Procesan Diputados en 11 días Reforma Judicial Local (Columna Política «Bajo la Lupa»)

*¿PROCEDE O NO, AMPARO VS REFORMAS CONSTITUCIONALES?
*PROCESAN DIPUTADOS EN 11 DÍAS REFORMA JUDICIAL LOCAL.
Columna Política «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (21-X-2024).- Esta semana que recién terminó, en una de sus mañaneras, la presidenta de la república CLAUDIA SHEINBAUM PARDO se refirió a la resolución de un incidente de incumplimiento de suspensión, dictada por una jueza de distrito del estado de Veracruz, en la que se le ordena a la jefa del pode ejecutivo y al director del Diario Oficial de la Federación, se cancele la publicación en el DOF del decreto que contiene reformas a diversos ordenamientos de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial.

La presidenta SHEINBAUM PARDO hizo público su desacuerdo, con la resolución dictada por la jueza de distrito, dentro de un juicio de amparo promovido por ciudadanos mexicanos, en contra de la reforma judicial promovida por el entonces presidente de la república AMLO y aprobada por las cámaras de diputados y senadores, así como más de 17 estados de la república, de manera que en su mañanera espetó, que no obedecerá lo ordenado por la juez, pues dijo que “el pueblo de México” está por encima de una resolución de un juez.
La señora presidenta sabrá mucho de física, de energía y anexas, pero de derecho no tiene muchos conocimientos, más que el común de una persona con estudios, empero, desde su desempeño como jefa de gobierno de la Ciudad de México y ahora como presidenta de la república, tiene sus asesores jurídicos, entre los que hoy destacan, su consejera jurídica, la señora ERNESTINA GODOY y su coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia ARTURO ZALDIVAR LELO DE LAREA, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aquí es donde vale la pena recordar, que cuando se dieron las reformas constitucionales llamadas “Reformas estructurales, pacto por México” cuando el ministro entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que, era obligación de la corte revisar las reformas constitucionales, pues argumentó que ¿si al constituyente permanente se le ocurría implantar la tortura, la pena de muerte y otros delitos ya proscritos en nuestra carta magna, no habría quien les pusiera un alto?
Como no recordar el texto de una demanda de amparo interpuesta en junio del 2014 por ERNESTINA GODOY RAMOS, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, DAVID MONREAL ÁVILA, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN y MANUEL BARLETT DÍAZ, quienes, en su carácter de senadores de la república, señalaron en el texto de su demanda de amparo lo siguiente:
“Reclamamos la inconstitucionalidad del artículo 61 Fracción I de la Ley de Amparo, porque esa norma, trastoca entre otros, derechos fundamentales contemplados en el artículo 17 de la Constitución. La Ley de Amparo estableció que el Juicio de Amparo es improcedente cuando se reclaman reformas y adiciones constitucionales.
La disposición es inconstitucional porque el Constituyente Permanente es un poder u órgano revisor de la Constitución derivado y no originario. En ese sentido, como poder derivado de la Constitución, está totalmente sujeto a la Constitución y no puede trastocar los principios básicos contemplados en ella.
El procedimiento de reforma a la Constitución previsto en el artículo 135 de la Carta Magna, no le faculta al llamado Constituyente Permanente a realizar cualquier cambio constitucional. Las modificaciones o adiciones a la Carta Magna deben respetar siempre el núcleo básico de la constitución sin que se alteren sus principios para destruirlos.”
Es claro, finalmente decir, que la actitud de desacato asumida por la señora presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, sumerge al estado mexicano en lo que se conoce como una crisis constitucional, ante lo inválido de su argumento, ya que afirma que el pueblo de México ordeno esta reforma el día que votó por ella y los candidatos de la 4T, empero, hay que subrayar que México tiene al derredor de 130 millones de mexicanos, de los cuales, solo votaron menos de la mitad, algo así como 60 millones y por ella y sus cuate de Morena, casi 36 millones de ciudadanos. ¿De veras, es mayoría? Casi 95 millones de mexicano no votaron por ella. ¿Cuál orden?
PROCESAN DIPUTADOS EN 11 DÍAS REFORMA JUDICIAL LOCAL.
Para “taparle el ojo al macho” en el congreso del estado de Michoacán, el pasado 18 de octubre, se celebró un foro denominado “Retos y Alcances de la Reforma al Poder Judicial en el Estado de Michoacán,” mismo que fue organizado por la diputada local plurinominal FABIOLA ALANIS SÁMANO, en su calidad de presidenta de la junta de coordinación política y a la vez, coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en la 76 legislatura al congreso del estado.
