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04 de junio del 2020.- Un relator de derechos humanos asegura que el plan proporcionará alivio a las personas necesitadas y anima al Gobierno a seguir ampliando esa cobertura al tiempo que pide que se reduzcan los requisitos de elegibilidad y burocráticos. También recuerda que pese a la recuperación económica experimentada tras la crisis de 2008-2011, la desigualdad en España se ha mantenido muy por encima de los promedios de la Unión Europea.
El nuevo ingreso mínimo vital aprobado en España muestra cómo los Estados pueden aprovechar la crisis económica provocada por la pandemia mundial de COVID-19 para luchar contra la pobreza y reducir la desigualdad, ha asegurado el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos.
«El plan proporcionará el tan necesario alivio a aquellas personas necesitadas y es un gran ejemplo de cómo desarrollar un enfoque inclusivo para abordar la pobreza y la desigualdad», dijo Olivier De Schutter.
El gasto público en protección social en este momento es una inversión crucial cuyos impactos perdurarán en los años venideros.
Se espera que el plan nacional del «ingreso vital mínimo» llegue a más de 850.000 hogares y beneficie a 1,6 millones de personas que viven en situación de pobreza extrema. Los hogares beneficiarios recibirían desde 451,5 a 1.015 euros, dependiendo del tamaño de la familia.
«Animo al Gobierno español a seguir ampliando la cobertura de este programa y a reducir los requisitos de elegibilidad y burocráticos», añadió el experto.
Un barrio de la ciudad de Mérica, en el la comunidad española de Extremadura.
Gasto no, inversión
De Schutter indicó que «el gasto público en protección social en este momento es una inversión crucial cuyos impactos perdurarán en los años venideros».
Por ese motivo, señaló que «es esencial que el plan se diseñe para llegar al mayor número posible de personas necesitadas».
«Las condiciones de elegibilidad no deben excluir a las personas particularmente vulnerables, como los migrantes indocumentados o recientemente documentados, los jóvenes recién emancipados que anteriormente estaban bajo tutela pública, las personas sin hogar o sin domicilio permanente, o las personas con discapacidades no reconocidas que no pueden trabajar», agregó.
De Schutter explicó que las trabas burocráticas pueden ser un gran obstáculo para las personas en situación de pobreza que dependen de la ayuda del Gobierno para su supervivencia.
Por ese motivo, «es importante desarrollar un esquema robusto que permita suficiente flexibilidad cuando las personas que experimentan la pobreza extrema no pueden cumplir fácilmente con todos los requisitos de documentación».
A pesar de la recuperación económica experimentada tras la crisis de 2008-2011, la desigualdad en España se ha mantenido muy por encima de los promedios de la Unión Europea y los regímenes autonómicos de renta mínima han sido en gran medida inadecuados.
El anterior relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, planteó la cuestión del plan nacional del ingreso mínimo vital al final de su visita a España. El informe completo sobre su visita se presentará en el 44º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en junio de 2020.
