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CDMX, 16 de septiembre de 2020.- La deuda bancaria del Fobaproa, convertida en deuda pública, y la injerencia del entonces presidente de la República Vicente Fox Quesada en las elecciones presidenciales de 2006, serían parte del sustento para llevar a cabo la consulta popular sobre el juicio a los expresidentes.
Así lo dio a conocer el senador Cristóbal Arias Solís, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, quien explicó que la solicitud formal para la consulta popular, independientemente de quien la haya presentado, debe ir acompañada de análisis o comentarios de hechos que se consideren fueron en detrimento del interés nacional.
Al preguntársele si procede legalmente pasar del tema mediático a lo jurídico a través de la consulta popular, el legislador michoacano aclaró que la petición formal para realizar la consulta al pueblo de México, con el fin de llevar a juicio a los expresidentes, “no implica, no exige, que la solicitud vaya acompañada con acusaciones o señalamientos como si fuera al Ministerio Público”.
Explicó que en este caso lo que se pone en evidencia y se acompaña como análisis son los temas de trascendencia nacional que han ido en detrimento de las y los mexicanos, “entre dichos asuntos se encuentra el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el Fobaproa, que fue una afectación patrimonial al interés nacional de todos los contribuyentes y que todavía seguimos pagando como deuda pública, cuando era una deuda de particulares, de los bancos”.
O está, por ejemplo, añadió el legislador, la participación o injerencia que tuvo el expresidente Vicente Fox en el proceso electoral federal del 2006, “que generó un problema muy serio en el país, en el que se vio involucrado el presidente actual como parte interesada, como parte actora, en el que señaló la injerencia del entonces presidente de la República, como en su momento lo reconoció la Sala Regional del Tribunal Electoral, que señaló que sí hubo una influencia, pero que no se podía medir qué tanto el impacto pudo afectar los resultados.”
Finalmente, Arias Solís señaló que una vez que el Senado recibió el día 15 del presente mes, a través de la Mesa Directiva, la solicitud formal para que se realice la consulta popular, ésta será remitida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual contará con 20 días naturales para emitir una resolución respecto a la constitucionalidad de la consulta.