El evento citado, se realizó, como parte de la discusión al interior del congreso michoacano, de la Reforma al Poder Judicial de Michoacán, enviada por el jefe del poder ejecutivo estatal FREDY RAMÍREZ BEDOLLA y turnada al pleno legislativo el pasado 10 de octubre, pleno que turnó la referida iniciativa, a las comisiones unidas de Justicia, Puntos Constitucionales y Asuntos Electorales, a efecto de dictaminarla, lo que hicieron en tiempo récord, ya que dicho dictamen, será discutido en el pleno, este lunes 21 de octubre, en sesión extraordinaria del congreso, citada para las 08:00 horas.
No pasa desapercibido, que en la celebración del citado “Foro”, no se convocó a ninguna fuerza política opositora ni a expertos en derecho constitucional que los hay en el estado, pero que guardan independencia con el partido en el poder y el oficialismo en general, por el contrario, solo se escuchó la voz de abogados identificados con le oficialismo, particularmente un magistrado en retiro LUIS RUBÉN PUEBLA CALDERÓN y un consejero judicial VÍCTOR LENIN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.
¿Y cómo va a pasar desapercibida la participación en ese foro de PUEBLA CALDERÓN? Claro que no. Y no por sus aportaciones al derecho o a su experiencia constitucional adquirida en el ejercicio de la judicatura en el cargo de magistrado, cargo del que se retiró en el 2015, con todos los haberes y prestaciones que los magistrados se asignaron, porque, PUEBLA CALDERÓN alabó la elección popular de jueces y magistrados e insistió en la democratización del poder judicial como forma de acabar con privilegios y la corrupción.
Sin embargo, el señor magistrado en retiro no dijo al público oyente, que él es de los privilegiados que reciben más de 250 mil pesos al mes entre pensiones, sueldos y haberes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, es decir, 50 mil pesos del IMSS, 112 mil pesos de salario que le sigue pagando el STJEM a pesar de estar retirado y cerca de 100 mil pesos que le entrega la dirección de pensiones civiles del estado. ¡Nomáaas!, ¡ha! Pero pregunte en los pasillos del tribunal, ¿cuál es la opinión que se tiene de PUEBLA CALDERÓN cuando fue titular de la Tercera sala Civil? El más incapaz e ignorante magistrado que ha habido en el STJEM y así fue de opinador al “Foro”.
Del señor consejero del poder judicial VÍCTOR LENIN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, al que teníamos como un estudioso del derecho, pues resultó que el interés que tiene por ser “Magistrado por Elección” el próximo año es tal, que no le importó decir algunos exabruptos legales en el foro y también pronunciarse por la “Democratización del poder judicial”, pero, además, uno de sus herederos goza de una buena beca en un tribunal, donde se prepara para ejercer un cargo judicial, razón suficiente para congraciarse con el oficialismo y decir lo que dijo, sin estar convencido de ello.
Pero si lo del citado “Foro” fue solo una vacilada, qué decir del proceso legislativo seguido por los diputados para esta iniciativa, la que como ya se dijo, se desahogará en solo 11 días, pues la señora diputada y presidenta de la comisión de puntos constitucionales del congreso EMMA RIVERA CAMACHO espetó que, no hubo prisa para agotar el proceso legislativo, pues dijo, el tema tiene meses en discusión, de manera que está suficientemente discutido., agregando que, en el dictamen no se le hizo ninguna modificación y que tampoco creyeron necesario tomar en cuenta las sugerencias de los miembros del poder judicial o de sectores opositores.
Y es que, en la versión michoacana de la multicitada reforma al poder judicial, se incluyó la instauración de un “Comité Estatal de Evaluación”, en el que se le da la potestad al gobernador del estado, de hacer propuestas de candidatos a jueces y magistrados, potestad que en la reforma federal no se incluye para que la ejerza la presidenta de la república, lo que explica mayores inconformidades de sectores opositores a dicha reforma, opositores que no son partidos políticos o similares, sino actores de la sociedad civil o de la comunidad jurídica.
Por cierto, ante la inminente aplicación de la reforma al poder judicial, mediante la cual prácticamente retiran a magistrados y jueces locales, el actual presidente del poder judicial no quiere desaprovechar el momento para incluirse, aun cuando no le es aplicable, por ser magistrado vitalicio, en beneficios que solo deberían ser aplicados a magistrados electos bajo el sistema de periodo de 15 años, particularmente al haber por retiro, lo cual significa un abuso, ya que significaría que aparte de que gozará de una pensión vitalicia por ser magistrado electo en el anterior régimen, se pretende incluir en los beneficios de los electos solo para 15 años. Para ello, propuso y se aprobó en el consejo del poder judicial, que con independencia de su condición jurídica se les otorgue ese beneficio.