Morelia, Mich., 05 de abril de 2018.- Como parte del esquema de saneamiento de las finanzas públicas, el Gobierno del Estado da continuidad al proceso del refinanciamiento de una parte de la deuda pública, autorizado por el Congreso local el 6 de marzo de 2017 a través del Decreto Legislativo número 345.
En virtud de ello, y en cumplimiento a lo dispuesto en dicho decreto, la Ley de Disciplina Financiera y demás lineamientos normativos en la materia, el pasado lunes 2 de abril fue emitida la convocatoria a la licitación pública número SFA-LP-D345-2/2018.
Lo anterior, con el objetivo de reducir el saldo y el costo de la deuda pública correspondiente a la emisión de certificados bursátiles celebrada en el año 2007 en Unidades de Inversión (UDI’s), cuya fuente de pago es la recaudación del impuesto estatal sobre la nómina.
La deuda originalmente contratada en 2007 fue por un monto de 3 mil 500 millones de pesos; sin embargo, a la fecha, por concepto del servicio de la deuda de capital e intereses, el estado ha pagado más de mil 900 millones de pesos. Al cierre de 2017, el saldo era de 4 mil 424 millones de pesos.
La convocatoria fue publicada los días 2 y 3 de abril en dos de los principales medios de comunicación impresos nacionales y estatales, así como en el Diario Oficial de la Federación y el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Asimismo, para que las instituciones financieras de la banca privada y de desarrollo que estén interesadas en participar, estén en la posibilidad de presentar sus respectivas ofertas de créditos, se habilitó una página web oficial
(http://www.secfinanzas.
El calendario de la licitación es el siguiente: periodo para la entrega de preguntas y aclaraciones por parte de los interesados, del 2 de abril hasta las 17:00 horas del 13 de abril; junta de aclaraciones, 16 de abril; acto de presentación y de apertura de ofertas, 11 de mayo; fallo, 14 de mayo. Todo dentro de este año 2018.
El objetivo fundamental de esta licitación es refinanciar, a través de un proceso transparente y abierto, el saldo vigente de la emisión bursátil mediante la contratación de financiamientos bancarios con las mejores condiciones de mercado posibles.
Por ello, este proceso no representará un endeudamiento adicional, y en cambio buscará que los financiamientos que se contraten generen mejores condiciones financieras para el estado.