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Lev M. Velázquez Barriga
(Publicado en «La Jornada» el 1 de agosto del 2021).- Después de la magnífica creatividad de infinidad de imágenes que caricaturizaron al gobernador Silvano Aureoles en el banquillo verde esperando ser atendido por el Presidente y por la SCJN, debemos volver a la sobriedad del análisis político: no está buscando convencer que su candidato y ex secretario de Gobierno ganó las elecciones en la entidad, quiere posicionarse como la personificación que simbolice la oposición al régimen de la Cuarta Transformación, capaz de todo, hasta de solicitar la intervención antipatriótica de las fuerzas extranjeras para resolver lo que corresponde a la soberanía nacional. Con la ayuda de los medios masivos de comunicación al servicio de la derecha, se está adelantando para autofabricarse la figura de perseguido político, evitar la cárcel y desvirtuar las posibles acciones legales en su contra, por no tener un manejo transparente y justificado de las finanzas públicas y del endeudamiento que deja a Michoacán embargado por las próximas dos décadas.
El primero de octubre, el último de los gobernadores perredistas, tendría que hacer la entrega de Michoacán a su sucesor de extracción morenista, Alfredo Ramírez Bedolla; sin embargo, y de facto, tres meses antes, el actual titular del Ejecutivo abandonó sus funciones constitucionales, de manera que, ante la ausencia no casual, sino premeditada de los poderes formales en la entidad, se vive la disputa territorial de la delincuencia organizada más allá de la ubicación histórica de focos rojos de control, que cada vez más se extienden hasta amenazar la ciudad capital, lo que forma parte de la misma estrategia mediática del gobernador, cuya denuncia nacional e internacional debe coincidir con un ambiente donde parezca acercarse el arribo de un narcogobierno.
Silvano se va de Michoacán y de México para dedicarse de lleno a una campaña política personal, haciendo uso indebido del dinero de los ciudadanos porque se le paga para gobernar y no lo hace. Días antes de ausentarse, inició el remate de varios bienes inmuebles del Estado que fueron desincorporados a solicitud de él, cuya venta sumaría una cantidad superior a mil millones de pesos; en el año de Hidalgo, también contempla recaudar lo más posible antes de que inicie la próxima administración a través de un programa de cero multas y recargos; todo sin intención objetiva de resolver los boquetes económicos que dificultan el funcionamiento actual de las instituciones públicas que dependen del presupuesto estatal.
Se va para no enfrentar la crisis financiera y de gobernabilidad que debió estallar en septiembre, según lo previsto en el presupuesto deficitario que envió el año pasado para ser aprobado por el Congreso local, de mayoría partidista y filial a la derecha, pero que se adelantó a mediados de julio cuando dejó de pagar las quincenas regulares en el sector salud y educativo de todos los niveles, a los trabajadores del Poder Ejecutivo y hasta a la policía michoacana, que de manera atípica, con varios días de bloqueos a las arterias principales de Morelia, se sumó a la oleada de protestas y movilizaciones que los sindicatos organizaron con el cierre de carreteras, vías de comunicación comerciales, oficinas recaudadoras de rentas, presidencias municipales y del Palacio Legislativo.
La dimensión del problema que deja el aún gobernador se puede observar en el sector educativo, correspondiente al grupo mayoritario de los afectados: el déficit reconocido de manera oficial ronda un monto de 6 mil millones de pesos; para educación básica, esto se traduce en dejar sin salario a 28 mil 500 trabajadores estatales, por todo lo que resta del ciclo fiscal que culmina a finales del año. La negativa prolongada al pago salarial dañaría de inmediato a igual número de familias de los trabajadores, pero también a las economías que dependen del gasto que genera la nómina educativa. La falta de recursos económicos para la sobrevivencia de los maestros, incluso, pone en riesgo el inicio del siguiente ciclo escolar, ya sea de manera presencial o por medios remotos.
Sin duda, Silvano Aureoles es el peor gobernador que Michoacán ha tenido en las últimas décadas, pero no es su calidad moral lo que puede llamar la atención de la derecha para encabezar la oposición, las experiencias latinoamericanas de tiempos recientes han demostrado que no buscan perfiles inteligentes con capacidad de pensamiento estratégico; es precisamente su disposición a mentir, su falta de escrúpulos y su actitud antipatriótica lo que sirve a los movimientos golpistas, no perdamos eso de vista. De nada serviría a los michoacanos exigir que regrese a ocupar el Solio de Ocampo; ¡que se vaya!, pero que lo haga lo antes posible y de manera formal, porque quizá sea la única manera de empezar a resolver de fondo el problema.
Con información de La Jornada
