¡Congreso pide cuentas al Gobernador!

Con motivo de la sesión ordinaria que el congreso del estado celebrará este jueves 22 de febrero, la comisión de programación, presupuesto y cuenta pública, turna al pleno de los diputados, el dictamen correspondiente a la glosa del Segundo Informe de Gobierno sobre el estado que guarda la Administración Pública Estatal durante el período 2016-2017, presentada por el ciudadano Ing. SILVANO AUREOLES CONEJO, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

BECA FUTURO

El citado dictamen que firman los diputados DIP. RAÚL PRIETO GÓMEZ como presidente y los legisladores ANTONIO GARCÍA CONEJO, EDUARDO GARCÍA CHAVIRA, ERNESTO NÚÑEZ AGUILAR y SERGIO OCHOA VÁZQUEZ como integrantes de dicha comisión, en el artículo cuarto del acuerdo del señalado dictamen, “exhortan” al titular del poder ejecutivo para que rinda:

“un informe detallado del seguimiento y los alcances obtenidos derivados de la continuidad en las acciones de Programa Estatal de Beca Futuro, el cual deberá de contener a detalle el monto y porcentaje del avance físico-financiero por ejercicio fiscal 2016 y 2017, incluyendo la fuente de financiamiento de cada ministración. Dicho informe deberá de presentase en un plazo no mayor de 30 días naturales una vez entregada la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal.”

En los argumentos que dan origen a la solicitud del informe de referencia, los diputados señalan que: “carece de mecanismos para verificar si realmente los beneficiarios están asistiendo a la escuela, además de la falta de un estudio socio económico para determinar si el beneficiario realmente necesita de este apoyo económico”

Pues los legisladores consideran que el programa “Beca Futuro” se ha visto rebasado por el gran número de beneficiaros que conforma el Padrón, lo cual ha traído cargas excesivas para la hacienda estatal, generando déficits fiscales, de tal manera que no ha cumplido con los pagos que mes con mes prometió otorgarles a más de 34 mil jóvenes.

¿EN QUÉ SE INVIRTIÓ LO AHORRADO Y CUANTO FUE?

Como se recordará, el pasado 25 de febrero del 2016, hace ya dos años, se publicó el “Decreto Administrativo de Medidas de Austeridad, Transparencia y Eficiencia del Gasto Público, en el periódico oficial del estado de Michoacán emitido por el titular del poder ejecutivo SILVANO AUREOLES CONEJO y firmado por la totalidad de funcionarios que integran el llamado “gabinete legal”, sin embargo, a pesar que fue emitido y publicado hace dos años, el poder ejecutivo no ha entregado ningún informe de resultados de la aplicación de dicho decreto.

Así las cosas, los diputados integrantes de la comisión de programación, presupuesto y cuenta pública, proponen al pleno de la 73 legislatura como dictamen, exhortar al titular del poder ejecutivo para:

“Que rinda a esta Soberanía, un informe detallado del seguimiento y los alcances económicos obtenidos derivados de la continuidad en las acciones de implantación del “Decreto administrativo de medidas de Austeridad, Transparencia y eficiencia del Gasto Público de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo”, publicado el día 25 de febrero de 2016, así mismo informar el uso y aplicación de los recursos, conforme a la estructura planteada en el Decreto, particularmente lo relativo al gasto corriente a nivel de capítulo de gasto. Dicho informe deberá de presentase en un plazo no mayor de 30 días naturales una vez entregada la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal.

¿CUMPLIRÁ EL GOBIERNO ESTATAL?

Como se puede apreciar en los dos puntos del “Acuerdo” signado por la comisión de programación, presupuesto y cuenta pública, se otorgan 30 días “naturales” al jefe del poder ejecutivo, para que rinda los informes de referencia y habrá que ver sí éste les cumple, pues también hay que recordar que se trata de un “exhorto” y desde el punto de vista legislativo, las exhortaciones que hace el congreso, son como las llamadas a misa, quien quiere va y el que no, pues no va, ya que tales “exhortos” no tienen el carácter vinculatorio.

TAMBIÉN A LA UNIVERSIDAD, ¡CUENTAS!

