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(Por Jorge Vílchez)
Morelia, Mich., 11 de agosto del 2021.- El jurista Valente Alvarez Reyes se pronunció hoy porque la designación del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa “se aparte de las viejas prácticas del compadrazgo y del reparto de cuotas políticas, pues precisamente esto constituiría el inicio de la corrupción y condicionaría la independencia de este organismo jurisdiccional colegiado”.
En su comparecencia virtual frente a los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación del Congreso del Estado como aspirante a la magistratura de la 4ta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, el abogado Alvarez Reyes dijo que en nuestro país y, particularmente en nuestro Estado, la corrupción se ha convertido en un cáncer social que afecta la economía, que hace mucho daño a la sociedad, que crea desconfianza en las empresas y en los emprendedores, desalienta la atracción de la inversión, desvía dinero que es destinado para fines sociales y rompe el principio de legalidad.
La corrupción -añadió- tiene consecuencias adversas sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado, en forma específica, sobre la administración de justicia.
“La corrupción reduce la confianza pública en la justicia y debilita la capacidad de los sistemas judiciales para proteger y garantizar los derechos humanos, así como afecta las labores e independencia de jueces y magistrados”, advirtió.
En su plan de trabajo que le dio a conocer a los legisladores locales, el postulante a magistrado especializado en anticorrupción y responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa se compromete a trabajar con absoluta transparencia y profesionalismo, para recobrar la confianza que la sociedad ha perdido en las instituciones y sus representantes.
Asimismo, en crear mecanismos para recuperar la confianza en las instituciones, y principalmente en el TJA, para que se instauren y promuevan los Procedimientos de Responsabilidad Administrativas en contra de funcionarios que presten a actos de corrupción.
El también presidente del Colegio de Jurisconsultos de Michoacán dijo que aplicará con firmeza las sanciones administrativas a los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, lealtad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos cargos o comisiones. “Ningún favor y ningún privilegio hacia nadie al dictar una resolución. Si alguien es responsable de algún acto de corrupción que acepte las consecuencias; si alguien incurre en alguna falta grave que traiga aparejada responsabilidad administrativa, que la acepte y cumpla con la sanción que se le aplique”, agregó.
Asimismo, expresó que presidirá de manera directa las audiencias, “pues esto me permitirá juzgar con mayor celeridad y eficiencia”. Recordó que en los juicios administrativos el magistrado nunca se encuentra presente en ninguna audiencia y muy pocas veces vigila de forma directa el trabajo que desempeña el personal adscrito a su ponencia, lo que provoca, un desorden interno en aquellos empleados que no realizan de manera profesional y responsable la función que les corresponde.
Dijo que mostrará total apertura hacia los justiciables que requieran información sobre el estado procesal de sus trámites y dejará de ser un magistrado de escritorio, y añadió que privilegiará la oralidad en los casos en que legalmente se le permita, pues esto constituye una forma más rápida de acceder a la justicia.
El aspirante a magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, que aspira a sustituir al finado magistrado Rafael Rosales Coria, tiene estudios concluidos de Doctorado en Derecho, el grado de Maestro en Derecho, una Maestría en Derecho y es docente en la República Mexicana en Sistema Acusatorio Adversarial, así como docente Universitario a nivel licenciatura y maestría.
