El necesario «golpe de timón» de Morón

Aún sin conocer el resultado de las indagaciones que la administración de RAÚL MORÓN ORÓZCO haga de la administración de ALFONSO MARTÍNEZ ALCÁZAR, tengo la absoluta seguridad de que, con solo “levantar la alfombra”, encontrarán muchísima basura revuelta con excretas que requerirán una detallada explicación, la que no será fácil.

Ante el clamor y la protesta popular, los diputados integrantes de la 73 legislatura al congreso del estado, impidieron que el entonces edil moreliano, cristalizara mediante decretos legislativos, una serie de “obras públicas” mediante la figura de la Asociación Pública Privada, en cuyo trasfondo se percibían oscuros intereses y perversas intenciones.

HOMOLOGACIÓN A SINDICATOS, SIN PRESUPUESTO

El generoso de PONCHO MARTÍNEZ y su grupo, decidieron otorgar, en un acto por demás demagógico, la homologación de prestaciones a los trabajadores integrantes de los sindicatos SIDEMM y el de Limpia, cuyo costo solo hasta diciembre de este año, será de 20 millones de pesos, empero, tal homologación se hizo de manera irresponsable, pues no se contaba ni se cuenta con el soporte presupuestal necesario.

La lucha por la obtención de más y mejores prestaciones para sus agremiados, es una de las obligaciones fundamentales de los sindicatos, siendo, además, legitimo aspirar a ellas y más aún, conquistarlas, empero, resulta irresponsable de parte de la autoridad, otorgar esas prestaciones, sin tener el respaldo presupuestal correspondiente.

Lo que ocurre en la actualidad en el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Morelia en sus relaciones laborales con su sindicato de trabajadores, es el ejemplo más fiel y claro de lo que no debe de hacer la autoridad, que finalmente es el “patrón” en dicha relación laboral.

El otorgar prestaciones sociales al sindicato, para evitar conflictos, sin tener el respaldo presupuestal, es lo que ha llevado al OOAPAS a la inviabilidad financiera, de tal suerte, que es fecha que el emplazamiento y posterior estallamiento de huelga planteada por el sindicato, no se ha resuelto y por la misma razón, no se cuenta con recursos para satisfacer las demandas económicas del sindicato.

La sola falta de fondeo presupuestal para otorgar dicha homologación de las prestaciones sociales a los trabajadores sindicalizados, puede ser motivo de que tal medida aprobada por el cabildo moreliano en la anterior administración, sea anulada o abrogada por el actual cabildo, circunstancia que será objeto de un minucioso análisis jurídico para determinar su procedencia.

70 MILLONES EN “SERVICIOS PROFESIONALES”

Por lo pronto, ya ha trascendido que la administración independiente que encabezó PONCHO MARTÍNEZ, se sirvió con la cuchara grande en tratándose de contratar personal, pues solo en el capítulo 1000, que corresponde a sueldos y salarios, se gastó el angelito la cantidad de 17 millones de pesos, solo que utilizó como concepto de pago, “Servicios Profesionales”.

Para variar un poco, la administración independiente, se gastó en el mismo capitulo 1000, otros 7 millones de pesos, pero ahora utilizando como concepto de pago “Honorarios”, pero como necesitaba más dinerito, seguramente para la campaña, se gastó otros 46 millones de pesos bajo el concepto de “servicios Profesionales”, pero para que no se notaran mucho, ahora los cargó al capitulo 3000, que corresponde a “gastos de operación”.

Así las cosas, entre “Honorarios” y “Servicios Profesionales”, la administración de ALFONSO MARTÍNEZ se gasto la nada despreciable cantidad de 70 millones de pesos, cantidad independiente de la nómina normal que ya pagaba el ayuntamiento, a lo que ya para terminar, hay que agregarle el equivalente al 30% de la diferencia entre lo que se cobraba de impuesto predial y lo que ahora se cobra.

Hasta donde este escribidor ha podido saber, ya existe una demanda, al parecer en el Tribunal de Justicia Administrativa, interpuesta por la empresa veracruzana que implementó la revaluación catastral de los predios del municipio de Morelia, por un importe de 17 millones de pesos, que está reclamando en pago al municipio de la capital del estado.

