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09 de julio del 2020.- El Gobernador Javier Corral informó que el despacho estadounidense de abogados que se contrató para ubicar bienes de César Duarte en Estados Unidos identificó cerca de 50 propiedades susceptibles de ser embargadas.
Durante una gira de trabajo por el Municipio de Hidalgo del Parral, de donde es originario su antecesor, el Mandatario precisó que estos bienes se encuentran en Texas, Nuevo Mexico y Florida.
Explicó que independientemente del proceso de extradición que se impulsa a través del Gobierno federal, se contrató un despacho de abogados de Estados Unidos, con el que se celebró un convenio de recuperación de activos que el ex Gobernador posee mediante prestanombres y familiares.
«Habiendo nosotros entregado originalmente un listado de cerca de 10 bienes inmuebles que se identificaron como propiedad del ex Gobernador, el despacho ha identificado alrededor de 50 bienes en los Estados Unidos, en Nuevo Mexico, Texas y en Florida, incluso, una de las recientes ubicaciones que se habían hecho era precisamente este negocio, este taller denominado Chávez (donde fue detenido), que ya había sido identificado por el despacho», dijo Corral.
El Gobernador especificó que los abogados cobrarán una comisión, pero hasta que se recuperen los bienes, por lo cual este acuerdo no implica en la actualidad algún gasto por parte de la administración de Chihuahua.
Corral dijo que la detención de Duarte es una gran noticia para todo México.
«Se pone fin a una larga impunidad que nos agraviaba doblemente a los chihuahuenses que fuimos objeto de uno de los mayores saqueos, latrocinios, que se hayan realizado en la historia de Chihuahua y de México», sostuvo.Descartan investigación contra EPNEl ex Presidente Enrique Peña Nieto no enfrenta alguna investigación en Chihuahua.
«Que yo sepa no tenemos nosotros ninguna indagatoria que directamente vincule al ex Presidente de la República, no tengo yo conocimiento de ello», indicó el Gobernador Javier Corral.
Lo que sí es del conocimiento público, dijo, es que el tema del desvío multimillonario de recursos del Gobierno de Chihuahua hacia las campañas del PRI nacional se verificó con la Secretaría de Hacienda federal.
«Porque fue un modelo que se utilizó no sólo en el estado de Chihuahua, sino en otras entidades para distraer recursos públicos del Fondo de Fortalecimiento Financiero (Fortafin) para las entidades federativas (…) mediante convenios extraordinarios de este fondo que fueron a parar a las campañas electorales».
Este caso, explicó el Mandatario panista, se encuentra pendiente de revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
«Es el caso indiscutiblemente que puede conducir a pensar en una probable responsabilidad del ex Presidente de la República, toda vez que decisiones como esas, no creemos nosotros, no pensamos que puedan ser sólo resueltas por el Secretario de Hacienda en solitario», señaló Corral.
«Y ese es precisamente el caso que motivó que el propio ex Presidente Peña Nieto presentara al final de su administración una especie de amparo disfrazado de controversia constitucional, que en su etapa inicial de admisión en la Corte había concedido incluso efectos de suspensión sobre actuaciones del Ministerio Público, así como del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, en una especie de protección que buscó el ex Presidente en este instrumento, y una pretendida extensión de su fuero constitucional».
Al respecto, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Jorge Espinoza, explicó que la controversia todavía se encuentra en trámite.
«Pero mediante un recurso que se interpuso por parte tanto de la Fiscalía General del Estado como de la Consejería Jurídica, se pudieron modificar los efectos de la suspensión en donde se detenía por completo a cualquier investigación, judicialización, incluso hasta cualquier reunión encaminada a esto», detalló Espinoza.
El funcionario recordó que esta suspensión la concedió el ex Ministro Eduardo Medina Mora.
«Todavía falta que se resuelva el fondo del asunto de esta controversia, esperamos en próximos meses pueda ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia», confió.
Corral abundó que la investigación de la llamada Operación Safiro, a través de la cual presuntamente se desviaron 250 millones de pesos de recursos del estado para el financiamiento de campañas políticas y en la que se involucró directamente al ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, a quien exoneraron autoridades federales, fue llevada ante la SCJN por la vía de amparos en revisión.
Lo que buscan, dijo, es reponer todo este proceso y esta investigación.
«Que primero se atrajo mediante maniobras a la Federación por malas actuaciones tanto de Ministerios Públicos federales de la extinta PGR como por una mala actuación de jueces federales y luego se exoneró al presunto responsable sin siquiera tomar en cuenta al estado de Chihuahua en su carácter de víctima», puntualizó Corral.
Ambas partes, dijo, tanto la defensa de Gutiérrez como Chihuahua, presentaron recursos legales.
Las autoridades estatales pidieron que a Chihuahua se le concediera el carácter de víctima, de agraviado, toda vez que consideró que se afectó el patrimonio del estado.
«Estos amparos, esta revisión de estos amparos han sido atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, forman parte del entramado que conocemos como Operación Safiro», dijo Corral.
«Por supuesto, una de las causas penales que en el Estado de Chihuahua se siguen contra Duarte es este tema del desvío multimillonario de 250 millones de pesos», subrayó.
Con información del periódico Reforma
