Así las cosas, este escribidor se dio a la tarea de consultar a la gran mayoría de integrantes de la fracción parlamentaria priista y a la propia dirigencia estatal del tricolor, coincidiendo la totalidad que no están enterados de que se realizara tal reunión en el CEN priista, pues ninguno de ellos ha recibido invitación o convocatoria para tal efecto.
Por su parte el dirigente estatal del PRI en Michoacán, dijo que la diputada HERNÁNDEZ ÍÑIGUEZ está más firme que nunca al frente de la coordinación parlamentaria y que en torno al asunto de la restructuración de la deuda, serán los propios diputados los que tendrán la libertad de discernir tal asunto, pero que el CEN de su partido no tiene contemplado abordar ese tema.
¿Entonces de dónde salió el rumor? Usted tiene la última palabra.