SÁNCHEZ CÁRDENAS, NUEVO CONTRALOR MUNICIPAL

Seguramente este miércoles, el contador ALBERTO SÁNCHEZ CÁRDENAS tomará protesta como nuevo contralor del ayuntamiento de Morelia, con la encomienda estricta del presidente municipal, de auditar a la administración independiente de ALFONSO MARTÍNEZ y recolectar las pruebas suficientes y necesarias para proceder en consecuencia.

URGE FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES

Si en el ámbito federal la elección de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR como presidente de la república ha generado súper expectativas de que se haga justicia y terminen en el bote los ladrones, no son menos las expectativas de los morelianos con la llegada de RAÚL MORÓN ORÓZCO, de quien esperamos haga lo necesario, para que los responsables del boquete financiero del municipio, rindan cuentas ante la justicia.

Tela de donde cortar, claro que la hay, más ahora con la designación de ALBERTO SÁNCHEZ CÁRDENAS, quien es un experto en sacar a flote las transas, tal como lo ha hecho en otras dependencias en donde ha trabajado, al extremo de que por evidenciar esas transas, le han pedido la comedida “renuncia”, así que el famoso “golpe de timón” del gobierno morenista, estará más cerca de lo que imaginamos, de lo contrario, MORÓN entrará en la fase de desgaste político.

REUNIÓN DE MORENA CON LA UMSNH

Este martes, en el Centro Cultural Universitario, se efectúo una reunión más entre los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del partido Movimiento de Regeneración Nacional, las autoridades de la Universidad Michoacana y los dirigentes de los sindicatos universitarios SUEUM y SPUM, con el objeto de encontrar “soluciones” al problema financiero de nuestra máxima casa de estudios.

La novedad en dicha reunión, es que los diputados de MORENA ya plantearon como única forma de defender a la universidad, es que sus autoridades transparenten el uso de los recursos públicos que reciben, a más de que se planteen un verdadero plan de austeridad y se comprometieron a proponer una “Comisión” de diputados y autoridades universitarias, para dar seguimiento a las gestiones.

Seguramente lo de la creación de la citada “comisión”, es consecuencia de que los diputados de MORENA en el congreso local, ya les “cayó el veinte” de que no son mayoría y que necesitan de las demás fuerzas políticas en el congreso, de ahí que pretendan en su objetivo, involucrar a diputados de otros partidos.

¿Y SILVANO APÁ?

De los diputados de MORENA no me extraña, pues ellos al parecer siguen en campaña conquistando adeptos, lo que me sigue extrañando es la actitud del rector nicolaita MEDARDO SERNA GONZÁLEZ de seguir haciendo grilla, sin antes “consensar” sus acciones políticas con el gobernador del estado SILVANO AUREOLES CONEJO, sobre todo, a sabiendas de que una buena parte del presupuesto universitario depende del gobierno del estado.

POR REDUCCIÓN DE SALARIOS, DEJAN SU TRABAJO

Cierto es que el realizar una sacudida al tabulador de los salarios que perciben los funcionarios, no solo del gobierno federal, sino de los estados y municipios era necesaria, también lo es que dicha sacudida se debió de hacer muy bien meditada y reflexionada, pues se trata de evitar los abusos de muchísimos “funcionarios” que perciben grandes cantidades de dinero sin dar su trabajo en la proporción debida.

La reducción de los sueldos de funcionarios públicos provocaría un retiro anticipado de varios miembros del Banco de México ante el temor de ver disminuidos sus ingresos mensuales, informaron varios medios capitalinos.

Según el diario Reforma, esta sería la segunda ocasión en la que un grupo numeroso de empleados del banco central abandonan la institución o piden su retiro anticipado ante el recorte de salarios que se avecina.

Estimaciones obtenidas por el periódico capitalino señalan que la desbandada podría llegar a las 200 plazas.

La nueva ley es reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política y consta de 17 artículos divididos en cinco capítulos; regula las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los Poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales, incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional.