Ahuizote Agencia de Información Ahuizote.com
*Autoridades de Michoacán niegan desplazamiento forzado.
*Buenas iniciativa eliminar el cobro por el registro de títulos profesionales.
Columna Política «El Francotirador», Por José Cruz Delgado (09-IV-2025).- Hay la exigencia de la dirigencia del PRI en Michoacán para que los gobiernos estatal, federal y municipales reconozcan y apoyen a las víctimas de desplazamiento forzado por parte de grupos criminales que operan en la zona de la Costa-Sierra, así como parte de Tierra Caliente.
El dirigente priista, Memo Valencia, pidió que se les escuche a las familias que que se han refugiado en el municipio de Coahuayana y que fueron despojadas de sus propiedades por medio de las armas de quienes buscan hacer sus actividades delictivas en comunidades solas
En lo personal no me gusta hablar del presidente del priismo Memo Valencia por oportunista y falso porque lo único que busca es protagonismo y salir en los medios y es muy exagerado en sus declaraciones pero además no dice nada que todos los michoacanos no sepan.
Siempre repite lo mismo en la dizque conferencia del pueblo. Más que presidente parece payaso, con perdón de ellos, que quiere impresionar a los medios con sus declaraciones estúpidas, pero bueno, a veces hay que hacerlo, no me queda otro remedio. Aunque lo he dicho en entregas anteriores, tampoco es nuevo, que Michoacán está en manos de la delincuencia, que no existe el Estado de Derecho y que es un desastre en materia de seguridad.
Todo mundo sabe que la situación en la sierra sierra-nahua está de la chingada y que hay miles de desplazados que huyen de los madrazos, de las garras de los delincuentes, por eso se me hace que es muy ingenuo al pedirle al secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, que atienda la comisión de personas desplazadas que dejaron lo poco o mucho que tenían porque sus vidas corrían peligro. A torres Piña le valen madre, para él no existe personas desplazadas, mucho menos para las autoridades locales.
Quien dió la nota fue Evangelina Contreras Ceja, de la Organización de Desaparecidos de la Costa y Feminicidios en Michoacán, quien es luchadora social, madre buscadora de desaparecidos, y, además, visibiliza el desplazamiento forzado, reconoce que viven con terror al no ser reconocidos por la Secretaría de Gobierno del estado de Michoacán como víctimas, que se sienten indefensos ante el accionar el crimen organizado.
Y es que tiene razón, para Torres Piña no han desplazados, ni hay violencia. Por favor, no le levanten falsos a este funcionario inepto, no le pidan que haga su chamba porque es lo que menos hace, él anda haciendo su grilla para volver a ser candidato, de lo que sea, el chiste es seguir mamando de la ubre del presupuesto público, así que por favor no le pidan imposibles.
Está valiente mujer habló claro claro y fuerte, les quitan todo (los delincuentes) y no sólo eso, les queman sus viviendas y tienen que huir sin siquiera poder recoger sus documentos, pero todo esto ya lo he comentado en entregas anteriores en este mismo espacio y a la fecha el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla se hace el occiso.
La activista dió un dato preocupante, pues dijo que tienen documentado el desplazamiento obligado por los criminales de 150 familias, alrededor de 532 personas, que se suman a una lista de mil 385 más de comunidades como San Pedro Naranjestil, El Coíre, Cuilala de Hidalgo, La Palmita, El Saucito, Paso de los Gringos conocida como Los Parajes, El Portal y Caleta de Campos, pero faltan muchos casos por conocer porque no hay denuncias formales ante el temor de ser perseguidos por los delincuentes.
Lamentablemente las autoridades no quieren reconocer el problema y no admiten dichas cantidades de desplazados porque sería admitir que en el estado hay violencia.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela les solicitó el censo, las historias, pero hasta ahí quedó la cosa y su única respuesta es: «lo hablaremos después» y nunca más quiso volver a tocar el tema, denunció la madre buscadora.
Y qué lastima que todas estas historias y denuncias sean ignoradas por los tres órdenes de gobierno, no sólo en esa zona, también en Tierra Caliente y otras regiones, no se diga Apatzingán, que es una zona de guerra donde impera la impunidad morenista y un mal gobierno.
Pero también hay otro grave problema aparte del desplazamiento forzado, está el del reclutamiento en jóvenes por la delincuencia organizada.
Mire, me parece que lo único sensato que ha dicho este malquerido dirigente priista es apoyar la iniciativa para que la titulación de jóvenes universitarios sea gratuita en México, como una forma de reconocer su esfuerzo y de apoyar la economía de sus familias.
«Los michoacanos preferimos ver a nuestros jóvenes con títulos universitarios en foto de graduación y no reclutados por el crimen organizado para apuntar un rifle contra otro hermano mexicano, afirmó Evelio Segura Díaz, presidente de la Fundación Colosio en Michoacán, al acompañar la propuesta nacional del PRI de eliminar el cobro de titulación para jóvenes universitarios, como forma de reconocer el esfuerzo de las y los estudiantes. Por fin hubo algo de cordura en su retorcida mente.
Pero es verdad, se debe priorizar la inversión en la educación de los jóvenes, fortalecer los sistemas educativos, crear oportunidades de desarrollo profesional y ofrecer alternativas reales y atractivas que los alejen de la sombra del crimen.
La propuesta del diputado federal priista, Christian Castro Bello, busca brindar un alivio económico, además de reconocer también el esfuerzo familiar por buscar mejores condiciones de vida para sus hijas e hijos a través de la formación profesional, en un país como México, donde la deserción escolar aún es un fenómeno pendiente de atender.
Me pareció buena la iniciativa que presentó el diputado federal Mario Zamora Gastélum ante la Cámara de Diputados para que se reforme la Ley General de Educación Superior y la Ley Federal de Derechos, con el fin de garantizar la gratuidad en la expedición y registro del título profesional.
El priista dijo que el acceso a la educación superior debe ser un derecho y no un privilegio condicionado por razones económicas; así como que el título profesional es la clave para que miles de jóvenes puedan incorporarse al mercado laboral formal con mejores oportunidades.
Y es que tiene razón, muchos jóvenes, sobre todo los de bajos recursos económicos no pueden titularse por la falta de dinero y para y representa una barrera para egresados que, en muchos casos, dependen de becas o empleos de medio tiempo para financiar sus estudios.
La iniciativa propone que todas las instituciones de educación superior expidan los títulos en un plazo no mayor a 60 días hábiles y sin costo para los egresados. Asimismo, busca eliminar el cobro por el registro de títulos profesionales ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
