Ahonda conflicto en el SEA (Columna Política «Bajo la Lupa»)

*DILEMA EN EL CONGRESO, DESIGNAR MAGISTRADO.
*YA HAY UN ANTECEDENTE QUE EL PJF RESOLVIÓ.
*CONFLICTO DE CONSTITUCIONALIDAD A VISTAS.
*AHONDA CONFLICTO EN EL SEA.
*MATRIMONIO INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN.
*CLARO CONFLICTO DE INTERÉS.
Columna Política «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (10-XI-2021).- Siempre que al congreso del estado le toca designar a algún funcionario público por disposición constitucional, se desarrolla una diputa subterránea entre los diversos grupos parlamentarios que integran -en esta ocasión- la 75 legislatura al congreso del estado, como ahora se vislumbra con la elección y/ reelección de una magistrado o magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa.

Al respecto, en esta columna hemos afirmado que el procedimiento utilizado por el Consejo del Poder Judicial para designar a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del estado, es mucho más transparente, justo y cumple en gran medida el mandato popular que sea el que mejores cualidades y capacidades tenga en la materia judicial, lo que no sucede en el proceso de los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa.

El próximo 28 de noviembre de 2021, concluye el periodo constitucional para el que fue electa la todavía magistrada GRISELDA LAGUNAS VÁZQUEZ, la que fue electa para concluir el segundo periodo constitucional de la entonces magistrada MARÍA DEL CARMEN VÉLEZ ALDANA, quien lamentablemente falleciera en el mes de septiembre del 2015, dejando inconcluso su segundo periodo como magistrada, que comprendía del 28 de noviembre de 2011 al 28 de noviembre de 2016.

Ahora bien, previo a que concluyera el periodo el 28 de noviembre de 2016, la magistrada LAGUNAS VÁZQUEZ solicitó al congreso del estado su reelección, la que le fue concedida por el pleno de los diputados, sin embargo, en el decreto respectivo no se puntualizó si se trataba del tercer periodo que correspondería a la finada VÉLEZ ALDANA o se trataba del primer periodo de la magistrada LAGUNAS VÁZQUEZ.

Es precisamente es indefinición en el decreto legislativo en el que se eligió a la magistrada LAGUNAS VÁZQUEZ, lo que tiene a la actual legislatura en un conflicto de constitucionalidad, pues un simple razonamiento jurídico nos lleva a la conclusión de que, sí la magistrada LAGUNAS VÁZQUEZ fue electa para concluir el segundo periodo de la magistrada VÉLEZ ALDANA, lo legal sería que fuese electa para el tercer periodo de la magistrada VÉLEZ ALDANA y este 28 de noviembre concluir su función de magistrada.

Sin embargo, ya está en el congreso del estado, un escrito firmado por la magistrada GRISELDA LAGUNA VÁZQUEZ en el que solicita ser reelecta como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa por un periodo de cinco años, pues la abogada infiere tener derecho a dicha reelección, por considerar que sería el segundo periodo constitucional.

Al respecto y solo con el objeto de contribuir al debate parlamentario desde fuera, se hace necesario recordar, que una situación similar se presentó con la abogada CONSUELO MURO URISTA, a quien el congreso del estado eligió como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa para concluir el periodo del magistrado SERGIO FLORES NAVARRO quien renunció al cargo.

YA HAY UN ANTECEDENTE QUE EL PJF RESOLVIÓ.
A la conclusión del periodo de la magistrada MURO URISTA, el congreso del estado lanzó la convocatoria respectiva para elegir magistrado titular de la primera ponencia, nombrando al hoy presidente del tribunal, magistrado JESÚS SIERRA ARIAS, empero, la entonces magistrada MURO URISTA promovió un juicio de amparo, que impidió que SIERRA ARIAS asumiera sus funciones, hasta que se resolviera el fondo del amparo y causara ejecutoria la resolución.

En esa tesitura, el juez de distrito negó el ampara a la abogada MURO URISTA, quien recurrió la sentencia, la que fue confirmada por un tribunal colegiado de circuito, ya que en su resolución el juez de distrito concluyó que la magistrada MURO URISTA fue electa para concluir el resto del periodo que había dejado inconcluso el Magistrado SERGIO FLORES NAVARRO.

