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CDMX, 30 de octubre del 2024.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general la llamada “supremacía constitucional”, mediante la cual se modificaron los artículos 105 y 107 de la Carta Magna, para establecer la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas constitucionales, además de anular las controversias o acciones de inconstitucionalidad.
A través de una reserva, un sector del grupo parlamentario de Morena está tratando de suprimir de la iniciativa su polémico artículo segundo transitorio, el cual dispone que “los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el decreto”. Mediante dicho apartado, la ley se aplicaría de forma retroactiva y se anularían todas las inconformidades que se han presentado hasta la fecha contra la reforma al Poder Judicial de la Federación.
El dictamen fue avalado por 340 votos en favor, una abstención y 133 en contra, después de un debate de casi siete horas, durante el cual Morena y sus aliados subrayaron que sólo buscan llevar a la Carta Magna lo ya establecido en el artículo 61 de la Ley de Amparo, sin que ello signifique crear una “dictadura”, mientras que la oposición alertó que el dictamen implica la destrucción del estado de derecho y de los medios de defensa de los ciudadanos ante los abusos de poder.
Luego de que no se llevara a cabo la sesión solemne que estaba programada a las 10 AM para conmemorar los 50 años de la incorporación del estado de Baja California Sur a la federación, dio inicio la discusión sobre la reforma, cuyos términos fueron explicados a la asamblea por el morenista Leonel Godoy.
Durante una intervención que fue criticada por los partidos opositores, por considerar que se realizó en un tono “partidista”, en vez de institucional, el ex gobernador de Michoacán negó que con el dictamen se “desmonte el estado de derecho” o se atente contra la defensa de las garantías individuales.
En ese marco, aprovechó para enfatizar que el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá –mediante el cual se anularía la elección popular de jueces y magistrados— “es totalmente contrario a los supuestos del artículo 135 de la Constitución. Es una invasión de poderes y se arroga facultades legislativas”.
Por su parte, Lilia Aguilar (PT) denunció que “miente la derecha y sus rémoras” al señalar los posibles riesgos del dictamen, pues el juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad seguirán existiendo para defender a los ciudadanos “contra acciones de autoridad y las leyes generales”.
La oposición “viene a causar miedo diciendo que vamos a terminar con la propiedad privada, cuando son ellos los que quieren mantener el poder de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le han perdonado 63 mil millones de pesos a Ricardo Salinas Pliego”.
Regresión histórica: PAN
En sentido contrario, la panista Annia Sarahí Gómez Cárdenas subió a tribuna acompañada por el resto de los legisladores blanquiazules –quienes vistieron de negro y mostraron veladoras y lápidas de utilería, con las frases “estado de derecho” y “poder judicial”—para advertir que la “supremacía constitucional” significa la muerte de la república.
“Hoy, Morena está matando a la Constitución. En tan sólo ocho días pretenden redefinir el orden democrático, sin consultar a expertos ni académicos, y con un procedimiento legislativo plagado de vicios e inconsistencias. Estamos ante una regresión histórica, porque pretenden imponer la Ley de Herodes: o te sometes a Morena, o te jodes”, reclamó.
En ese mismo tono, cuestionó: “¿se les ocurrió la maravillosa idea de eliminar de la Constitución la última línea de defensa de los ciudadanos supuestamente para acabar con el ‘activismo judicial’ de la SCJN, cuando Morena tiene en sus filas a dos ex ministros que siguen cobrando una pensión?”
Por su parte, el emecista Sergio Gil Rullan lamentó que “este dictamen puede significar el fin de toda aspiración democrática para el país y el ingreso de México en una vergonzosa lista de regímenes totalitarios”, pues eventualmente abriría la puerta a ideas como permitir la reelección presidencial o regresar a un modelo de gobierno centralista y no federalista.
De su lado, el priísta Víctor Samuel Palma César puntualizó que “la omnipotencia de la mayoría destroza límites, avasalla y conduce por la vía de la democracia plebiscitaria, lo que rompe límites y contrapesos”.
Asimismo, recordó que el tema de la “supremacía constitucional” nunca le fue planteada a los electores en los comicios del pasado 2 de junio. “Ahora la sacan de manera sorpresiva, pero para colmo no lo es, porque es la supremacía de la mayoría. La ruta de las decisiones mayoritarias fue la que integró el fascismo en Italia y los que llevaron (al poder) al nazismo en Alemania”.
Tras la aprobación en lo general, se presentaron cerca de 300 reservas al dictamen, las cuales serán desahogadas en voz de 52 oradores.
Se espera que, una vez avalada en lo particular, la reforma se vote en las legislaturas estatales entre la noche de este miércoles y la madrugada del jueves.
Con información de La Jornada
