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«La Columna», Por José Cruz Delgado (09-I-2023).- En la capital michoacana se puso en marcha la unidad de Búsqueda Temprana de personas desaparecidas. Ante el repunte de personas desaparecidas, autoridades municipales colaborarán con la Fiscalía General del Estado.
La unidad de Búsqueda Temprana contará con 10 elementos de la Policía Morelia, capacitados en protocolo, manejo informático, leyes federales y derechos humanos en coordinación con los elementos de investigación de la Fiscalía.
Hasta ahora suman más de 4 mil 533 registros de personas desaparecidas en las distintas regiones del estado de Michoacán.
Información de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas revela que se recibieron un total de mil 173 reportes de desaparecidos desde julio del 2019 a septiembre del 2022.
Los focos en materia de desaparición se siguen encendiendo en distintas regiones del estado. La falta de denuncias en muchos casos ha silenciado a familias mutiladas por una de las caras más duras de la violencia provocada principalmente por el crimen organizado.
Como urgente ven la necesidad de atender la violencia física y sexual que viven las mujeres migrantes en territorio nacional. Acusan agresiones que van desde violaciones sistemáticas incluso han sido normalizadas desde hace más de dos décadas ante la omisión de los gobiernos de al menos 3 países, incluyendo México.
La doctora Elvia Higuera Pérez, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, señaló lo que consideró como uno los aspectos más crudos del fenómeno migratorio y que a pesar del impacto social y directo a la vida de miles de mujeres, la impunidad, el silencio y la omisión han perpetuado la violencia.
El grado de violencia alcanzó tal magnitud de normalización que las recomendaciones entre migrantes deriva en que las mujeres se apliquen inyecciones anticonceptivas antes de partir de sus comunidades, a sabiendas que en el camino serán abusadas más de una vez.
La también especialista en defensa de derechos humanos lamentó que las mujeres centroamericanas sean abusadas casi por sistema en su paso por diferentes regiones; en un primer momento por los grupos de Maras Salvatrucha en El Salvador, posteriormente se tienen que enfrentar a los grupos delincuenciales del centro y sur del país, para finalmente tener que ceder su cuerpo en muchos casos a traficantes de personas y autoridades migratorias en la frontera norte del país a cambio de conseguir un pasaje para cruzar hacia los Estados Unidos de América.
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