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La ONU propone la creación de un “bono contra el hambre” en América Latina

17 de junio del 2020.- Un nuevo informe de dos agencias de las Naciones Unidas propone un “bono contra el Hambre” además de un ingreso mínimo de emergencia para evitar que la crisis sanitari del COVID-19 se convierta en una crisis alimentaria que haga retroceder a la región 20 años de desarrollo y empuje a millones más al hambre y la pobreza. 

Una mujer en la Republica Dominicana recibe ayuda alimentaria en medio de la pandemia del COVID-19.

El esfuerzo de dos décadas para eliminar la pobreza extrema puede perderse en cuestión de meses y millones de personas más pasarán hambre debido a la crisis del COVID-19, advierte un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

De acuerdo con las agencias, América Latina necesita medidas urgentes para evitar que la actual crisis de salud causada por el coronavirus se transforme en una crisis alimentaria.

Con la mayor caída del PIB regional en un siglo, estimada en un -5.3%, aproximadamente 16 millones de latinoamericanos caerán en la pobreza extrema hasta un total de 83,4 millones de personas, lo que hará que muchos de ellos tengan dificultades para acceder a comida. Entre 2016 y 2018 ya había 53,7 millones de personas en inseguridad alimentaria severa en América Latina.

La secretaria ejecutiva de la Comisión, Alicia Bárcena, y el director regional de la agencia de la ONU para la alimentación, Julio Berdegué, explicaron durante una conferencia de prensa que los efectos de la crisis ya son visibles en los sistemas alimentarios: la vulnerabilidad de los trabajadores ha crecido y los precios internos de los alimentos están subiendo más que el precio de otros productos de la canasta básica, según el Índice de precios al consumidor.

Además, debido al aumento del desempleo y la caída en los ingresos, millones de personas no pueden comprar suficientes alimentos, y muchas otras están teniendo que optar por alimentos más baratos y de menor calidad nutricional.

“Vemos que hay un aumento en la posibilidad de una crisis alimentaria. Nuestra región acumula siete años de muy bajo crecimiento. A partir de 2014 ha aumentado la pobreza. Con esta crisis que será la más grande en la historia de la región, sin duda va a haber un aumento de la pobreza extrema y el hambre”, explicó Bárcenas.

 “Podemos perder todo lo que hemos hecho en 20 años, y volver a donde estábamos hace 20 años en un par de meses […]Millones de personas pueden caer en el hambre. Esa es la gravedad del problema actual”, agregó el director de la FAO.

El informe también expresa una fuerte preocupación por sectores de alto valor intensivos en manos de obra como el café, las flores y las frutas, así como un impacto sobre el empleo femenino en medio de la crisis.  También existe un impacto adicional de los fenómenos climáticos sobre la producción agropecuaria, en particular, los productores de subsistencia y los trabajadores agrícolas.

Los países de América Latina han implementado programas de almuerzos escolares para luchar contra el hambre.

Un bono contra el hambre para los más vulnerables

Para las agencias, la gran tarea es impedir que la crisis actual de la pandemia se convierta en una crisis alimentaria, algo que se puede alcanzar complementando un ingreso básico de emergencia con un bono contra el hambre.

Según el informe, este bono podría materializarse en la forma de transferencias monetarias, canastas o cupones de alimentos a toda la población en situación de pobreza extrema por un período de seis meses, equivalente al 70% de la línea de pobreza extrema regional, que se sitúa en el valor de 47 dólares del año 2010.

Su costo equivaldría al 0,06% del PIB regional, si se entrega únicamente a la población en pobreza extrema mayor de 65 años, o al 0,45% del PIB si se da cobertura a toda la población en pobreza extrema. La CEPAL y la FAO recomiendan la segunda opción, lo que tendría un costo estimado de 23.500 millones de dólares.

