Auditará a la SEE la Contraloría. ¿Y la forense?

COlumna «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (30-I-19).- En las condiciones políticas en que se encuentra el estado de Michoacán, cuya gobernabilidad es blanco de ataques cotidianos y ante la demanda de algunos sectores de una auditoría a la secretaría de educación del estado, surge la iniciativa del gobernador SILVANO AUREOLES CONEJO de decir sí a la auditoría y de inmediato ALBERTO FRUTIS SOLIS titular de ese sector, acude ante la SECOEM a solicitar se practique.

¿EN SERIO, LA CONTRALORÍA ESTATAL?

Sí la determinación del titular del poder ejecutivo estatal es someter ¡EN SERIIO! A la secretaría de educación del estado, a una auditoría con el objeto de dejar en claro el manejo de los recursos públicos que dicha dependencia estatal ha manejado durante varios lustros, en mi opinión, es la secretaría de la contraloría estatal la menos indicada.

La primera condición para que dicha auditoría sea seria y válida, es que la practique un órgano técnico de fiscalización, autónomo e independiente del gobierno del estado, para que el resultado de su trabajo sea creíble, serio y profesional, que tenga el carácter de “dictamen pericial” para que, en caso de resultar responsabilidades, se dé vista a la fiscalía anticorrupción y proceda conforme a derecho.

FRACASO DE LA AUDITORÍA FORENSE ORDENADA POR EL CONGRESO.

Como se recordará, diputados integrantes de la 73 legislatura al congreso del estado, aprobaron mediante el decreto legislativo 345, la reestructuración de parte de la deuda pública del estado, sin embargo, en respuesta a la demanda popular de rendición de cuentas, en el artículo cuarto transitorio de dicho decreto, ordenaron la práctica de una auditoría.

Dicha auditoría, a la que se le denominó “forense”, se practicó a la llamada “cuentas por aplicar”, la que vox populi conoció como la “licuadora”, de manera que los legisladores ordenaron en su decreto, que el gobierno del estado hiciera una licitación entre empresas especializadas para adjudicar la ya famosa “auditoría forense”.

El día 21 de julio del 2017, el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo emitió el fallo de la Licitación Pública número CADPE-EM-LPE-022/2017-2ª (LPE-019/2017) para la contratación del servicio de Auditoría Forense a la cuenta «Cargos por Aplicar» del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, adjudicándose a la empresa Contadores y Asesores de Negocios PKF México, S.C

TRES INFORMES INUTILES.

En efecto, la empresa contratada por el gobierno del estado Contadores y Asesores de Negocios PKF México, S.C, rindió tres informes sobre los trabajos realizados, el primero de ellos el 7 de noviembre del 2017, el segundo el 7 de febrero del 2018 y el tercero el 7 de mayo del 2018, éste último el más importante, pues en él se descubrió el engaño de que fue objeto el congreso del estado y los ciudadanos y si no cree, veamos lo que concluye en el último informe la empresa contratada.

RESULTÓ UN ENGAÑO Y UN GASTO INUTIL.

El texto del citado último informe, es el siguiente:

“Nuestros servicios en todo momento se apegaron a los términos del contrato correspondiente, por lo que la revisión contable-financiero, no requirió una evaluación por parte de peritos para determinar la factibilidad, la razonabilidad de costos y precios ni la valuación por parte de expertos en materias específicas, de acuerdo con el anexo número 1 de las bases de licitación Pública estatal N° CADPE-EM-LPE-022/2017-2ª (LPE-019/2017). Asimismo, no se requirió una evaluación de índole legal, fiscal y/o cualquier otra especialidad en el ámbito jurídico.”

“El tipo de servicio que se prestó corresponde a los de auditoría en los términos establecidos en las bases aludidas, por lo tanto no fue un trabajo de Perito Experto Contable, por lo cual el uso de los reportes periódicos y final no es de carácter público, y en todo momento se informó al Secretario de Finanzas y Administración de los resultados y en su caso, si existen elementos de juicio suficientes para ampliar el trabajo de forma debida y desarrollar los procedimientos complementarios para la emisión de un informe en carácter de perito.”

¿QUIÉN ENGAÑÓ A QUIÉN?

Fue claro que la secretaría de finanzas del gobierno del estado instrumentó una licitación que culminó con la adjudicación y firma de un contrato para realizar una “auditoría” a la cuenta 133 cargos por aplicar, incumpliendo lo ordenado por el congreso en el decreto legislativo 345, sobre todo, lo ordenado en el último párrafo de dicho decreto, pues para que los resultados de dicha auditoría fueran argumentados por la fiscalía anticorrupción como prueba plena, debería de haber sido elaborada por “Perito Experto Contable”.

SECOEM, ES PARTE DEL PODER EJECUTIVO.

Sí el congreso del estado, mediante un decreto ordenó la practica de una “auditoría forense” para transparentar el manejo de los recursos de la multicitada cuenta 133 “cargos por aplicar” y esto no se cumplió, la interrogante sería: ¿Qué credibilidad tendría una auditoría practicada por una dependencia del mismo poder auditado?

Es obvio que una auditoría practicada por una dependencia del poder ejecutivo carecería de dicha credibilidad, lo que de entrada no alcanzaría los objetivos que se plantean por parte de los sectores sociales que la exigen, no los que el gobernador del estado pretende al allanarse a dicha demanda popular.

LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, LA INDICADA.

En opinión de este escribidor, la única forma en que la práctica de una auditoría al sector educativo estatal tenga mayor credibilidad, es que la realice un órgano autónomo como lo sería la Auditoría Superior de la Federación, pues aparte de mayor credibilidad, su resultados si pueden ser utilizados para la imposición de procedimientos administrativos, resarcitorios y/o sancionatorios, a más de que agotadas las etapas procesales y estando firmes sus resoluciones, pueden ser hechas del conocimiento del ministerio público para ejercer acción penal.

¡NO ME AYUDES COMPADRE! SILVANO A FRUTIS.

En efecto, habrá sido la expresión del gobernador SILVANO AUREOLES CONEJO al enterarse que su secretario de educación ALBERTO FRUTIS SOLIS tuvo la ocurrencia de salir a los medios a amenazar a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, declarando a los medios de comunicación que descontará el salario a 1300 profesores que, por andar en las tomas y plantones, no han acudido a trabajar.

En mi pueblo se conoce un dicho popular que señala: “los tontos dicen lo que van a hacer y los inteligentes dicen lo que hicieron” de manera que, si van a realizar el descuento, pues que lo hagan calladitos, pues por un lado el gobernador tocando puertas para terminar con el conflicto y su secretario le pega una pedrada al avispero amenazando profesores, dificultando con ello, el transitar de su jefe. Por eso, “Ya no me ayudes compadre”