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Artículo de Fondo «Diputado 501», Por Antonio TENORIO ADAME (09-VIII-2021).-
En el mito del Laberinto del Fauno el libertador fue Teseo, de igual manera, en la confusión política actual, salta la pregunta ¿Quién encontrará la salida del laberinto?; ¿cuál será la contribución de la 4T?Preocupa, lejos de esclarecer y afianzar los relativos avances de la Consulta a los actores políticos del pasado, sin embargo, de no resultar vinculante, las condiciones de transparencia electoral se han complicado por los enredos de la Presidencia del Tribunal Electoral.
Evitar caer en desviaciones significa no apresurar un choque de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial en el empeño intransigente de limpiar los reductos del control de la justicia del pasado o propiciar un desgaste del mandato presidencial, por tanto, la tarea consiste en corregir los abusos del autoritarismo de los presidentes del pasado.
Para este fin es conveniente recabar la experiencia exitosa en países de la región que vivieron bajo el horror del despojo, la persecución, la tortura, la ejecución, en fin, en la violación generalizada de los derechos humanos como ocurrió en Uruguay, como consecuencia de las dictaduras sembradas por la Operación Cóndor, del Comando Sur, de la Armada de Estados Unidos.
LA EXPERIENCIA DEL URUGUAY
La primera política sobre memoria son dos comisiones que datan de 1985, creadas desde dentro de la estructura de las comisiones parlamentarias fueron, “La Comisión Investigadora sobre la Situación de las Personas Desaparecidas y Hechos que la Motivaron” la cual, reportó 164 casos de desapariciones forzadas.
El informe final fue presentado ante la Cámara de Representantes en noviembre de 1985, pero no se llevó a cabo ninguna publicación. La Comisión entrevistó a unas 75 personas, testigos de los actos de detención o familiares de las personas desaparecidas.
Asimismo, el informe menciona que se recibió información de organismos oficiales (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas) y privados nacionales e internacionales (SERPAJ, IELSUR, Amnistía Internacional, CELS entre otros).
La segunda comisión creada en el seno de la Cámara de Representantes fue una Comisión Investigadora sobre el Secuestro y Asesinato perpetrados contra los ex legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, sin embargo, ésta no arrojó ningún resultado concluyente.
El presidente de entonces Julio María Sanguinetti (1985-1989), propone extender para estos casos la llamada “justicia militar”, propuesta que fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia, derivando los casos para que sean investigados por la Justicia Penal Ordinaria (fuero civil).
Este proceso generó debates y presiones por parte de los militares, la sociedad y las organizaciones de Derechos Humanos, que culminó con una solución legal de parte del Partido Colorado con apoyo de sectores del Partido Nacional.
El 22 de diciembre de 1986, el día anterior a la comparecencia ante la Justicia de los militares implicados en la violación de los derechos humanos durante la dictadura, el Parlamento uruguayo aprobó la “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”.
Estos son parte de los informes que seguiremos consultando.
