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Morelia, Mich; a 15 de agosto del 2023.- De corrupción y complicidad en daño al erario público, denunciaron a los integrantes del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, de quienes también se asegura se prestan a simulaciones para adquirir bienes y contratar obra de manera directa.
De acuerdo a lo señalado por agraviados, cuyos nombres nos reservamos por su seguridad, y quienes, al mismo tiempo, se han visto afectados de manera directa por los actos señalados, dijeron que, desde que la Secretaría de Administración tiene como encargado a Javier Alcántar Hernández, éste ha venido dando línea a los consejeros del Poder Judicial, con estrategias bien planificadas dentro de las licitaciones públicas, para al final terminar en adjudicaciones directas en beneficio de los amigos del encargado del área administrativa.
A dichos actos de corrupción con recurso público destinado para obra y adquisiciones, acusaron, se ha prestado el Consejo del Poder desde donde se han aprobado y lanzado diversas convocatorias tanto de adquisiciones como de obra pública, en las que se establecen requisitos que van más allá de los que establece la normatividad, con la intención de declarar desiertas las mismas.
Agregaron que en un primer momento solicitan unos requisitos, y al declarar desierta la convocatoria emiten fallos que no se apegan a la normatividad, no conforme con ello, a fin de limitar la participación de los licitantes agregan nuevos requisitos en una segunda convocatoria, aun y cuando la Ley de Adquisiciones, la Ley de Obra y su propio reglamento lo prohíben, por lo que se refleja una operación bien armada y controlada por el secretario Javier Alcantar Hernández y contralor con licencia del Poder Judicial del Estado, quien tiene como empleado, bajo consentimiento del Consejo del Poder Judicial, a Ramsés Sandoval, supuesto encargado del Órgano Interno, y el resto del personal de la Contraloría Interna, quienes avalan sus actos de corrupción, limitándose a responder, “sí señor secretario, lo que usted ordene”.
De acuerdo a información consultada por este medio, y que es de carácter pública, se observa que entre 2022 y 2023 suman nueve las licitaciones que ha lanzado el Poder Judicial para la adquisición de diversos materiales, de la cuales la mayoría se han declarado desiertas, tanto en primera como en segunda convocatoria, con el argumento de que se ha rebasado el importe autorizado por la convocante, quienes no actualizan costos de manera dolosa, sin embargo, en su mayoría no se exponen los motivos de tal decisión, con lo que se violenta su normatividad interna , al no establecer en las actas de fallo las razones por las cuales no se cumplió con los requisitos.
A decir de los denunciantes, el encargado de la Secretaría ejerce el recurso público y, a través de sus subordinados, presiona para que no se realicen observaciones al actuar de dicho servidor público. Por lo que advirtieron, que al permitir la actuación de actos de corrupción de quien se desempeña como secretario de Administración y ejerce funciones de contralor interno, traerán consigo consecuencias legales para los responsables cuando se realicen auditorías externas por la Auditoría Superior de Michoacán o la Auditoria Superior de la Federación, y eso, se les escapa a los integrantes del Consejo del Poder Judicial, quienes de manera directa consienten actos de corrupción cometidos por Javier Alcántar Hernández.
Tal situación la consideraron un engaño para los licitantes que de manera ingenua atienden la convocatoria, cuando lo solicitado ya se encuentra comprometido.
Es de señalar que los casos más evidentes y que representan una mayor cuantía, son relativos a obra pública, ya que a la fecha se han lanzado tres convocatorias, dos para Jiquilpan y uno para Morelia, de las cuales en el acta de notificación de fallo, en ninguna se exponen cuáles fueron las razones por las que no fueron viables las propuestas de los cinco participantes.
Por último, los afectados lamentaron la permisividad que evidencian los consejeros del Poder Judicial, al ser omisos ante el hecho de que Javier Alcántar, encargado de la Secretaría de Administración realice funciones para ejercer el recurso, y sea, a su vez, el titular del Órgano Interno de Control, mismo que maneja las dos áreas dentro del Poder Judicial, circunstancia que facilita la complicidad que puede derivar en responsabilidades hasta de carácter penal, al contribuir a que se cause daño al erario público, ante el mal uso de recursos públicos y el posible conflicto de interés.
