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Columna Política «Diputado 501», Por Antonio TENORIO ADAME (22-VIII-2022).- A dos semanas del IV Informe del Presidente, la crisis humanitaria tocó fondo. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas informó ante la Comisión de la verdad y acceso a la justicia del caso Ayotzinapa que los 43 estudiantes desaparecidos fueron víctimas de un crimen de Estado. El México bárbaro irrumpió esta vez desde el Estado mismo.
POR LA AFIRMATIVA
La verdad revelada será incluida en el IV Informe de Gobierno, ¿para qué?. La decisión está en manos de Andrés Manuel, quien se enfrenta al deslinde entre razón y crimen de Estado.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos añadió que todos los testimonios acreditan que los jóvenes fueron ‘arteramente’ ultimados y desaparecidos. «No hay indicios de que estén con vida», expuso.
La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal «Isidro Burgos» de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y de diversas instituciones del Estado mexicano.
El presidente Andrés Manuel López Obrador rendirá el IV Informe del Estado que guarda la Nación para dar cumplimiento a la Constitución, a pesar de que en las mañaneras abunda en relatos y comentarios al respecto; el requisito establecido en la Suprema Ley lo responsabiliza de su cumplimiento.
También ha señalado el día 16 de septiembre para informar sobre las condiciones que guarda la relación comercial derivada de la firma del TMEC, lo que llevará a tomar una posición con respecto a las demandas de los otros firmantes del Tratado que señalan a su gobierno de prácticas monopólicas en la política energética.
Ambas noticias son estremecedoras, señalan la magnitud de la realidad que vive (o sufre) el país, a la vez que es indicativa de la relación entre poderes, en particular el Poder Legislativo, a quien corresponde la primacía de ser informado por escrito como un reconocimiento a la representación de la soberanía de la Nación.
La tarde del viernes 19 fue detenido Jesús Murillo Karam, ex procurador de la República, además se giró orden de aprehensión contra 83 mandos militares y personal de tropa en Iguala, autoridades de Guerrero, policías estatales y municipales, además de 4 miembros del Grupo Guerreros Unidos, vinculados al caso Ayotzinapa.
En el ambiente flotan preguntas que deberían responderse desde la tribuna del Congreso. El Poder Legislativo es un poder originario y representativo de la soberanía de la Nación, por eso le corresponde ser un poder primordial; el Presidente tiene el deber de reconocer el rango de supremacía del Congreso, por lo cual debería acudir a él en persona, a dar respuestas a las siguientes preguntas:
¿Quién puede desaparecer 43 cadáveres sin dejar rastros frente al ejército y policías municipales de varios municipios?
¿Quién pudo inventar el móvil de molestar un acto de la presidenta del DIF municipal y que lo repitiera el Procurador General de la República y los tres órdenes de gobierno?
El responsable debió tener el poder para crear esa verdad oficial absurda, montar pruebas, alterar escenas del crimen, etc.
¿Por qué se agredió hasta la desaparición a 43 estudiantes de la normal rural?
Los antecedentes se remontan a su fundación en 1922 en Tacámbaro, Michoacán, después fueron fortalecidas en el régimen de Lázaro Cárdenas en 1934, para dar cumplimiento a las demandas campesinas de justicia social y de reparto agrario; sin embargo, sufrieron un asedio permanente, en especial en 1941, siendo recrudecido a partir de Ruiz Cortines, 1952-1958, con mayor rigor en el bienio 1968-1969.
Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas adquieren relevancia, como fue el importante papel de las misiones culturales, las escuelas regionales campesinas y las normales rurales en la difusión y promoción de las reformas desde los años previos a 1934: “La escuela normal rural preparó a los maestros para la realización del trabajo social que sería fomentado en el transcurso del cardenismo y quedaría como parte de la escuela mexicana, aún después del aniquilamiento de la educación socialista”.
Así las normales rurales, tanto en su organización como en su pedagogía, reflejaban las ideas del nuevo orden revolucionario. Era significativo que algunas normales fueran establecidas en antiguas haciendas. El paradigma de la reivindicación revolucionaria se erigió sobre las ruinas de su opresor.
Diversas autoridades de todos los niveles mantuvieron en condiciones marginales a las normales rurales, donde se gestó un sentido de la revolución mexicana, proveniente a la vez de las formas de vida dentro de sus comunidades, sin ser comprendidas, e incluso se les adjudicó una conducta recesiva, radical, explosiva, propensa a los desórdenes y actos de violencia. No faltó quien pensó y llevó a cabo las clausuras de algunas de ellas; a otras se pretendió ahogarlas cerrándoles el presupuesto, y sin embargo fallaron en su intención de destruirlas.
Las normales rurales son más que un sistema de enseñanza marginal y excluida, se trata de una prolongación a las formas de vida comunitaria de los pueblos originarios, es el último eslabón de la revolución mexicana, cuyos vestigios han resistido a la demolición de la identidad de la nación mexicana.
PARA EFECTOS CONSTITUCIONALES
El problema que enfrenta la 4T va más allá de resolver el anhelo de fortalecer la enseñanza del normales rurales; por cierto, no se ha ofertado nada al respecto como se desprende de los discursos oficiales de la toma de posesión de la nueva secretaria de Educación, maestra Leticia Ramírez, así es de esperar se siga ignorando a las formas comunitarias aún vigentes en nuestra nación.
El problema fundamental es la falta de comprensión acerca de la educación no se reduce a la escuela, sino es razón y objeto de la sociedad en la que se aplica, de tal modo que en el caso de la educación de las normales rurales mantienen viva la expresión de sus comunidades de donde se proyecta el conocimiento que retorna a darle más fortaleza a la existencia comunitaria. El México invisible que no se comprende como parte de la nación y de los presupuestos.
Poco o nada hay que esperar de las políticas públicas de la administración federal con pretensión de transformar a la Nación sino se considera la educación normal rural.
El deber es evitar que la sociedades comunitarias sigan siendo invisibles. Sería una gran pena fracasar de nueva cuenta.
