Ahuizote Agencia de Información Ahuizote.com
23 de enero del 2019.-
El representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos resaltó que los fallecidos habían recibido amenazas previas y que formaban parte de un programa de protección estatal. Por ese motivo, considera que las investigaciones no pueden descartar la implicación de servidores públicos.
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU en México para los Derechos Humanos deploró los asesinatos de los defensores de derechos humanos, José Santiago Gómez Álvarez y Noé Jiménez Pablo, en el Estado de Chiapas; y el del periodista José Rafael Murúa Manríquez en el Estado de Baja California.
El representante de la Alta Comisionada en México, Jan Jarab, destacó que el país norteamericano necesita invertir el creciente patrón de riesgo al que se enfrentan los defensores de las garantías fundamentales y los comunicadores.
“Sus actividades deben ser protegidas e incentivadas por el Gobierno mexicano en su conjunto pues se trata de actores fundamentales para un Estado democrático y de derecho. Estos hechos muestran que la violencia contra quienes defienden derechos humanos o informan tiene profundas raíces y es necesario impulsar cambios estructurales para atajarla”.
Cabe destacar que tanto Jiménez como Murúa formaban parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, liderado por la Secretaría de Gobernación.
Desde el primero de enero han fallecido tres defensores de los derechos humanos y un periodista en México, mientras que en 2018 fueron asesinados 13 activistas y 12 reporteros, respectivamente.
Jarab manifestó que en los tres casos las víctimas habían denunciado con anterioridad ser víctimas de amenazas y que incluso indicaron como responsables de dichas intimidaciones a representantes de las autoridades. Por ese motivo, las pesquisas han de incluir líneas de investigación que no descarten un posible vínculo de servidores públicos.
“El hecho de que tanto el Sr. Murúa como el Sr. Jiménez fueran beneficiarios del Mecanismo de Protección debe llevar a una profunda reflexión sobre su eficacia. Las medidas de protección otorgadas, así como su implementación, efectividad y seguimiento, deben ser analizadas y evaluadas”, sopesó.
El representante pidió una investigación rápida y efectiva que sirva para esclarecer los crímenes y expresó sus condolencias a los familiares y amistades de los fallecidos.
