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24 de mayo del 2018.- La sociedad no puede funcionar de manera equitativa y eficiente cuando los funcionarios públicos, desde los médicos hasta la policía, los jueces y los políticos, se enriquecen en lugar de desempeñar sus funciones con integridad, ha asegurado António Guterres, que ha ofrecido el apoyo de las Naciones Unidas para acabar con esta lacra.
Durante una reunión en conmemoración del 15º aniversario de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Secretario General de las Naciones Unidas destacó su efecto transnacional y la necesidad de erradicarla.
El titular de la ONU resaltó que la comunidad internacional debe reflexionar sobre cómo puede cumplir con los compromisos de reducir la corrupción y el soborno, fortalecer la recuperación y la devolución de activos robados y establecer instituciones eficaces y transparentes.
Guterres recordó que la corrupción no tiene fronteras al afectar tanto a los países desarrollados como a los que están en desarrollo y que las personas que más la sufren son las que menos pueden permitírsela.
“Impide el desarrollo económico, ahoga el espíritu empresarial y frena la inversión”.
Su eliminación está en la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que avanzar en la prevención de conflictos, consolidar la paz y la seguridad, proteger los derechos humanos o garantizar la educación requiere una base sólida de confianza y rendición de cuentas, afirmó António Guterres.
“La corrupción roba fondos de escuelas, hospitales, infraestructura y otros servicios vitales”, indicó. La sociedad no puede funcionar de manera equitativa y eficiente cuando los funcionarios públicos, desde los médicos hasta la policía, los jueces y los políticos, se enriquecen en lugar de desempeñar sus funciones con integridad.
Además, fomenta los conflictos y facilita la trata de seres humanos, el contrabando de migrantes y el comercio ilegal de recursos naturales, armas, drogas y patrimonio cultural.
El Secretario General indicó que la respuesta a estos problemas es erradicar la corrupción a todos los niveles y restablecer la confianza allí donde se ha perdido.
Para lograrlo, el papel de las Naciones Unidas es crucial, destacó Guterres. La Organización puede respaldar a los Estados Miembros con el intercambio de buenas prácticas o apoyando la capacitación de las instituciones nacionales en la lucha contra la corrupción.
“La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es un ejemplo”, recordó.
Guterres indicó que la Convención contra la Corrupción cuenta con un amplio consenso internacional y ha servido como un marco internacional de cooperación para fortalecer la prevención y mitigar los riesgos de corrupción.
A su vez, instó a los países a usar la Convención como plataforma para movilizar el apoyo político y popular en la lucha contra la corrupción.
“Es el instrumento más ágil del mundo en manos de la comunidad internacional para lograr los objetivos comunes de buena gobernanza, estabilidad y prosperidad”.
“La corrupción destruye todo a su paso”
El presidente de la Asamblea General, Miroslav Lajčák, coincidió con el Guterres y destacó durante el evento que la corrupción afecta a los gobiernos, los negocios, el desarrollo, el medio ambiente, la seguridad y las personas.
“Pero lo peor de la corrupción es su poder. Un pequeño incidente puede tener un efecto masivo. Incluso si sólo unos pocos funcionarios son corruptos, pueden contaminar instituciones enteras. Y el riesgo de contagio es enorme. Si una persona se sale con la suya, es probable que otras la sigan. Sólo se necesita la infección más pequeña para que todo el cuerpo se pudra”.
Lajčák recordó que una de las lecciones aprendidas desde la aprobación de la Convención es que “la lucha contra la corrupción no se puede librar sola”.
Por ese motivo, instó a la participación de los medios de comunicación, el sector privado, la sociedad civil y el mundo académico, ya que los gobiernos han de legislar, aplicar y hacer cumplir la ley, “pero no pueden hacerlo solos”.
La corrupción permite muchas otras formas de delincuencia
Por su parte, el director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Yuri Fedotov, destacó la dificultad de creer que hace apenas quince años no existía un instrumento mundial para penalizar la corrupción, recuperar el producto robado y devolverlo.
“Ahora casi todos los países del mundo tienen delitos de corrupción en sus reglamentos, cooperan y proporcionan asistencia legal mutua”, dijo.
Asimismo, destacó algunos éxitos notables producidos gracias a la labor conjunta de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención y su Grupo de Trabajo sobre Recuperación de Activos, así como a la Iniciativa conjunta de su Oficina y el Banco Mundial para la recuperación de activos robados.
Durante 2017, por ejemplo, Suiza devolvió 3,5 millones de euros a Túnez y también firmó un acuerdo con el Gobierno de Nigeria para devolver 321 millones de dólares.
Los derechos humanos y la corrupción
Por su parte, Juan Pablo Bohoslavsky, relator de las Naciones Unidas sobre la deuda y los derechos humanos, reconoció que estos “no pueden lograrse de manera efectiva sin un presupuesto adecuado asignado al bien común y sin abordar la corrupción».
El relator hizo esa consideración en un comunicado publicado tras una visita de diez días a Ucrania, en la que trató cuestiones relacionadas con las reformas económicas, los flujos financieros ilícitos y sus efectos en los derechos humanos.
«La corrupción es una grave preocupación para los derechos humanos en todas partes precisamente porque despoja a una parte considerable del presupuesto público de su función social. La captura del Estado por una pequeña élite es importante porque erosiona la confianza en las instituciones, dificulta la rendición de cuentas y debilita la democracia”.
Bohoslavsky expresó su apoyo al establecimiento de un Tribunal Anticorrupción independiente que se ocupe de los casos de corrupción más graves, de conformidad con las recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.
Al mismo tiempo, subrayó que la lucha contra la corrupción requiere un enfoque conjunto que abarque no sólo las investigaciones y las sanciones, sino también una regulación adecuada para minimizar los incentivos económicos a la corrupción.
