Columna «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (05-IX-18)
¿FINANCIA EL ESTADO AL CRIMEN ORGANIZADO?
Uno de los graves problemas que enfrenta la sociedad mexicana, es la inseguridad pública, no estaría muy seguro de que es el más grave, aunque me parece y, la respuesta del estado mexicano para su combate no solo ha sido insuficiente, sino que como ciudadano creo, que está siendo derrotado, a pesar de las tan diversas estrategias que se han puesto en práctica.
Los expertos afirman, que el 90% de los delitos que se cometen en el país, son delitos del fuero común y que más del 80% de los policías en México son estatales o municipales, de manera que centran la disyuntiva entre el éxito o fracaso de tales estrategias, en la capacitación de las fuerzas policiacas de estados y municipios.
Sin embargo, la capacitación de las fuerzas policiacas del país, debiera ir acompañada con una proporción entre el nivel de capacitación logrado por el agente policiaco y el salario que perciba, de manera que, a mayor capacitación, mayor salario, de lo contrario, seguirá sucediendo lo que en la actualidad sucede, el estado se convierte en un ente que subsidia al crimen organizado o a la iniciativa privada.
En efecto, nada nuevo es que los elementos policiacos que logran altos niveles de capacitación proporcionada por el estado, son objeto de “reclutamiento” tanto por la delincuencia organizada o por empresas de la iniciativa privada, con la sola oferta de mejores percepciones salariales, de ahí que la deficiencia de fuerzas policiacas capacitadas del estado, sea endémica.
Hoy, la pirámide de las percepciones salariales en el sistema de justicia de nuestro país, adjudica mejores salarios a los impartidores de la justicia, es decir, a los juzgadores y otorga los salarios más bajos a quienes se encargan de la etapa inicial de dicho sistema, a los policías, cuando éstos no solo son los persecutores del delito, sino que también ejercen la prevención de los mismos.
En esa tesitura, ¿no sería prudente que los expertos y las autoridades respectivas, debieran de considerar invertir la pirámide salarial del sistema de justicia, dando prioridad al que previenen los delitos? Estableciendo desde luego, la proporcionalidad entre el nivel de capacitación y el salario, evitando con ello, que el nivel salarial sea la tentación para que la sociedad pierda policías capacitados.
Este escribidor deja por aquí estas reflexiones, con la ilusión que algún legislador de la nueva ola o algún funcionario de alto nivel puedan considerarlas, ya sea en una iniciativa de ley o bien en algún plan de gobierno, proponer no empobrece, cumplir es lo que aniquila, reza el refrán popular, de ahí que aquí las dejamos.
PENSIÓN UNIVERSAL A LOS 68 AÑOS, MALA SEÑAL
El Gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR otorgará la pensión a los adultos mayores de 68 años y no a partir de los 65, como son los programas actualmente existentes. CARLOS URZÚA, próximo secretario de Hacienda, precisó que únicamente la población indígena de comunidades marginadas, que tienen una esperanza de vida menor, será la que reciba el apoyo a los 65 años.
De consolidarse el anuncio hecho por URZÚA a partir del 1 de diciembre próximo, los adultos mayores de 65 a un poco menos de 68 años, dejarán de recibir el “apoyo” que los programas sociales actuales les entregan, es decir, de acuerdo al INEGI, al derredor de 2.5 millones de adultos mayores que tiene entre los 65 y 68 años, dejarían de recibir el apoyo que actualmente reciben.
En la actualidad, nuestro país tiene una población mayor a los 60 años de edad del 9.8% de los 130 millones de mexicanos al 2017, es decir, 12.74 millones de personas, de los cuales, 5,375,977 son beneficiarios del programa 65 y más que opera la SEDESOL, de esos, 2.5 millones tiene una edad que oscila entre los 65 y 68, que, de acuerdo al anuncio, quedarían fuera del beneficio.
Por el contrario, de acuerdo a lo anunciado por CARLOS URZÚA, 4’864,023 millones de mexicanos podrían ingresar al nuevo programa de pensión universal, que sumados a los 2’865,977 que quedarían del programa 65 y más, resultarían un total de 7’740,000 mexicanos probables beneficiarios del nuevo programa, contra los 5’375,977 que actualmente se benefician con el programa de SEDESOL.
La diferencia sustancial entre un programa y otro, es que el de 65 y más que opera actualmente la SEDESOL, solo puede beneficiar a aquellos adultos mayores de 65 años, que no tengan cualquier otro tipo de pensión y el propuesto por el presidente electo, beneficiaría a cualquier mexicano, por el solo hecho de serlo, siempre y cuando tenga 68 años o más, aunque perciba otro tipo de pensión.
La excepción que tendría la regla del programa de pensión universal propuesto por el presidente electo en voz de su futuro secretario de hacienda CARLOS URZÚA, es en el caso de los indígenas, los que teniendo los 65 años y más, podrían ser beneficiarios del programa, pues según la propuesta, los indígenas tienen menor expectativa de vida, de ahí que, con los 65 años cumplidos, podrán ser beneficiarios.
Lo cierto es que, 2 millones 500 mil mexicanos con edades que oscilan entre los 65 y 68 años y que en este momento reciben el apoyo del programa 65 y más, dejarán de recibir lo que actualmente reciben y tendrán que esperar a cumplir los 68 para poder nuevamente ser beneficiarios, esa es la mala señal.
NUEVO SENADO, MISMAS COSTUMBRES
Este martes, en la primera sesión del periodo ordinario del senado de la república, los señores senadores dieron un espectáculo nada agradable, producido por la solicitud de licencia del senador MANUEL VELASCO COELLO, quien regresará a asumir el cargo de gobernador del estado de Chiapas y terminar el periodo para el que fue electo gobernador.
VELASCO COELLO como gobernador de Chiapas, con un congreso genuflexo, modificó la constitución del estado, para que él pudiera ser a la vez, gobernador y candidato al senado de la república plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México, lo que consiguió, de manera que pidió licencia al cargo de gobernador para ir al senado y protestar como senador, ahora, pide licencia al senado, para regresar de gobernador.
En esa tesitura, MARTÍ BATRES presidente de la mesa directiva del senado, sometió a votación la solicitud de VELASCO y en votación económica, por mayoría, los senadores le negaron la licencia solicitada, empero, pasaron unos minutos y que BATRES somete a consideración del pleno, la solicitud de la Junta de Coordinación Política para modificar la orden del día y ¿qué creen? Que se aprueba y someten al pleno una nueva solicitud de licencia de VELASCO COELLO.
Después de varias horas de discusión por la “jugada”, el pleno aprobó la licencia del gobernador de Chiapas, curiosamente con el apoyo de la mayoría de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional, los que, en la primera votación, habían votado en contra. ¿Qué pasó?, ¿Qué los hizo cambiar el sentido de su voto? Aún no se sabe, pero pronto se sabrá, lo cierto es que hay nuevo senado de la república, el que conserva las mismas mañas del absolutismo priista.