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20 de diciembre, 2016 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, urgió hoy a las autoridades judiciales de Filipinas a investigar las declaraciones del presidente del país en las que aseguró haber matado a tres personas cuando era alcalde de la ciudad de Davao.
Rodrigo Duterte afirmó la semana pasada en un evento con empresarios en el Palacio Presidencial que, como parte de su guerra contra las drogas, había patrullado personalmente las calles de la ciudad que gobernaba y había matado a “unas tres personas” sospechosas de violación y secuestro. Además, señaló haber incitado a la población a seguir su ejemplo.
Más tarde, el mandatario confirmó estas aseveraciones en una entrevista con una cadena de noticias internacional.
En una conferencia de prensa en Ginebra, el portavoz del Alto Comisionado dijo que cualquier sistema judicial funcional debe abrir una investigación cuando alguien admite abiertamente ser un asesino.
“Dichas acciones contravienen directamente los derechos consagrados en el Artículo III de la Constitución filipina. Las muertes descritas por el presidente Duterte también violan las leyes internacionales, incluidos los derechos a la vida, a la no violencia o fuerza, al debido proceso, a un juicio justo, a la protección igualitaria ante la ley y a la presunción de inocencia. Las muertes causadas por Duterte, según lo ha admitido él mismo, constituyen claramente asesinatos”, apuntó Rupert Colville.
Duterte fue alcalde de Davao de 1988 a 2016. Los asesinatos en cuestión habrían tenido lugar durante su primer año en el cargo.
Según la Oficina del Alto Comisionado, desde que Duterte asumió la presidencia de Filipinas el 30 de junio pasado cerca de 6.100 personas habrían muerto a manos de policías, vigilantes o mercenarios.
Zeid instó al poder judicial filipino a demostrar su compromiso con el estado de derecho y a actuar con independencia del ejecutivo iniciando una investigación inmediata de los hechos.
