Falso que Carlos Maldonado esté en libertad (Columna Política «Bajo la Lupa»)

*FALSO QUE CARLOS MALDONADO ESTÉ EN LIBERTAD.
*¿PORQUÉ LOS EMPRESARIOS PRESUNTOS CÓMPLICES, NO?
*NO HAY PRUEBAS DE LAS CAMIONETAS: GARFIAS.
*MISCELÁNEA POLÍTICA.
Columna Política «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (17-III-2025).- Ahora la expectativa es si la autoridad persecutora del delito, logrará ejecutar las ordenes de aprehensión en contra de SILVANO AUREOLES CONEJO, JUAN BERNARDO CORONA MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO BERNAL BUSTAMANTE y GUILLERMO LOAIZA GÓMEZ, así como las de MARYSOL ANDRADE MORALES, KARLA IVONNE ALCANTAR TORRES y JOSUÉ ADRIÁN ORTIZ CALDERÓN, estas tres últimas que están en suspenso y no se sabe si producto de amparos o convenios reparatorios, pero que están ahí, latentes.

En este asunto, el pasado fin de semana, corrió la especie de que CARLOS MALDONADO MENDOZA ex secretario de finanzas y administración durante el gobierno de SILVANO AUREOLES, había obtenido su libertad, a consecuencia de que un juez de distrito le había otorgado una “suspensión provisional” en contra del auto de vinculación a proceso, así como una suspensión provisional en contra de la “incomunicación” en la que lo tenían las autoridades penitenciarias de la Ciudad de México.
Simple, consultando los estrados de los juzgados federales, podemos leer que JULIO VEREDÍN SENA VELÁZQUEZ, juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, otorgó a MALDONADO MENDOZA una suspensión de plano para efectos de que cese la incomunicación que, acusó, sufre al interior del penal varonil de Santa Martha Acatitla. Por otro lado, el mismo CARLOS MALDONADO MENDOZA, promovió un juicio de amparo, cuyo “acto reclamado” es el auto de vinculación a proceso que le decretó la jueza de control PATRICIA SÁNCHEZ NAVA, decretando que el incidente de suspensión relativo a la prisión preventiva justificada, se tramite por separado, pero en ninguna parte se lee que el quejoso MALDONADO MENDOZA pueda obtener su libertad aún.
¿PORQUÉ LOS EMPRESARIOS PRESUNTOS CÓMPLICES, NO?
En esta administración estatal, suceden cosas raras, pues claro que suena raro que, la empresa que presuntamente fue cómplice de SILVANO y sus funcionarios, en la presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de PECULADO, ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA y ASOCIACIÓN DELICTUOSA, no hayan sido acusados, al igual que los funcionarios, bajo el argumento de que hicieron la devolución de más de 900 millones de pesos a las arcas estatales, pues en un acto de verdadera justicia, debieron ser, al igual que sus presuntos cómplices, acusados y ya durante el tracto procesal, ofrecer la reparación del daño causado al patrimonio del estado y de la nación.
Reza el refrán popular: “Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata” y es que, para que un acto de corrupción se realice, se requiere de quien ofrezca realizar los actos de corrupción y de quien acepte realizarlos. En el presente caso, para que se ejecutara el delito, se ocupó de la empresa corruptora y del funcionario corrupto, solo que, en la esfera gubernamental, se decidió solo perseguir al funcionario corrupto y dejaron impune a la empresa corruptora, porque regresó parte del dinero mal habido.
Hasta donde ha trascendido en algunos círculos políticos y judiciales, varios de los imputados en este asunto, ofrecieron entregar fuertes cantidades de dinero, como “reparación del daño”, mediante la firma de “convenios resarcitorios”, solo que, las autoridades del estado y las federales involucradas, no lo han aceptado, empero, estos convenios podrán ser firmados ante la jueza de la causa, claro, de ser ofrecidos por los presuntos responsables, lo que podría ocurrir en el mes de junio, cuando ya se hayan resuelto los juicios de amparo tramitados por los inculpados. Ahora bien, la pregunta: ¿Por qué a los empresarios si y a los ex funcionarios no, si ambos tienen derecho?
NO HAY PRUEBAS DE LAS CAMIONETAS: GARFIAS.
¿Tiene facultades legales el gobernador del estado para hacer donaciones? Han de perdonar mi ignorancia en el tema, he revisado el cuerpo de las principales leyes de nuestro estado y no he encontrado ninguna facultad expresa para que el titular del poder ejecutivo estatal y sus funcionarios puedan hacer “donativos” a cargo del erario público, empero, de vez en cuando, se lee en los medios de comunicación que “donó” tal o cual cosa a instituciones educativas o de asistencia pública, en lo colectivo y en los individual, de manera que surge la pregunta: ¿Cuando el jefe del poder ejecutivo dona algo, comete un delito? Estoy seguro que si lo hace a título personal y con recursos propios, no hay infracción a las leyes.
