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Columna «Sendero Político», Por José Cruz Delgado (28-IX-18).- La virtual secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero desairó la invitación por motivos de “agenda” la invitación del presidente municipal de Morelia Raúl Morón Orozco para que fuera la oradora oficial en el CCLIII Aniversario del Natalicio del Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, este 30 de septiembre y en su lugar acudirá el senador, Gabriel García Hernández, virtual Coordinador General de Programas de Desarrollo federal.
Por cierto, el ayuntamiento moreliano va a comprar adquirir chalecos antibalas, uniformes completos, equipamientos con recursos federales y así cumplir las metas del Programa de Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg) como si con ponerlos “guapos” van a reducir la terrible inseguridad que se vive en la capital michoacana.
Los morelianos requieren acciones concretas para combatir este problema, problema que se agudizó con el exalcalde independiente Alfonso Martínez Alcázar y que se ve muy difícil que el edil morenista puede terminar, sin embargo habrá que darle el beneficio de la duda, pero al no firmar el acuerdo para la seguridad con el gobierno del estado la situación se le puede complicar y más temprano que tarde tendrá que pedirle apoyo al gobernador tal y como sucedió con Poncho Martínez que al verse rebasado por la inseguridad tuvo que solicitarle una intervención más directa.
El tema de la seguridad lo partidizaron los partidos de Morena y del Trabajo, quienes por órdenes directas del Roberto Pantoja Arzola decidieron no firmar el acuerdo.
Por cierto, la honorabilidad y honestidad de los morenistas está en entredicho por un escándalo, pues a decir del Partido de la Revolución Democrática, no es admisible que el partido que llegó al poder, que ofreció combatir la corrupción y la deshonestidad, permita que se desarrollen este tipo de acciones antidemocráticas y por demás ilegales.
Antonio Soto Sánchez, dirigente estatal del PRD, dijo que el hecho de acordar con un particular la entrega de dinero, hacía un financiamiento abierto a las campañas, en este caso, para alcalde y diputado federal en Lázaro Cárdenas, a cambio de entregar una posición pública mediante acuerdos por escrito, es un acto que merece ser sancionado, incluyendo la renuncia a las posiciones obtenidas en la elección.
Soto Sánchez argumentó que el Instituto Electoral de Michoacán (INE) está obligado a indagar los reportes sobre los gastos de campaña y si fueron o no declarados conforme a la ley, solicitando todos los registros al respecto tanto a la planilla ganadora de la alcaldía, como la diputación federal.
«Es lamentable que antes de iniciar el régimen federal, se descubran estas trapacerías, que obligan a cuestionar cuántas más existirán por ahí a nivel nacional, bajo la bandera de la ‘honestidad valiente’ de su líder y próximo presidente de la República, que aquí queda en entredicho», sentenció el dirigente.
Ante el controversial suceso, como partido político, inmerso en este escándalo, Morena deberá obligadamente, informar a la ciudadanía de Lázaro Cárdenas y de Michoacán en general, que fue exactamente lo que ocurrió en ese caso y esclarecer esos hechos.
