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Columna «Eje Político», Por Víctor Americano (13-VIII-18).- El pasado 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y, como cada año, escuchamos una cascada de discursos llenos de palabras incluyentes y buenas intenciones. Gobiernos, legisladores, organismos no gubernamentales y asociaciones civiles en general, ofrecieron o exigieron justicia, hubo indignación, solicitaron mayores apoyos y respeto, y sinceramente espero que todo eso no se quede en sólo palabras, como ha sucedido durante décadas.
Y no es estar en contra de todo y contra todos, es solamente separar los dichos de los hechos. Hoy en día, en nuestro país, 7 de cada 10 indígenas viven en completa pobreza, casi el 15% de sus hogares tienen piso de tierra, el 23% no saben leer ni escribir y más de 18 millones padecen una discriminación debido a su fenotipo, vestimenta, idioma o costumbres.
Tan sólo en Michoacán, el Consejo Supremo Indígena, que se autodenomina consejo autónomo e independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de más de 40 comunidades, publicó un manifiesto contundente que dice que “en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, no hay nada que festejar”.
Y de acuerdo con la Unesco, como resultado de la pérdida de sus tierras, territorios y recursos debido al desarrollo y otras presiones, muchos pueblos indígenas migran a las zonas urbanas en busca de una vida mejor, educación y empleo. También migran entre países para escapar de los conflictos, la persecución y los impactos del cambio climático.
Por eso se requiere de políticas públicas eficientes y adecuadas para sacar de la marginación a los pueblos indígenas y para lograr su desarrollo y progreso, pero también la sociedad debe dejar atrás las prácticas de discriminación y agresiones que tanto lastiman a nuestros hermanos indígenas; hacer de esto una realidad y no una simulación.
Saludos con respeto a los pueblos originarios, a quienes tanto les debemos.
AMLO marca la agenda
El mes de agosto arrancó a tambor batiente en términos políticos y de gobierno; por un lado, la tersa transición entre el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que sigue sorprendiendo a propios y extraños. Resulta extraño ver tan sonrientes y caminando juntos a dos adversarios políticos como ellos sin que haya aspavientos ni rupturas. Sin duda alguna, las campañas ya quedaron atrás y ahora se pretende la reconciliación de los mexicanos y la pacificación del país.
Por el otro lado, López Obrador marca la agenda; los ojos nacionales e internacionales están sobre el actuar del tabasqueño; el presidente electo se reúne con los ministros y habla sobre respeto y separación de poderes; además, declara sin cortapisas que en su mandato, el fraude electoral, el robo de combustible y la corrupción, serán delitos graves.
¿Acaso ahora sí la justicia será pareja y se castigará a los verdaderos delincuentes, sin importar influencias y compra de jueces?
¿Acaso finalmente los funcionarios que cometieron peculado y quebranto de las arcas de gobierno, ahora sí serán castigados sin tener derecho a salir bajo fianza?
¿Acaso el ciudadano que pretenda sobornar a un agente de tránsito para evitar una infracción será encarcelado sin tener derecho a salir bajo fianza?
Se dice que las cárceles están llenas de pobres y de impunidad; ya veremos si el presidente electo, a partir del 1º de diciembre, puede marcar un antes y un después en este México, donde la impunidad y la corrupción han asentado sus reales.
Los “criterios” del Poder Judicial
La liberación de Elba Esther Gordillo, absuelta de todos los cargos en su contra, tales como lavado de dinero, delincuencia organizada y previamente las acusaciones de defraudación fiscal, vuelven a poner un foco rojo en la aplicación de la ley en nuestro país, en específico en los criterios del Poder Judicial para determinar sus resolutivos.
Y es que resulta que el magistrado Miguel Ángel Aguilar decretó la libertad de Elba Esther por falta de elementos en el juicio iniciado en su contra; en pocas palabras, quedó en libertad por falta de pruebas. No dijo el magistrado si es culpable o inocente, sino que, por falta de pruebas quedó en total libertad.
Ya en una ocasión el propio gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acusó a los jueces del Poder Judicial de liberar a delincuentes. “La gente nos critica el porqué detuvimos un delincuente y al día siguiente anda en la calle. Hay que explicarles que ustedes lo sueltan y, entonces, los jueces deben dar la cara”, recriminaba hace unos meses Aureoles Conejo a los propios jueces.
“Los integrantes del Poder Judicial, como que viven en otro mundo”, acusaba Silvano, “ganan bien, cuidan sus presupuestos, pero se alejan de la chusma, y así no se puede, señores, tienen que estar a la altura de las circunstancias”. Pero más tardó en decirlo que en recibir el reclamo del Poder Judicial, quienes salieron en bloque a pedirle respeto a la división de Poderes.
Ya lo dijo en algún momento Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, “las cárceles de Latinoamérica están llenas de inocentes, retenidos por ser pobres”.
Y es que ya salieron en libertad Elba Esther Gordillo, Rodrigo Vallejo Mora, J. Trinidad Martínez Pasalagua, José Manuel Mireles; claro, son casos distintos, con sus muy marcadas diferencias, pero mucha gente se pregunta: ¿Jesús Reyna para cuándo?, ¿cuál es el delito que lo mantiene encarcelado?, ¿qué estatus jurídico tiene actualmente Reyna García? Sería bueno saber más detalles del porqué sigue encarcelado, si es algo que se le comprobó, pues adelante, que se le aplique la ley, pero, ¿y si no?
Partidos políticos millonarios
Como quedó comprobado, otra vez los partidos políticos nos quedaron a deber en las pasadas elecciones; no hay uno solo en el que se pueda reconocer seriedad en la designación de sus candidatos, ni siquiera en el que avasalló en las urnas, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, al utilizar la famosa tómbola.
Tampoco el PRI, ni el PAN ni el PRD, se salvan de esta crítica, algunos por capricho de sus dirigentes nacionales o estatales; otros, por seguir en las viejas prácticas de imponer a familiares, compadres, amigos o hasta por hacer negocio con las candidaturas; nadie le entra a transparentar las designaciones y a someter al escrutinio de la verdadera militancia este espinoso procedimiento.
Si los partidos políticos siguen así, no se extrañen de que en próximas elecciones el pueblo les dé la espalda de nueva cuenta, anulen su voto o de plano haya un incremento en el abstencionismo. No puede haber institutos políticos millonarios e irresponsables en un país como México, donde la inseguridad, pobreza y falta de empleo es el pan de cada día. Hay que tener congruencia y compromiso.
