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• El respaldo de marinos y militares es ineludible ante la corrupción que vivían los cuerpos policiacos, de la que el caso García Luna es el más claro ejemplo.
Morelia, Mich., 14 de mayo de 2020.- De manera irónica, la diputada Cristina Portillo señaló que es una hipocresía que la oposición haya descubierto apenas que el país está militarizado y que ahora fustigue al gobierno de la 4T por el decreto que da certeza a las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública. «Resulta que Felipe Calderón era un presidente cuestionado en su legitimidad y utilizó para ganarla, la declaración improvisada de guerra al crimen organizado. No había cuarteles, no había estrategia y con esas carencias, Calderón desplegaba en promedio al mes 76 mil militares en tareas de seguridad, hacia el final de su sexenio».
«Hoy, los panistas se dan golpes en el pecho por los muertos que está dejando el coronavirus, pero la ‘no estrategia’ de seguridad del calderonismo dejó miles de muertos y desaparecidos que eran calificados como simples ‘daños colaterales’, ello haciendo uso discrecional de las fuerzas armadas en tareas de seguridad», dijo la diputada, quien exigió a la oposición dejar de politizar el tema de seguridad, tal como lo están haciendo con los temas de salud.
Para Portillo Ayala, las cosas no cambiaron mucho con la llegada del priísta Peña Nieto al poder. «Las bases militares mixtas dedicadas a labores de seguridad pública, prácticamente se duplicaron en los primeros cuatro años de su gobierno y el uso de las fuerzas armadas en el combate a la inseguridad derivó en episodios cruentos como Tlatlaya, Apatzingán o Tanhuato», subrayó la legisladora.
Finalmente, dijo que el gran cambio con el decreto recientemente publicado por el gobierno lopezobradorista es que ahora las fuerzas armadas y la población tienen certidumbre legal sobre las tareas de las primeras. «Además de ello, que no ocurría en el pasado, ahora las labores de los militares en las calles, tienen un tiempo fatal y límites legales, cosa impensable en los gobiernos prianistas. Digamos que el decreto es el principio del fin de la militarización que vive el país, pero ahora con un marco legal que permite el uso de las fuerzas armadas ante la deficiente capacidad con la que entregaron los cuerpos policiacos al actual gobierno», señaló.
