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15 de mayo del 2018.- El candidato presidencial de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, ha repetido en las últimas semanas que Colombia intentó en los 90 una “amnistía” a criminales y que el resultado fue un “un absoluto desastre” porque se dispararon los niveles de violencia.
Eso fue lo que afirmó en el debate de aspirantes presidenciales del pasado 22 de abril, y eso mismo ha dicho en diferentes actos de campaña y en entrevistas con medios de comunicación.
Anaya ha hecho esos planteamientos para refutar la propuesta del candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de estudiar fórmulas como la amnistía para pacificar a México, que en 2017 vivió el año más violento de su historia moderna con 29 mil 168 homicidios, 20.5 por cada 100 mil habitantes.
De acuerdo con Anaya, Colombia intentó una “amnistía” a criminales “hace 25 años y fue un absoluto desastre, porque aumentó más la violencia”.
La semana anterior, durante una entrevista en el programa de Televisa Tercer Grado, el candidato presidencial panista aseguró que en Medellín, Colombia, “con esa estrategia de la amnistía de perdonar a los criminales y a los delincuentes”, la tasa de homicidios llegó a 300 por cada 100 mil habitantes.
Lo cierto es que en la época aludida por Anaya (alrededor de 1993), en Colombia no hubo ninguna amnistía o indulto para criminales o delincuentes comunes.
Lo que sí hubo en 1992 fue un decreto de ley emitido por el entonces presidente César Gaviria, en el que ofrecía a delincuentes que aportaran información para esclarecer delitos que no serían sometidos a investigación o acusación por esas delaciones.
Ese decreto buscaba incentivar a exsocios y pistoleros del temible jefe del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, a que dieran datos que pudieran conducir a la captura de ese criminal, quien en julio de ese año se había fugado de la cárcel La Catedral y había reanudado su guerra narcoterrorista con el Estado. La iniciativa no incluía ni amnistía ni indulto.
Entre 1990 y 1991 el mismo presidente Gaviria había expedido cinco decretos para propiciar la entrega a la justicia de los integrantes del Cártel de Medellín, a cambio de una rebaja de penas y de la suspensión de sentencias que tuvieran en contra.
Esos beneficios se daban a cambio de que los criminales se presentaran voluntariamente ante las autoridades, confesaran sus delitos y denunciaran sus bienes ilícitos. En ningún caso contemplaban amnistías o indultos.
En 1991, Pablo Escobar y varios de sus socios del Cártel de Medellín –como los hermanos Jorge Luis y Juan David Ochoa Vásquez– se acogieron a esos decretos y se entregaron a la justicia.
Pero Escobar siguió delinquiendo desde la cárcel La Catedral, que mandó a construir él mismo, y escapó de ella el 21 de julio de 1992, cuando una unidad del Ejército se disponía a llevarlo a otro penal. El capo fue abatido por un comando de fuerzas especiales el 2 de diciembre de 1993 mientras se escondía en una casa en Medellín.
A partir de 1991, año de la entrega de Escobar y varios de sus hombres a la justicia –que fue producto de una legislación de sometimiento en la que nunca se contempló la figura de la amnistía–, las tasas de homicidios en Medellín y en Colombia comenzaron a bajar.
Según datos del Instituto de Medicina Legal, en 1991 habían ocurrido 6 mil 349 homicidios en Medellín, lo que arrojaba una tasa de 352 por cada 100 mil habitantes y convirtió a esa ciudad en la más violenta del mundo.
En 1992, la tasa había bajado a 311 por cada 100 mil habitantes. La caída de los homicidios fue sostenida. En 1993 la tasa fue de 266 y para 1997 se ubicó en 154 por cada 100 mil habitantes, menos de la mitad que en 1991, según la misma fuente.
A nivel nacional ocurrió algo similar. En 1991, Colombia había registrado 28 mil 255 homicidios, mientras que en 1997 la cifra fue de 25 mil 371.
Esto ocurrió después de que entraran en vigencia los decretos de sometimiento expedidos por Gaviria. No hubo ni amnistías a criminales, como ha afirmado Anaya, ni estas supuestas “amnistías” provocaron un aumento de la violencia.
Todo lo contrario. Los homicidios en Colombia cayeron cuando se ensayaron fórmulas complementarias a la represión, como la entrega de criminales a la justicia a cambio de rebajas de penas.
“El Cártel de Medellín fue golpeado fuertemente con una combinación de lucha policiaca, de incentivos judiciales para que los socios de Pablo Escobar lo delataran y de los decretos de sometimiento con reducción de penas. Nunca hubo en esto amnistía para delincuentes”, dice a Apro el abogado, historiador y doctor en sociología jurídica, Mario Aguilera.
El autor del ensayo “Colombia: una tradición de amnistías e indultos”, señala que estos instrumentos jurídicos pueden llegar a aplicarse a delincuentes comunes, siempre y cuando se cumplan requisitos como el de observar lo que establece en la materia el derecho internacional.
“Una estrategia amplia, que contemple penas alternativas y que deje las amnistías e indultos para delincuentes menores, que no tengan crímenes de lesa humanidad, puede servir a México para aminorar su problema de violencia, siempre y cuando se vigile que no haya reincidencia”, considera Aguilera, profesor de la Universidad Nacional de Colombia.
Apro contactó a un funcionario del área de comunicación de la campaña de Anaya para preguntarle qué fuentes de información llevaron al candidato a afirmar que Colombia había amnistiado a criminales hace 25 años y que ese supuesto –que es erróneo– se había traducido en un aumento de la violencia en el país. Hasta el cierre de esta columna no había habido respuesta.
Con información de PROCESO.com
