Presunción de culpabilidad (Columna Política «La feria»)

Columna Política «La Feria» Sr. López (09-IV-19).- Tía Susana tenía una costumbre peculiar. Concedía permiso a cualquiera de sus dos hijas de salir con el novio, establecía la hora precisa de regreso y nomás entrando la chamaca, puntualita, la emprendía a cuerazos en el sacro sistema nalgatorio de las jovencitas, porque: -“No sabré yo lo que hicieron… ¡cínicas!” –como es fácil concluir, contrajeron nupcias con el primer incauto que se animó a decir que… bueno… pues sí… estaría bien…. si quieres… Las dos se divorciaron (pronto), pero ya quedaron fuera del alcance del cinturón materno. Y decía tía Susana, lamentando ambos divorcios: -No merezco esto… ¡qué pecado estaré pagando! –bueno… pues, pecado no era.

Que el gobierno federal y los estatales adquieran medicinas y material de curación, para el sistema nacional de salud, suena como la cosa más lógica del mundo… ¿sí?… pues no.

En los países racionales (no aplica al nuestro ni a las entidades federativas que lo integran), los gobiernos no hacen licitaciones para adquirir medicamentos ni material de curación: se concursa el “servicio de farmacia”. Elaboran la lista de lo que deben tener en existencias y fijan los precios que paga por cada unidad de cada medicina o material que suministren a los pacientes las farmacias, mismas que se encargan de mantener disponible lo necesario. Los concursante prueban solvencia y experiencia. Punto.

Cuando no tiene algo la farmacia del hospital de gobierno, el clientacho va a la farmacia que le pega la gana, la compra y se la pagan en ese mismo instante en la farmacia del hospital. Si no tiene dinero el cliente, pide el precio, le da el dinero la caja del hospital y el hospital mismo lo descuenta de la factura quincenal de pago a la farmacia concesionaria. No hay pierde.

¿Primer resultado?… cuando la farmacia concesionaria no tiene algo que solicita el paciente receta en mano del médico tratante de hospital, manda a un empleado volando (pero en… rápido), porque le sale muy caro pagar el precio de las farmacias de la calle, que pueden cobrar lo que les pegue la gana. Resultado: cero desabasto.

Se ha hecho y con  muy buenos resultados (pero con un grave inconveniente): casi cero corrupción. La lista de medicamentos y material de curación la elabora la autoridad y los precios de venta, los fija con los laboratorios y fabricantes a precio de distribuidor.

Bueno, cosa tan simple, que termina con el desabasto y abate a casi cero la corrupción, nomás no se ha podido implementar en esta nuestra risueña y complicada nación.

¿Sabe cuántas farmacias concursarían?… miles. Por lo pronto, todas las Similares, que tienen puños de lo que se receta en el sistema oficial de salud. Hay cosas especiales que pueden tener un plazo de entrega, claro, no es de enchílame otra; y también medicamentos protegidos por patentes, licencias y derechos, lo que no es ningún inconveniente, pues las farmacias concesionarias los adquieren a los laboratorios propietarios de las mismas. Pero el actual sistema de comprar barbaridades de medicamentos y material de curación, y llevarlas a bodegas de las que se reparten a las propias bodegas de cada hospital, es probadamente ineficaz…. Y se presta a “arreglos”.

Ayer, nuestro presidente mediante el oficio 009/03/20/19, ordenó a la maestra Raquel Buenrostro, Oficial Mayor de Salud, vetar de todo el sector salud federal -completito-, a las empresas Grupo Fármacos Especializados SA de CV; Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico SA de CV y Grupo MAYPO, de participar en licitaciones o adjudicaciones directas. Vetadas, Punto. La razón es (palabras presidenciales):

“Como es sabido, tres proveedores de medicinas y materiales de curación, las empresas Grupo Fármacos Especializados SA de CV; Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico SA de CV y Grupo MAYPO, vendieron en 2018 al ISSSTE e IMSS 34 mil 280 millones de pesos, el 62% de todas las compras que se llevaron a cabo en dichas instituciones, sin incluir lo adquirido por la Secretaría de Salud y los gobiernos locales”.

Y señala que semejante asunto es “inmoral y violatorio” a la Constitución que prohíbe la existencia de monopolios. Agregó también que es una “medida preventiva” (¿preventiva?, vetados quedaron), pues, agregó: “(…) tampoco puedo acusar a nadie sin tener pruebas, sólo es una medida preventiva, porque además nosotros tenemos que garantizar la Constitución y en el artículo 28 de la Constitución se establece que no debe de haber monopolios”. Bueno, la moral no es facultad del Ejecutivo, pero eso es otro asunto. La ley sí. Solo la ley.

Que alguien le explique al señor Presidente que en la firma del T-MEC, el sector salud quedó como cuetero de Tultepec: el tratado mandó a volar la libre competencia en medicamentos y quedamos atados a 30 años más de pagar medicinas de patente al ampliar de 8 a 10 años más la protección a dichas patentes… al precio que fijen los fabricantes.

Eso por un lado y por el otro: es un poquitito cuestionable que se “vete” a una empresa por aquello del no te entumas. Si no hay pruebas, no hay veto. Si hay pruebas, hay multas y sanciones penales.

Innegable la buena intención, lo cuestionable es el método. Habrá amparos, ridículos y encima, centenares de nuevas empresas que van a registrarse a la carrera.

En México aparte de La Ley Federal de Competencia Económica, existe el Código Penal Federal (última reforma publicada DOF 05-11-2018), que dice:

“Artículo 254 bis. Se sancionará con prisión de cinco a diez años y con mil a diez mil días de multa, a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de los siguientes: I. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados (…)”

¿Y si ganaron derecho sus contratos?, pus el mismo Presidente dijo no tener pruebas, lo que no obsta para la presunción de culpabilidad.