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Artículo de Fondo, Por Antonio Tenorio Adame (16-IX-2020).- Los expresidentes de la República han sido expuestos a una campaña de recolección de firmas para enjuiciar presuntos actos delictivos cometidos durante sus administraciones.
Las firmas obtenidas no fueron suficientes, en tal virtud el presidente López Obrador manifestó su intención de solicitar su aplicación. En tanto el diputado Pablo Gómez demanda una Ley de amnistía para saldar cuentas del pasado. Aunque el resultado es incierto el sistema presidencial va en retroceso.
Los antecedentes de juicio a los mandatarios del país son escasos; solo en los orígenes la Nueva España, la Primera Audiencia enviada por Carlos I, fincó responsabilidades a Hernán Cortés, quien sin remilgos se colocó los mandatos reales sobre la cabeza y manifestó su sometimiento. Fue único.
En tiempos del Imperio mexicano, a Agustín de Iturbide se le despojo de su investidura, obligado al exilio, y fusilado al volver subrepticiamente al país; a Vicente Guerrero se le declaró incapacitado para el ejercicio del poder, después fue secuestrado y luego ejecutado.
En otro escenario, también se dieron casos de atentados contra la vida de Venustiano Carranza, presidente en funciones, y de Álvaro Obregón como presidente electo.
Los presidentes en México no pueden ser sujetos de juicio durante su mandato, salvo por delitos que prevé la Constitución (art. 108, 111), aunque, después del ejercicio de su periodo si pueden ser juzgados, como dijo el constituyente de 1917.
La suerte de los expresidentes ha sido variada; desde el asesinato, el ostracismo, o el silencio. Aunque ha habido actos de conciliación y unidad, como ocurrió al declarar la guerra a los países del Eje, cuando el presidente Ávila Camacho, reunió en Palacio Nacional a todos los ex gobernantes, entre ellos a Plutarco Elías Calles. En la administración de López Mateos se convocó a todos los expresidentes para atender funciones afines a sus intereses.
EL ABUSO DEL PODER
El presidente Andrés Manuel López Obrador, promovió la reforma constitucional al ampliar los delitos para someter a juicio al presidente, sin olvidar que es ferviente promotor de la ratificación de mandato, hechos que confiere su intención de romper la impunidad del jefe del Ejecutivo.
Respecto a los criterios sobre enjuiciar a los presidentes de la República existen opiniones divergentes algunas de ellas se recogen para su consideración:
La Cámara de diputados aprobó eliminar el fuero constitucional del presidente, a partir de modificaciones al 108 y 111, por lo cual pueda ser juzgado además de traición a la patria también por delitos electorales o hechos de corrupción.
Las reformas aprobadas y las que se encuentran en proceso dan idea de la transformación a la que se sujeta el presidencialismo vigente cuyas soluciones son suprimir el presidencialismo unipersonal absoluto a un presidencialismo atenuado por el Congreso.
La crítica al fuero que encubre al presidencialismo que se promueve se trasluce en opiniones de prestigiados constitucionalistas.
El ex ministro de la Corte, José Ramón Cossío Díaz, ha escrito (El Universal 8 septiembre 2020). Con la determinación de delitos que el presidente cometa como ciudadano común se constituyó la categoría de los que pueden ser cometidos por servidores públicos y hechos de corrupción de delitos electorales.
Luego señala que AMLO propuso que pueda ser enjuiciado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos “por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común”.
Si se hubiera querido desaparecer la figura bastaba borrar los párrafos 108 y 111 de la Constitución.
Como conclusión no podrá ser acusado durante su mandato por ningún delito que no sea uno de los tres. Si bien, al ocupar la presidencia comete homicidio, lesiona o roba bienes que no sean del patrimonio público, el fiscal puede llevar el caso al Senado. Sin embargo, si como parte de sus funciones realiza una conducta que no queda comprendida en la traición a la patria, la corrupción o lo electoral, no podrá ser acusado. Este será el nuevo “fuero” presidencial. Nuevo, pero fuero.
El doctor Juan José Mateos, catedrático de historia constitucional, por su parte manifiesta que el fuero en la realidad es un derivado del poder del mandatario en el sistema político, pues depende del número de senadores y la filiación política del fiscal, su suerte. Con mayoría podrán seguir abusando del poder.
Respecto de los delitos comunes está muy difícil que una persona que no maneja su auto, ni paga su comida o las cuentas de su casa, además de vivir en Palacio nacional etc., vaya a cometer delitos del orden común.
El fuero se pensó para evitar presidentes rehenes de las oposiciones políticas poderosas, si AMLO no tuviera mayoría en el Congreso ya estaría procesado por sus enemigos con pretextos como el aeropuerto o las refinerías y en un extremo por no usar cubrebocas.
El doctor Manuel González Oropeza, autor del Digesto Constitucional de México, considera que: el presidente no tiene fuero. Su inmunidad sirve para evitar ser enjuiciado ante tribunales. Y actualmente solo puede ser enjuiciado por el Congreso quien determinaría si se le retira del puesto para poder enfrentar los delitos como ciudadano común ante tribunales ordinarios.
Así las cosas, la Cámara de diputados investiga las acusaciones y consigna en su caso ante el Senado; juez político, no juzga delitos, solo infracciones a la Constitución y leyes no penales. Si la reforma involucra corrupción y otros delitos, está confundiendo el ámbito penal con el político y entonces desnaturaliza el juicio político y ofende el principio de separación de poderes porque convierte el Congreso en un juez penal contrariando el artículo.
El debate del fuero es un examen al seno del presidencialismo, su perduración depende de su eficiencia de generar la convivencia con los otros poderes y la efectividad de la democracia como herramienta de igualdad y de equidad.
Aunque, por otra parte, en realidad AMLO está trazando su línea de futuro como expresidente, el será encausado en esa dirección cuando termine su mandato.