Desde el punto de vista de este escribidor, me parece demasiado optimista el dictamen que firman los diputados que integran la comisión de programación, presupuesto y cuenta pública, sobre todo, por las razones expuestas en el párrafo anterior, se trata de “exhortos”, empero, con relación a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el artículo octavo del citado acuerdo, le instan a que con fundamento en el artículo 60 fracción X segundo párrafo -no dice el dictamen de qué ley o reglamento es la fundamentación- rinda un “informe”, artículo que la letra señala:

“OCTAVO. Con fundamento en el artículo 60 fracción X segundo párrafo, se insta al Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para que rinda a esta Soberanía, un informe detallado del seguimiento e implementación del proceso de la reingeniería administrativa en la Universidad; señalando metas y objetivos, así como un cronograma de ejecución; debiendo destacar los rubros sobre el control interno del gasto en lo relativo a Casas de Estudiante, la Dirección de Control Escolar, prestación y contratación de servicios, y régimen de jubilaciones y pensiones debiendo respaldar este último tema con los estudios actuariales recientes.”

Como se puede observar, en el texto del artículo “OCTAVO” del acuerdo del dictamen de referencia, al rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ¡No le establecen plazo perentorio! para que rinda el citado informe, de manera que como no hay fecha fatal, bien puede terminar esta legislatura y la siguiente y la autoridad universitaria podría no entregar el informe requerido ya que no hay dispositivo legal que le obligue.

APLAZAN JUICIO POLÍTICO VS AUDITOR SUPERIOR

Desde el 28 de enero de 2018, diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, aprobaron el dictamen de procedencia de Juicio Político en contra de JOSÉ LUIS LÓPEZ SALGADO en su calidad de titular de la Auditoria Superior de Michoacán (ASM).

Como se recordará, a raíz de la denuncia presentada el pasado 14 de diciembre, por un grupo de ciudadanos integrantes del Centro Michoacano de Evaluación (CEMIDE) y 150 personas más, por su probable responsabilidad al violar del artículo Quinto Transitorio del Decreto número 351 publicado en el Diario Oficial del Estado el 26 de noviembre de 2014, debido a que se abstuvo de entregar informe al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

A pesar de los anotado y que el dictamen de referencia fue hecho público y aprobado por las comisiones respectivas, en esta primera sesión del segundo periodo de sesiones del tercer año legislativo de la 73 legislatura del estado, no se incluyó en el orden del día, para que fuera aprobado tal dictamen y fuera turnado a la comisión jurisdiccional y se desarrollara el respectivo juicio, situación que ha generado suspicacias y sospechosismo de que LÓPEZ SALAGDO siga “presionando” a los diputados que tienen cuentas pendientes con la ley. ¿Será?

AYUNTAMIENTOS SE PASAN A LA CEDH POR EL ARCO DEL TRIUNFO

Así es, no solo los ayuntamientos que encabezan presidentes municipales, sino que una multiplicidad de dependencias del poder ejecutivo “se pasan por debajo del arco del triunfo” las recomendaciones que emite la Comisión Estatal de Derecho Humanos, por lo que es urgente una reforma a la ley que regula a esa institución, a efecto de darle “dientes” para que sus recomendaciones tengan el carácter de vinculatorias y así obligar a las autoridades “recomendadas” a que las cumplan, so pena de ser sancionados enérgicamente.

Resulta que este día miércoles 21 de febrero, la Comisión Estatal de Derechos Humanos que preside VICTOR MANUEL SERRATO, dio a conocer a los medios de comunicación tres recomendaciones emitidas a tres ayuntamientos diferentes del estado y sus autoridades, el presidente municipal, su síndico, cuerpo de regidores y la totalidad de funcionarios públicos municipales, se negaron a acatarlas.

En efecto, los Ayuntamientos de Tacámbaro, Álvaro Obregón y Tarímbaro incumplieron recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) al acreditar violaciones a los derechos fundamentales de los agraviados.

Al Ayuntamiento de Tacámbaro se le remitió la recomendación 01/2016 por prestación indebida del servicio público por dilación injustificada en los procedimientos administrativos; en otro caso la CEDH emitió la recomendación 15/2016 al Ayuntamiento de Álvaro Obregón por queja presentada en la Visitaduría Regional de Morelia por un caso de detención ilegal, empleo arbitrario de la fuerza pública y penas o tratos inhumanos o degradantes en perjuicio de una persona del sexo masculino a quien detuvieron al irrumpir en su vivienda, sin conocer el motivo.

Finalmente, la recomendación 73/2016 fue emitida por la CEDH al Ayuntamiento de Tarímbaro, derivado de la queja registrada en la Visitaduría Regional de Morelia, al acreditar violaciones a derechos humanos consistentes en prestación indebida del servicio público por dilación o irregularidades en trámites o procedimientos administrativos.

Emitidas dichas “recomendaciones” por sus pantalones las autoridades municipales de esos municipios decidieron no acatarlas, es decir, se negaron a reparar la violación de los derechos humanos de sus gobernados, circunstancia que debería ser motivo suficiente para que, de oficio, el congreso del estado les iniciara juicio político y les destituyera del cargo.