Además, proponen un incremento de al menos un 20% de la cartera promedio de créditos de los últimos tres años, que sumaría alrededor de 5500 millones de dólares, para los productores del sistema alimentario. Adicionalmente, para las unidades agrícolas familiares más rezagadas, los expertos dicen que se necesita un kit básico de inversión de 250 dólares con un costo de 1700 millones de dólares en la escala regional.

Los funcionarios hicieron un llamado a la cooperación internacional para apoyar a los países en mayor situación de vulnerabilidad.

Él mercado de Lo Valledor en Chile continúa suministrando alimentos al público durante la pandemia de COVID-19 con todas las medidas de protección. La situación actual del coronavirus en América Central y del Sur es la “más compleja”.

Riesgos de disrupción en el sistema alimentario

Julio Berdegué expuso que la actual crisis representa además un riesgo de disrupciones en el sistema alimentario de la región.

Puso como ejemplo que, en Colombia, las cosechas de producción agrícola se están perdiendo porque no hay quien compre, mientras que, en Cuba, la producción está disminuyendo por menores ingresos y el cierre del sector turismo.

Asimismo, en Brasil, el COVID-19 está causando una caída del 9,6% en las ventas de mercados mayoristas en Sao Paulo, y en Perú causó el cierre del Gran Mercado Mayorista de Lima.

“El sistema alimentario es complejo, sus actividades son esenciales y sus trabajadores son vulnerables. Facilitar el funcionamiento de las cadenas de suministro de alimentos es fundamental para garantizar la provisión y el acceso”, afirmó el experto.

Mujeres agricultoras en Guatemala

Recomendaciones

Las agencias proponen el bono contra el hambre como parte de un decálogo de medidas para que todos los hogares accedan a una alimentación suficiente y nutritiva, las empresas y actores del sistema alimentario puedan realizar sus tareas, y los países cuenten con suficientes alimentos para garantizar el abasto a precios razonables.

Las otras medidas son:

  • Reforzar los programas de alimentación escolar para garantizar la alimentación de niños, niñas y adolescentes
  • Apoyar las iniciativas de asistencia alimentaria de las organizaciones de la sociedad civil
  • Apoyo financiero a través de créditos y subsidios productivos para las empresas agropecuarias, orientado principalmente a la agricultura familiar
  • Ajustar los protocolos de sanidad y salud en la producción y el transporte de alimentos y en los mercados mayoristas y minoristas
  • Expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo
  • Asegurar el financiamiento, la asistencia técnica y el acceso a insumos y mano de obra a los agricultores y pescadores artesanales
  • Establecer mecanismos ágiles de consulta y coordinación público-privada entre todos los actores del sistema alimentario
  • Impedir que los mercados mayoristas y minoristas y las agroindustrias se cierren o disminuyan sus operaciones
  • Continuar con las políticas que han mantenido abierto el comercio mundial de alimentos, en particular evitando medidas proteccionistas que aumenten el precio de los alimentos

“Esta crisis no es algo que va a pasar rápido, hay que entender que enfrentamos un 2020 malo y un 2021 muy débil. Es más difícil resistir dos años que dos meses”, aseguró el director regional de la FAO, asegurando que las medidas recomendadas en el informe son muy necesarias para el bienestar de la población latinoamericana.

El PMA distribuye canastas con comida entre las poblaciones vulnerables en Colombia.

Una pandemia de hambre

Este martes el Programa Mundial de Alimentos se hizo eco del llamado de la CEPAL y la FAO, y afirmó que en realidad se necesitan medidas urgentes para la región.

La alerta se produce cuando las tasas de infección por coronavirus continúan aumentando rápidamente en la región de América del Sur, y el número de casos se duplicó en las últimas tres semanas, a 1,6 millones.

Según el programa, el COVID-19 podría empujar a 10 millones de personas adicionales en América Latina y el Caribe a una grave inseguridad alimentaria este año.

