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21 de enero del 2020.- El Programa Conjunto de la ONU sobre el VIH/SIDA recuerda que el derecho a la salud es para todo el mundo y no solo un privilegio para ricos. Las carencias de los sistemas públicos estatales pueden evitarse reduciendo la evasión fiscal. Se necesita urgentemente gestionar el pago de la deuda para proteger la salud de las personas.
El Programa Conjunto de la ONU sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) denunció este lunes que unos 100 millones de personas han caído en la pobreza extrema debido al pago de asistencia sanitaria y que más de 930 millones – alrededor del 12% de la población mundial- se ven forzados a dedicar al menos el 10% de sus presupuestos familiares a atención médica.
Además, en muchos países, a las personas se les niega la atención sanitaria o reciben una atención sanitaria de mala calidad debido a las inaccesibles cuotas que deben pagar los usuarios de servicios de salud.
Ante la gravedad de estas cifras y en el marco del Foro Económico Mundial que se celebra en la ciudad suiza de Davos, ONUSIDA llamó este lunes a todos los Gobiernos a garantizar el derecho a la salud para todos, priorizando las inversiones públicas en sanidad.
Así lo corroboró la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, al afirmar que «el derecho a la salud elude a los pobres y las personas que intentan salir de la pobreza se ven abrumadas por los costos inaceptablemente altos de la atención de la salud. El 1% más rico se beneficia de la ciencia de vanguardia, mientras que los pobres luchan por conseguir incluso atención sanitaria básica”.
De acuerdo con los datos que maneja el Programa Conjunto de la ONU, al menos la mitad de la población mundial no puede acceder a los servicios esenciales sanitarios, cada dos minutos muere una mujer durante el parto, y las personas más rezagadas son “las mujeres, los adolescentes, las personas que viven con VIH, los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los profesionales del sexo, las personas que se inyectan drogas, los transexuales, los migrantes, los refugiados y los pobres”.
Los ejemplos del África subsahariana, Tailandia o Sudáfrica
Durante 2018 en África subsahariana, pese a lograrse progresos significativos en la reducción de las muertes relacionadas con el sida y de nuevas infecciones por VIH, se produjeron 1,7 millones de nuevas infecciones y casi 15 millones de personas seguían esperando recibir tratamiento.
«La atención sanitaria financiada con fondos públicos es el mayor factor de igualdad social», afirmó Byanyima. «Cuando se recorta el gasto en salud o es insuficiente, son los pobres y los marginados, especialmente las mujeres y las niñas, quienes primero pierden su derecho a la salud, y tienen que soportar la carga de cuidar de sus familias».
En Tailandia se logró reducir las tasas de mortalidad de los niños menores de cinco años a 9,1 por cada 1.000 nacidos vivos, en comparación con la tasa de 6,3 por cada 1000 en Estados Unidos, pese a que el producto interno bruto per cápita de la nación asiática es aproximadamente una décima parte del estadounidense.
En Sudáfrica también se ha experimentado un gran avance en el número de personas que reciben tratamiento antirretroviral, pasando de 90 en el año 2000 a más de 5 millones el año pasado.
La evasión fiscal produce daños demoledores
Pese a estos avances, ONUSIDA destaca que las inversiones en salud en muchos países siguen siendo muy bajas en comparación con su producto interno bruto.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) estima que en los países en desarrollo se pierden entre 150.000 y 500.000 millones de dólares al año debido a la evasión de impuestos de las empresas y a la desviación de ganancias por parte de las grandes compañías.
“Si este dinero perdido se invirtiera en salud, el gasto podría triplicarse en los países de bajos ingresos y duplicarse en los países de ingresos medios-bajos”, destaca el estudio.
A modo de ejemplo, se estima que en la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental las naciones pierden unos 9.600 millones de dólares cada año debido a múltiples incentivos fiscales.
«Es inaceptable que los ricos y las grandes empresas eviten el desembolso de impuestos y que la gente corriente pague por su salud», dijo Byanyima. «Las grandes empresas deben pagar la parte de impuestos que les corresponde, proteger los derechos de los empleados, pagar el mismo salario por un mismo trabajo y ofrecer condiciones laborales seguras para todos, especialmente para las mujeres», añadió.
El pago de la deuda en África, una amenaza adicional
Otro factor que contribuye negativamente al avance de la salud pública, la economía y el desarrollo en África es el pago de la deuda acumulada, que provoca grandes recortes en gasto social.
Según el Fondo Monetario Internacional, en abril de 2019 la mitad de los países de bajos ingresos de África estaban en situación de endeudamiento peligroso o con un alto riesgo de estarlo.
«Hay una necesidad urgente de gestionar la deuda de modo que proteja la salud de las personas. Esto implica garantizar que la nueva financiación se centre en inversiones sociales, detener los pagos de la deuda durante un periodo si fuera necesario para permitir la recuperación económica y reestructurarla bajo un sistema coordinado que sirva para preservar el gasto en VIH, salud y desarrollo», afirmó Byanyima.
