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Morelia, Mich., 25 de enero del 2022.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Fidel Calderón Torreblanca, y la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara local de diputados, Adriana Hernández Iñiguez, mienten, porque frente al reclamo de los ex trabajadores de la legislatura anterior por el pago de finiquitos conforme al convenio, aprobado en julio pasado por la directiva anterior, aseguraron que no existen tales acuerdos. Hoy presentamos dos muestras de esos pactos, que al ser ofrecidos por el patrón a sus empleados adquieren el carácter de legales, porque favorecen a la parte más débil de la relación laboral, tal como lo mandata la norma correspondiente.
Diversos legisladores que cumplieron su gestión el 15 de septiembre pasado, entre ellos Antonio Soto Sánchez, del PRD, y Javier Estrada Cárdenas, del PAN, han declarado que en julio del 2021 se reunieron los miembros de la Jucopo para aprobar un bono equivalente a dos meses de salario para sus colaboradores, monto que junto con el aguinaldo y la prima vacacional constituyen los finiquitos, en cuya reunión se fijó como fecha de pago el 31 de agosto siguiente y un presupuesto de por lo menos 21 millones de pesos para tal fin, acuerdo que se materializó en la firma de convenios particulares entre el área jurídica del Congreso y cada uno de los más de 300 ex trabajadores.
Sin embargo, según la versión dada a conocer a los ex empleados por el propio Fidel Calderón, el gobierno de Silvano Aureoles no depositó las participaciones que corresponden al Congreso en el periodo que va de junio a septiembre del año pasado, por lo que tal compromiso no se pudo cumplir. Frente a los reclamos de los afectados y con la presión legal de que el presupuesto 2021 debía ejercerse antes del 31 de diciembre del año en cuestión o de lo contrario se haría acreedor a sanciones, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla depositó a las cuentas del congreso 37 millones de pesos en la última semana del año pasado. Si bien ninguno de los firmantes del grupo de ex empleados recibió copia del tal convenio, la firma de este documento era condición ineludible para recibir del área de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso la constancia de baja, sin la cual no se pueden recuperar los ahorros en la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, pero quienes firmaron el acuerdo anterior y no pudieron, o no conocieron esta condición, ahora que asumió la nueva dirección jurídica de la legislatura actual les impusieron el requisito de firmar el nuevo pacto que les quita el bono de dos meses y la imposiblidad de rescatar sus ahorros.
En la práctica real, con esta maniobra ilegal los diputados locales despojan impunemente casi dos tercios del monto acordado por la legislatura anterior al grupo que ya cobró lo que les ofrecen, porque por ejemplo, un asesor A, que debió recibir poco más de 76 mil pesos, solo les están pagando 30 mil pesos. Un asesor B, que pactó con el área jurídica más de 51 mil pesos recibe solo 20 mil y un chofer o empleo similar de 25 mil pesos pactados les dan 9 mil pesos.
