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Columna Política «La Feria», Sr. López (30-VII-2020).- Tía Tina, Martina, jalisquilla del lado paterno-autleco, guapa estándar, 8 cilindros en V (era enorme), estuvo casada con tío Paulo, un esmirriado señor dedicado a hacer guitarras del que decían era el Stradivarius de las vihuelas, guitarrones y requintos de la región, incluidos El Grullo y Tecolotlán. Vivían bien de eso.
La tía Tina tuvo una marimba de hijos, nueve, todos con 10 meses de diferencia de edad entre ellos y por razones no explicadas pero bienvenidas, dejó de quedar grávida. Tío Paulo tenía el taller anexo a su casa; no salía nunca solo, ni a misa, y dedicaba el día entero a su afinado oficio, lo que no atenuaba los celos crónicos de la tía que parecía no ver la reducida talla y cara descuadrada de su consorte, solemnemente feo y siempre serio. Así las cosas, allá por los años 30 del siglo pasado y con sus tres hijas (ya todas casadas), ayudándola a organizar el festejo de sus bodas de plata, tía Tina les dijo que ya no prepararan nada, que se iba a separar de su papá, que ya no aguantaba más que la engañara. Brincaron las hijas (los otros seis hijos después), pero la tía decía que la decisión estaba tomada: -Él lo niega, pero en lugar de alegar me lo debería probar –y con semejante argumento fue a la parroquia y la alcaldía a pedir separación de cuerpos, en la primera, y divorcio en la segunda. En ambas, conociéndola, la mandaron a volar y la tía Tina, desde ese día vistió de luto, en muda protesta. En el pueblo le decían la viuda casada. Cosas veredes.
Curioso país el nuestro en el que se litiga en mesas de cafetería, columnas periodísticas y hasta en la más alta tribuna, la presidencial.
Curioso, qué duda cabe, pues antes que los jueces emitan sentencia, el inocente es inocente aunque sea culpable y el culpable es culpable aunque sea inocente. La sentencia pública es inapelable.
Se dice a lo puro maje ‘vox populi, vox Dei’, lo que no es cierto siendo más cercano a la realidad ‘vox populi, vox bestiis’… y no se moleste, la evidencia está del lado del tecladista.
Recordamos casos emblemáticos como el de Jorge Díaz Serrano, exdirector de Pemex, que ya siendo senador, en 1983 fue desaforado a las volandas y encarcelado durante cinco años sin que la entonces PGR pudiera probar que había pagado 34 millones de dólares de más por un par de buque-tanques de Pemex. Fue liberado pero siguió crucificado en la prensa. La gente no pareció enterarse de su inocencia, nadie recordó que el señor era multimillonario desde antes de ingresar al servicio público, su nombre se transformó en sinónimo de rata, sin recurso posible.
Otro caso curioso, de diferente naturaleza, fue la excarcelación de Rafael Caro Quintero, afamado narcotraficante que acusado del asesinato de un agente de la DEA, estuvo 28 años preso por sentencia de un tribunal federal, siendo su caso del fueron común, patinazo inexplicable e imperdonable de la justicia. Pues bien, en el 2013 un Juez se dio cuenta del detallito, todo el juicio era ilegal, inexistente, y decretó su libertad inmediata. El máximo tribunal de la tinta y el café con leche, decretó la absoluta culpabilidad del que estuvo indebidamente preso 28 años, pena merecidísima, por encima de detallitos legaloides, que eso es la ley cuando no satisface los instintos jurídicos de la masa, cuando se supone que el supremo valor de la ley es su aplicación igual, siempre, a todos.
Imposible dejar de mencionar el sonado caso de la francesa Florence Cassez, presa ilegalmente, ilegalmente sometida a una puesta en escena para transmitir en vivo su detención, golpeada frente a cámaras y micrófonos, sentenciada a 60 años de prisión por secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas de fuego, exculpada por secuestrados y vecinos, finalmente liberada después de nueve años, por fallo de la Suprema Corte: todo el proceso fue ilícito, se violaron la ley y los derechos de la señora… pero para la sorda audiencia del populacho, es y será culpable y en todo caso no merecía la aplicación de la ley si le beneficiaba. Bonita cosa.
También en lo de la maestra Gordillo: nada vale la ley ni lo que decidan los jueces: todos sabemos que es culpable, ¿cómo?, no sabemos, pero estamos seguros de su culpa. Idéntico en lo de Lozoya: ya fue juzgado y será un pormenor sin importancia el resultado del juicio: es influente, los influentes no merecen piedad.
Y desde allá desde el estado más hermoso del país (Chiapas, sí señor), llega a la prensa nacional en su calidad de última instancia judicial, el asunto de un doctor que fue detenido, acusado de abuso de autoridad y corrupción, no ‘por el delito de no tener los insumos necesarios para dar tratamiento a un paciente con influencias políticas’, como afirma uno de los columnistas nacionales más leídos, en su carácter de litigante y magistrado voluntario del tribunal supernumerario de la claque.
Cosa más rara. El detenido tiene otras acusaciones similares. La Fiscalía del Estado recibió la denuncia detallada, integró el expediente y lo sometió a un Juez que expidió la orden de detención. Lo detuvieron y ardió Troya: marchas y exigencias de libertad inmediata.
Se pregunta uno: ¿y entonces que debió hacer la Fiscalía?… ¿desechar la acusación?… ¿o proceder como dice la ley que se proceda?… ¿o la instancia responsable de averiguar los delitos debió explicar a la acusadora que debía tomar en cuenta lo poco popular que resultaría detener a un médico?
Detenido el presunto culpable, inocente hasta que el Juez no diga lo contrario, brincó su sindicato, sus compañeros de trabajo… pero también se levantaron otros a decir que les hizo lo mismo, que les cobraba por atenderlos en un hospital oficial y uno que dijo que está terminando de recuperarse y entonces presentará su denuncia, acompañada de videos y audios que prueban su dicho.
Y… puede resultar inocente, pero eso lo dirán los jueces, no la Fiscalía, nos guste o no. Qué difícil hacer justicia a un pueblo que disfruta de la dicha inicua de la iniquidad selectiva.
