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Columna Política «El Francotirador», Por José Cruz Delgado (06-XII-2023).- Por hacer las cosas mal y violar leyes, el Juzgado Séptimo de Distrito ordenó al Congreso de Michoacán de Ocampo dejar sin efectos el decreto 461, a través del cual se dio el nombramiento de Marco Antonio Bravo Pantoja como Auditor Superior de Michoacán.
Sin duda es un revés para el Poder Legislativo y para las y los legisladores que, desoyendo los mandatos judiciales y violando las leyes, hicieron las cosas con las patas en el nombramiento de Bravo Pantoja, compadre del gobernador Ramírez Bedolla, y ahora tendrán que pagar las consecuencias.
Dice el presidente del PRD, Octavio Ocampo, que la justicia da la razón al revocar el nombramiento del recién nombrado Auditor Superior, pues
el Congreso local procedió de forma irregular y fuera de la Ley desde que se generó la separación del cargo del anterior Auditor, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda y posteriormente el nombramiento de Marco Antonio Bravo Pantoja, en donde es importante recordar que la votación de algunas legisladoras y legisladores fue muy cuestionada, sobre toda la de los panistas.
Así pues, la justicia deja sin efecto el nombramiento que hizo el Legislativo, les corrigen y les exhiben lo que hicieron mal, como dice el perredista.
Bajo el número de expediente 740/2023, el Juez Séptimo de Distrito resolvió a favor del ex auditor superior Miguel Ángel Aguirre Abellaneda para que el Congreso del estado en un plazo de 24 horas de cumplimiento a esta resolución, de lo contrario
será denunciado ante el ministerio público de la Federación.
De esta manera, el ex auditor, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, le gana un round a la Legislatura local, quien vía amparo, fue impugnado dicho nombramiento.
Por lo pronto, Marco Antonio Bravo Pantoja no podrá seguir en el cargo ni siquiera como encargado del despacho mientras
se determina si se repone el proceso o no.
Efectivamente, la ley señala una sanción de tres a nueve años de prisión cuando no se obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, y cuando haya mala fe o negligencia, incluso podrían las y los legisladores perder el fuero, o sea, destruirlos del cargo, y todo por agachones y serviles para quedar bien con el nefasto gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