 El director regional del Programa, Miguel Barreto, dijo a los periodistas por videoconferencia que la advertencia se aplicaba a los países donde estaba presente la agencia, como Colombia, Honduras y Haití. El Programa no opera en Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela:

 “Nuestra proyección pinta una imagen cruda. Nuestra región ya tiene problemas relacionados con las crisis económicas y climáticas, así como con la inseguridad y el desplazamiento. Otro problema es que entre el 50 y el 70% de los trabajadores lo hacen en el sector informal, lo que los hace más vulnerables porque no pueden acceder al trabajo debido al cierre en la mayoría de los países de la región”.

 El funcionario hizo un llamado a la solidaridad de las instituciones financieras internacionales, los gobiernos, los organismos multilaterales «y todos los sectores de la sociedad» para vencer al virus y proteger a los países y comunidades más vulnerables.

La OIM apoya a venezolanos y brasileños en las áreas afectadas por la crisis de coronavirus en Brasil

La asistencia social es clave

Varios países de la región de América Latina y el Caribe ya han aumentado la asistencia social a millones de personas que viven en la pobreza”, señaló Barreto.

Esta ayuda adicional ha marcado «toda la diferencia», dijo, al permitir que las personas que viven día a día satisfagan sus necesidades básicas sin tener que abandonar sus hogares y potencialmente entrar en contacto con el coronavirus.

«Recomendamos que los Gobiernos amplíen sus programas para incluir a personas y grupos más vulnerables, como trabajadores informales y migrantes», insistió, antes de destacar un proyecto piloto entre el Gobierno de Colombia y el Programa en el departamento de Arauca que ayuda a 42.000 migrantes venezolanos y colombianos que están excluidos de cualquier protección social o apoyo de emergencia.

Barreto explicó que el proyecto es lo que llaman “respuesta de choque en la protección social”. La mayoría de los migrantes no pueden obtener apoyo del sistema nacional de apoyo a la protección, por eso algunos de ellos ahora están regresando a Venezuela.

“Este piloto de Arauca, que básicamente significa que el PMA inyecta fondos al sistema nacional de protección, busca soluciones duraderas”, dijo.

Asimismo, desde el centro humanitario regional en Panamá, esta agencia de la ONU ha enviado más de 68 toneladas de suministros a 27 países de la región. En los próximos días, Barreto anunció que los vuelos de carga comenzarán a llegar a la región desde su centro internacional en China.

El «primero de muchos vuelos» en la región también traerá suministros críticos de salud a Ecuador de la Organización Mundial de la Salud  y la Organización Panamericana de la Salud, agregó.

«En un momento en que vemos que el virus devasta nuestra región, este apoyo es absolutamente crucial para las personas en la primera línea de la pandemia, y esperamos la llegada de más suministros en los próximos días y semanas», dijo.

El PMA también planea organizar vuelos de pasajeros a diferentes puntos de la región para las comunidades humanitarias y de salud.

«Estos servicios comunes se necesitan ahora más que nunca porque la pandemia, que ha aumentado las necesidades humanitarias ya elevadas, al mismo tiempo ha causado interrupciones en las líneas de suministro y reducciones en el transporte internacional en todo el mundo», explicó Barreto.

El experto advirtió que el hecho de que la región no está en conflicto hace menos visible el impacto que está teniendo la crisis económica y la migración.

Un control de temperatura por el coronavirus en un albergue en Venezuela

Negociaciones con Venezuela

El director regional del Programa informó respondiendo preguntas a periodistas que se encuentra en negociaciones con el Gobierno de Venezuela para que la agencia ingrese al país.

“Hay muy buena voluntad de ambas partes y estamos sentándonos para ver como podemos colaborar en el país. Las negociaciones van bien como todos queremos, y es probable que el Programa Mundial de Alimentos entre a Venezuela este 2020, pero aún falta mucho por dialogar”, dijo.

El Programa no opera en el país suramericano hace 45 años.

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