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Artículo de Fondo, Por Antonio Tenorio (15-II-2021).- El tropel de reformas aplicadas por el “constituyente permanente” a la Constitución se acompañó con la complicidad perversa del genio legislativo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia en su mecánica de control constitucional.
Así quedó mostrado en la sentencia reciente a favor de la “Cofetel” para evitar que la Comisión Federal retomara el control de la asignación del reparto energético privado.
El presidente López Obrador con antelación envió una iniciativa preferente al Congreso para tratar de rectificar la actitud de empresarios favorecidos con la asignación de distribución de la energía cuyo costo termina pagando la CFE, al afirmar “que no debe cambiarse ni una coma” se refiere a su aprobación plena sin remilgos que se presten a que los ministros de la Corte vuelvan a valorar la autonomía de un órgano autónomo por encima y sobre la soberanía de la nación.
La Corte utiliza vías para modificar la ley a través de la afirmación de “jurisprudencias”, además el mecanismo de observación constitucional es a través de los juicios de inconstitucionalidad o anticonstitucionalidad.
En rigor estricto esto ocurre normalmente en los otros países, aunque la obsequiosa facultad otorgada a la instancia mexicana es que mientras en el exterior el mecanismo se la otorga a una Corte de cassazione, o sea solo a una Corte avocada a este fin del control de la Constitucionalidad, en México el supremo órgano jurisdiccional se encarga de todo el entramado de poder judicial incluido la observación de la constitución.
La Constitución vigente desde sus inicios estableció los objetivos de libertad civil, otorgó garantías para su cumplimiento y amplió posteriormente los derechos humanos como su corolario, a la par otorgó los derechos originarios de la propiedad a la Nación, como forma de reivindicar el patrimonio social comunitario, y a la vez favorecer la rectoría del Estado en el desarrollo y bienestar social. Son estos los principios inquebrantables que debe mantener sin cambio.
Es bien conocido el hecho de modificaciones que registra la historia en materia de forma de Estado o régimen de gobierno, baste con señalar que todas las formas han sido probadas en la experiencia mexicana, desde la monarquía, la republica tanto federal como centralizada, el parlamentarismo y sobre todo el presidencialismo tanto individual como colegiado e incluso acompañado con vicepresidencia, etc. y sin embargo, parece ser que aún falta por experimentar que sistema de gobierno es conveniente.
Ya señalamos que en aras de una constitución flexible que se ajuste a la realidad, y no que infructuosamente quiera contener e impedirla como se argumenta, el constituyente permanente ha modificado la constitución de manera generalizada para despojarla de su esencia de las garantías a las libertades sobre todo las concernientes a las de la Nación.
El 80 por ciento de las reformas del articulado constitucional fueron modificados para dar un salto atrás de un régimen constitucional de corte liberal con “rectoría de Estado” a un sistema de mercado abierto de carácter neoliberal donde se favorece al interés exterior.
A partir de 1982 a 2018 se promovieron las reformas neoliberales favoreciendo a la ventaja neoliberal con el pretexto de promover el capital exterior sin que esto ocurriera como se prometía, sino que, solo favoreció a la extracción y especulación de capital financiero.
El problema de la falta de crecimiento profundizó la brecha de desigualdad y atraso, al arrojar tasas de crecimiento inferiores a la tasa de incremento poblacional e impulsando la inequidad y pobreza cada vez proporcionalmente mayores, tan solo el último decenio, de acuerdo con el Censo 2020 se incrementó en 10 millones más de pobres.
Un sistema económico que lejos de favorecer satisfactores genera más carencias.
Los ministros de la Corte son parte de los “personeros” de intereses privados quienes los nombraron, por tanto, intentan romper el principio de “rectoría del Estado” porque estorba a dichos fines, aguardan que Morena desocupe San Lázaro con la mayoría que ostenta para que se lancen a bloquear todo intento de soberanía que promueva AMLO. Confían que la mayoría de Morena se derrumbe el 6 de junio próximo para confrontar a la 4T.
La gran batalla de Andrés Manuel se apoya en devolver la constitucionalidad originaria a la soberanía del Estado para evitar que órganos autónomos y simulaciones de la Corte le priven de su objetivo primordial de otorgar garantías al pueblo de México al acceso de un desarrollo económico capaz de resolver sus demandas sociales básicas dentro del bienestar y seguridad necesarios.
El 6 de junio la Nación vuelve a estar en riesgo.
