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*Morelia, Michoacán, 30 de mayo de 2023.- (341/23). El coordinador del Grupo Parlamentario del PT en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, presentó una iniciativa para fortalecer la defensa de los derechos humanos en las políticas de seguridad pública con el fin de evitar abusos en la previsión, combate y persecución de los delitos en el estado.
Durante la exposición de motivos, comentó que para el Partido del Trabajo en Michoacán es fundamental recuperar la seguridad y la paz para restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones de prevención y persecución del delito.
Reyes Galindo, se pronunció porque la procuración y administración de justicia se apegue a las leyes y el diseño de políticas públicas en donde la dignidad humana sea una prioridad institucional.
Ante esta situación, el legislador michoacano propuso reformar el artículo 18 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, para que el Consejo Estatal de Seguridad Pública quede integrado por el titular del Poder Ejecutivo, el Secretario de Seguridad Pública, el Fiscal General del Estado, el Secretario de Gobierno, un Diputado electo por el Congreso, un Magistrado electo por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, un Consejero electo por el Pleno del Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, los Presidentes de los consejos intermunicipales y cuatro representantes del Consejo de Participación Ciudadana.
“En lo que concierne al diseño e implementación de la política criminal está debe basarse en buena medida en el análisis de experiencias anteriores donde la crítica y la autocrítica sean la columna vertebral de la integración de la estrategia para la recomposición de la paz y el orden público”, expuso.
Finalmente, consideró que el respeto a los derechos humanos, debe ser un principio rector en las actuaciones de las corporaciones policiacas, para ello los distintos órdenes de gobierno deben integrar sus cuerpos de seguridad pública con elementos debidamente profesionalizados, para desempeño de sus funciones sin vulnerar los derechos humanos.