De esta manera, por lo arriba apuntado, concluimos que, si la finada magistrada MARÍA DEL CARMEN VÉLEZ ALDANA fue electa conforme lo establece la constitución, es decir, un inicial periodo de cuatro años y dos de cinco, es evidente que este 28 de noviembre se cumplen los 14 años que la carta magna estatal establece, independientemente de quien esté ejerciendo el cargo, en este caso, la magistrada GRISELDA LAGUNAS VÁZQUEZ.

CONFLICTO DE CONSTITUCIONALIDAD A VISTAS.
Finalmente hay que decir que, en el extremo de que el Congreso del Estado decidiera satisfacer la solicitud de reelección de la MAGISTRADA LAGUNAS VÁZQUEZ, estaría dando lugar a una violación de la Constitución, al permitir la extensión de un periodo de diecinueve años, dado que, solo ha existido una convocatoria para la Tercera Sala ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa -para el nombramiento de la MAGISTRADA VÉLEZ ALDANA-, dado que la que se emitió con motivo de su fallecimiento, solo lo fue para concluir el resto del periodo que quedó inconcluso.

Y es que, a pesar de la corta vida del Tribunal de Justicia Administrativa en el estado, la elección y/o sustitución de los magistrados que lo integran, ha sido polémico por falta de claridad en la ley que lo regula, sin embargo, los diputados del congreso del estado, no se han preocupado por subsanar las lagunas e incongruencias que hay en la ley, para evitar que sucedan este tipo de controversias de constitucionalidad.

AHONDA CONFLICTO EN EL SEA.
Esta resultando más que curioso, que el Comité de Participación Ciudadana sea quien encabece en airado reclamo a la Comisión de Selección, órganos ambos, pertenecientes al Sistema Estatal Anticorrupción, pues el primero, el CPC acusa al segundo de opacidad en el procedimiento de selección de un miembro del CPC y conflicto de interés de algunos de los integrantes de la Comisión de Selección.

Resulta que por disposición legal, la Comisión de Selección es electa o nombrada por el congreso del estado, de manera que, no es extraño que sus integrantes obedezcan a intereses de algunos legisladores o hasta de ex legisladores, como actualmente ocurre, pues uno de los “aspirantes” CARLOS ALBERTO GAMIÑO GARCÍA fue cercano colaborador de la entonces diputada CRISTINA PORTILLO AYALA, legisladora que participó activa y determinantemente en la elección de los integrantes de la actual Comisión de Selección.

MATRIMONIO INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN.
Ahora bien, información recabada por este columnista con diputados integrantes de la 74 legislatura, por cabildeo de la entonces diputada morenista PORTILLO AYALA, se designó al matrimonio formado por JOSÉ LUIS CORTÉS GONZÁLEZ y BLANCA LILIANA RAMÓN MENA, como integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, señalando entre otras cosas, que se trataba de un órgano ciudadano honorario.

Sin embargo, hasta ahora se entiende el porqué del comedido cabildeo de la ahora ex diputada morenista, pues en el actual proceso de selección de un nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana, cargo que si tiene sueldo y bastante bueno, participa el señor CARLOS ALBERTO GAMIÑO GARCÍA como aspirante, quien como ya se señaló, fue “asesor” de la señora diputada.

CLARO CONFLICTO DE INTERÉS.
Al respecto, resulta por demás curioso y sospechoso, que durante el desarrollo de las comparecencias de los “aspirantes”, a cinco de los seis, se les cuestionó intensamente en materia de anticorrupción, pues es requisito sine qua non puede ser nombrado integrante del Comité de Participación Ciudadana, empero, al señor GAMIÑO GARCÍA se le interrogó sobre materia migratoria, incluso, hace público en sus redes el agradecimiento a la ex diputada CPA -CRISTINA PORTILLO AYALA- por su nombramiento que todavía no ocurre.

Ahora, habrá que observar a los demás integrantes de la Comisión de Selección si siguen en la tesitura obscura para favorecer a personajes que no cumplen a totalidad con los requisitos o rectifican, están a tiempo, pues el colmo es que se trata del Sistema Estatal Anticorrupción y parte de sus integrante estén actuando en contra de los postulados del sistema.