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16 Diciembre 2022 Migrantes y refugiados
Millones de personas abandonan sus países cada año con programas de migración laboral temporal que prometen beneficios tanto para las naciones de destino como para las de origen, pero muchas veces esos planes de empleo imponen restricciones inaceptables a los derechos humanos, alerta un informe difundido en vísperas de la jornada dedicada a las personas que migran.
Nadie debería tener que renunciar a su derecho a migrar para encontrar un salario digno, señaló este viernes la Oficina de Derechos Humanos, que destacó la importancia de los programas de trabajo migratorio temporal.
En un informe publicado en vísperas del Día Internacional del Migrante, celebrado cada 18 de diciembre, la Oficina evaluó los esquemas en operación en la región de Asia-Pacífico, por ser la que produce más migrantes en el mundo.
“Los trabajadores migrantes a menudo son deshumanizados”, observó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, recordando que “son seres humanos con derecho a las garantías fundamentales y a la plena protección de su dignidad humana”.
Promesas engañosas
Cada año, millones de personas abandonan sus países con programas de migración laboral temporal que prometen beneficios económicos para los países de destino y dividendos de desarrollo para los países de origen.
Sin embargo, en muchos casos, los planes de trabajo temporal imponen una serie de restricciones inaceptables a los derechos humanos.
El informe destaca cómo los trabajadores migrantes a menudo se ven obligados a habitar viviendas superpobladas e insalubres, sin poder pagar alimentos nutritivos, sin atención médica adecuada y soportando una separación prolongada y, a veces, obligatoria de sus familias.
Además, las políticas que los excluyen del apoyo gubernamental en algunos países, los exponen a un riesgo desproporcionado de infección por COVID-19, apunta.
“No se debe esperar que renuncien a sus derechos a cambio de poder migrar por trabajo, por crucial que sea para ellos y sus familias, y para las economías de sus países de origen y destino”, subrayó Türk.
OIT
Permiso para casarse
El informe cita el ejemplo de un Estado del que no divulga el nombre, en el que se requiere permiso del gobierno para casarse con ciudadanos o residentes permanentes.
En otro, ciertas “zonas familiares” no permiten alquilar viviendas a migrantes temporales puesto que los trabajadores no pueden migrar con sus familias.
Además, hay esquemas estacionales que cuentan con que los migrantes trabajen los sábados y domingos, dejándolos sin tiempo para asistir a servicios religiosos.
Por su parte, los trabajadores domésticos migrantes en ciertos Estados son amenazados con el despido si rezan o ayunan mientras trabajan.
Algunos empleados migrantes de la construcción informan que reciben atención médica deficiente en las clínicas proporcionadas por sus empleadores.
Los Estados son garantes de los derechos humanos
“Las medidas que restringen los derechos humanos no pueden justificarse argumentando que el estatus migratorio es temporal, ni los Estados pueden delegar en los empleadores y otros actores privados su obligación como garantes de los derechos humanos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares”, resaltó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Türk agregó que los Estados deben implementar políticas de migración laboral integrales y basadas en los derechos humanos a lo largo de los corredores migratorios en y desde Asia y el Pacífico “como una alternativa a los programas temporales restrictivos y, en algunos casos, explotadores”.
Migrantes desaparecidos
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos conminó a los Estados a redoblar los esfuerzos para atender el alto riesgo de desaparición forzada que corren los migrantes en su ruta hacia el país de destino, al igual que las desapariciones ya ocurridas.
“Se necesita urgentemente una coordinación efectiva y sistemática entre los países a lo largo de las rutas migratorias”, dijeron en un comunicado.
Los expertos citaron cálculos de la Organización Internacional para las Migraciones que cifran en más de 35.000 los migrantes muertos o desaparecidos desde 2014.
Agentes del Estado
Asimismo, destacaron que no existen números exactos sobre la proporción de desapariciones forzadas en casos que involucran a agentes del Estado o personas que actúan con la autorización, apoyo o aquiescencia de los países, aunque la información indica que la mayoría de las desapariciones ocurren durante procesos de detención o deportación o por tráfico o trata de migrantes.
“La asistencia y la cooperación son clave para encontrar a los migrantes desaparecidos, investigar sus desapariciones, acompañar a sus familiares durante estos procesos, así como para proteger y prevenir este atroz crimen”, apuntaron los expertos, recalcando la necesidad de “interconectar los datos con los sistemas de información”.
Argumentaron que las políticas rígidas de gestión de fronteras y migración de los Estados son responsables de muchas desapariciones, mencionando las que incluyen coberturas generales de entrada; criminalización de la migración; y el uso obligatorio, automático o extensivo de la detención migratoria; al igual que las expulsiones arbitrarias.
“Estos factores alientan a los migrantes a tomar rutas más peligrosas, a poner su vida en manos de traficantes y a exponerse a un mayor riesgo de violaciones de derechos humanos y desaparición forzada”, puntualizaron.