Lo anterior viene a cuento, porque se ha hecho un escándalo mediático en razón de declaraciones del gobernador del estado FREDY RAMÍREZ BEDOLLA, denunciando que el ex gobernador SILVANO AUREOLES CONEJO “donó” 30 camionetas Pick Up a monseñor CARLOS GARFIAS MERLOS actual arzobispo de Morelia, infiriendo que se trató de un acto de corrupción, pues al parecer dichos vehículos fueron adquiridos por el gobierno del estado, para tareas de salud pública y fueron desviados para entregarlo a la Iglesia católica.
Hasta este domingo 16 de marzo, interrogado por los medios de comunicación, Monseñor GARFIAS se ha concretado a señalar que se trata de un asunto meramente mediático, pues hasta el momento, no ha recibido de algún requerimiento de parte de autoridad alguna, como tampoco ha sido notificado de que haya sido denunciado ante autoridad administrativa o penal por el presunto donativo.
Aceptando sin conceder, que el citado “donativo” haya sido cierto y que se haya realizado por el entonces gobernador del estado de manera irregular, ¿Era correcto, política y jurídicamente mediatizar el hecho? ¿Qué necesidad tenía el actual gobernador del estado FREDY RAMÍREZ BEDOLLA de abrir un frente de guerra más, ahora con la Iglesia católica? Por qué, si bien es cierto que la actual administración tiene la misión de enterrar en la cárcel al ex gobernador AUREOLES CONEJO, ¿Por qué llevarse “entre las patas” al arzobispo moreliano y a su iglesia?
Si hubiera suficiente y adecuada asesoría política en torno al jefe del poder ejecutivo estatal, le hubieran recomendado, tratar el asunto en lo privado con Monseñor GARFIAS y de ser cierto el donativo, gestionar amistosamente la devolución de los bienes muebles, evitando con ello, un frente de guerra más, como si al gobernador le hiciera falta con quien pelear, pues, si se trató de una donativo y hay constancia de ello, Monseñor GARFIAS MERLOS no cometió ningún delito al recibirlo, tenían la obligación legal y moral de creer en la buena fe del entonces gobernador del estado y demostrada la irregularidad, devolver los muebles y asunto terminado con la iglesia, que no con SILVANO y sus colaboradores.
Finalmente, habrá que estar atentos, pues a efecto de que el señor gobernador Don FREDY RAMÍREZ BEDOLLA no quede como un vulgar mentiroso, debe a la brevedad posible, hacer público que ya se depositó la denuncia penal respectiva, ante la Fiscalía General del Estado o en su caso, ante la Fiscalía General de la República, a efecto de que se deslinden responsabilidades administrativas y penales, para que se proceda a la recuperación de los bienes muebles señalados y se han ejercido las acciones penales y administrativas en contra de quien resulte responsable.
MISCELÁNEA POLÍTICA.
Como no hay legislación expresa que rija el proceso de elección del poder judicial, en el Instituto Electoral de Michoacán no saben aun, si la promoción que algunos actores políticos están realizando en torno a candidatos a cargos del poder judicial, estatal y federal, es un falta o no. Mientras no se llame a votar por tal o cual candidato, no hay falta, así que, ya lo saben señores candidatos, pueden hacer aquello que no esté legislado y como no hay legislación, pueden hacer lo que se les pegue la gana.
Y ya que hablamos del proceso electoral del poder judicial federal y de los estados, está muy claro que será una soberbia pachanga, al extremo que, según las autoridades del Instituto nacional Electoral, según datos recientes, más de 6.1 millones de ciudadanos han rechazado participar como funcionarios de casilla en el proceso de elección del Poder Judicial en México. Este proceso requiere aproximadamente 1.5 millones de funcionarios para operar más de 84 mil casillas, pero muchos ciudadanos han declinado por razones como la falta de remuneración, motivos laborales o sociales, inseguridad y dificultades para ser localizados en sus domicilios.
Pero además, por si usted no estaba enterado, los funcionarios de las 84 mil casillas que se instalarán, no serán quienes hagan el recuento de los votos, es decir, al termino de la elección y cerradas las casillas, no habrá las conocidas sábanas con los resultados de las casillas, pues los votos no se contarán en las casillas, por lo que, no habrán “conteos rápidos” ni mucho menos habrá el conocido “Programa de Resultados Electorales Preliminares” el famoso PREP, por lo que difícilmente se sabrá el mismo día quién ganó en dicha elección, además, resulta que los votos serán contados en los comités distritales electorales, después de cerradas las casillas y entregados los respectivos paquetes electorales.
Como se desprende de la anterior gráfica, los resultados de la elección se podrán saber por la ciudadanía hasta el día 15 de junio, 14 días después de realizada la elección y aquí vienen las dudas. Sin la participación ciudadana en el conteo de los votos ¿Habrá seguridad jurídica en sus resultados? Pero si en la seguridad jurídica hay serias dudas, en el resultado, ¿Quién asegurará que son los reales? No nos hagamos tontos, ganará quien el oficialismo quiera o decida.