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17 de marzo del 2023.- La Corte Penal Internacional ha emitido este viernes una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, bajo la presunción de crimen de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso.
El tribunal también ha emitido una orden de arresto por el mismo motivo contra la comisaria presidencial de los derechos humanos de la Infancia de la federación Rusa, Maria Alekseievna Lvova-Belova, según consta en un comunicado. Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, por lo que no es miembro de este tribunal, como tampoco lo es Ucrania, pero Kiev sí ha autorizado a la Corte a investigar la comisión de crímenes de guerra durante la conocida como «operación militar especial» rusa en Ucrania.
La CPI identificó en su petición de orden de detención la deportación a Rusia de “al menos cientos de niños sacados de orfanatos y hogares de cuidado infantil” ucranianos, en el contexto de “actos de agresión” del Ejército ruso contra Ucrania.
La Haya entiende que hay «motivos razonables» para creer que Putin «tiene responsabilidad penal individual» por estos delitos, bien por su comisión «directa» o por haber sido incapaz de «ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos».
Según una investigación periodística de la Unión Europea de Radifusión en la que participó RTVE, Lvova-Belova está en el centro del secuestro de centenares de niños ucranianos que fueron trasladados de forma forzosa a Rusia desde los territorios ocupados por las tropas del Kremlin.
Rusia resta importancia y dice que no tiene validez
La orden de arrestro se produce un día después de que la ONU concluyera que Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania, entre ellos violaciones, torturas, deportaciones de niños, asesinatos y ataques a civiles. Para la Comisión Internacional Independiente, se trata de ataques «indiscriminados y desproporcionados» del Kremlin contra objetivos ucranianos.
Rusia niega que haya cometido ningún crimen de este tipo, rechaza cualquier acusación de atrocidades y ataques a infraestructuras civiles y, de hecho, considera que la decisión de la Corte no tiene importancia alguna. «Las posibles ‘prescripciones’ de arresto que salgan del Tribunal Internacional serán para nosotros jurídicamente nulas», ha dicho la portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova, en su canal de Telegram.
La diplomática ha indicado que «Rusia no es partícipe del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional», por lo que, al respecto, «no tiene obligaciones». En la misma línea, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha tachado la orden de «indignante» e «inadmisible». «Rusia, como otros países, no reconoce la jurisdicción de ese tribunal, por lo que cualquier decisión de ese tipo es para Rusia insignificante desde el punto de vista del derecho», ha dicho, según la agencia RIA Nóvosti.
Al respecto, Lvova-Belova se ha congratulado este viernes de que la comunidad internacional aprecie la labor que Rusia hace para que los niños no permanezcan en zonas de guerra y crear para ellos «buenas condiciones de vida». «Hubo sanciones de todos los países, incluso de Japón, contra mí. Ahora, una orden de arresto. Interesante qué vendrá después. Seguimos trabajando», ha dicho a la prensa local.
En octubre pasado la funcionaria admitió que unos 350 huérfanos ucranianos habían sido acogidos por familias rusas. Mientras, el subjefe del comité internacional del Senado ruso, Vladímir Dzhabárov, ha calificado de «criminales» a los miembros del tribunal de La Haya y ha abogado por la liquidación de la corte.
Ucrania agradece el gesto
Por su parte, Kiev ha culpado a Rusia de deportar a miles de menores durante la guerra. Los niños habrían sido adoptados por familias rusas, alojados en campamentos y orfanatos rusos, reciben pasaportes rusos y son educados para rechazar la nacionalidad ucraniana, según Ucrania. En este sentido, el fiscal general ucraniano, Andriy Kostin, ha agradecido la orden y ha recordado que la justicia ucraniana está investigando la deportación forzosa a Rusia de más de 16.000 niños de territorios ocupados por Moscú.
“Tememos que los números reales sean mucho más altos”, ha dicho el fiscal general ucraniano en Twiiter, que ha explicado también que las autoridades de Kiev han compartido con La Haya más de 40 volúmenes y un millar de páginas de pruebas que documentan estos casos.
Kostin ha dicho que la orden obliga a los países que forman parte del tribunal a detener y entregar al presidente ruso a la CPI. “Los líderes del mundo deben pensárselo dos veces antes de darle la mano o sentarse con Putin”, remacha el fiscal ucraniano. Pese a ello, la CPI no tiene fuerza policial propia u otras formas de hacer cumplir las detenciones que no sea la de los propios miembros.
La orden de arresto, la primera en la historia que la CPI dictada contra el presidente de un país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, llega después de que el pasado lunes el organismo anunciara que tenía previsto abrir las primeras causas contra Rusia por estos crímenes y que solicitaría la detención de varias personas. El jueves la ONU también acusó a Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania como asesinatos, violaciones, torturas y deportaciones de niños. La organización asegura en un informe que tiene suficientes evidencias de las violaciones de derechos humanos cometidas por las tropas rusas en Ucrania.
Con información de RTVE
