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07 de febrero del 2018.- Luis Videgaray encabezó un “Grupo de Trabajo de Alto Nivel” con el gobierno de China cuyo proyecto principal fue realizar el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, 11 meses antes del lanzamiento de la licitación, revela un documento obtenido por Aristegui Noticias.
Díez días antes del lanzamiento del concurso internacional, Videgaray recibió en Palacio Nacional a funcionarios chinos para una reunión que tuvo como objetivo, entre otros, analizar alianzas estratégicas entre empresas de ambos países.
El 3 de noviembre de 2014, el gobierno chino, mediante dos constructoras estatales, ganó la licitación para realizar la obra, en conjunto con las empresas mexicanas Constructora y Edificadora GIA, Prodemex, GHP Infraestructura Mexicana y Constructora Teya.
Además de Constructora Teya, entre las firmas mexicanas destacó la presencia de GIA+A, que es propiedad de Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari. En tanto, el accionista principal de Prodemex es Olegario Vázquez Raña.
En realidad, fue el único consorcio que presentó una propuesta; las demás empresas interesadas (incluyendo firmas internacionales como CAF, Mitsubishi, Bombardier, Alstom y Siemens) pidieron una ampliación del plazo para entregar su oferta y al no terminarla enviaron cartas de disculpa.
El 9 de noviembre de 2014, Aristegui Noticias presentó el reportaje La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que reveló que el Presidente vivía en una casa de Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de Constructora Teya.
El 11 de diciembre del mismo año, The Wall Street Journal dio a conocer que Luis Videgaray compró una casa a Hinojosa en Malinalco, Estado de México, con valor de 7.5 millones de pesos.
El 3 de febrero de 2015, este equipo de trabajo documentó que el funcionario también utilizaba un terreno de Hinojosa Cantú como jardín, el cual supuestamente rentaba mediante un pago mensual de 10 mil pesos.
Los informes periodísticos dieron origen a un escándalo de corrupción que supuestamente fue investigado por Virgilio Andrade, quien fue nombrado titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 3 de febrero de 2015.
Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue exonerado de conflicto de interés porque no intervino en ninguna etapa del proceso de contratación, “por lo que no puede imputársele una falta de imparcialidad o una actitud parcial a favor de alguien”, según el expediente de la Secretaría de la Función Pública.
La participación de Luis Videgaray en un “Grupo de Trabajo de Alto Nivel” para concretar el proyecto no se menciona en las más de 60 mil hojas del expediente que elaboró Virgilio Andrade. Tampoco se menciona en el informe de la Comisión Especial investigadora que realizó el Congreso de la Unión ni en las comparecencias a las que fue citado Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), principal encargado del proyecto.
Menos aún se investigó la reunión en Palacio Nacional para analizar alianzas empresariales entre firmas de ambos países.
ALTO NIVEL
En septiembre de 2013, la Secretaría de Hacienda firmó un “Memorando de Entendimiento sobre Promoción de Inversión” con el gobierno de China, en la ciudad de San Petersburgo, Rusia, previo a un encuentro del G20.
Presidencia de la República informó en un comunicado que mediante esta firma se creaba el “Grupo de Trabajo de Alto Nivel en Materia de Inversión entre los Gobiernos de China y México”, el cual era encabezado por secretarios de Estado de ambos países: SCHP por parte de México y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma por China.
Luis Videgaray, como titular de Hacienda, copresidió el grupo con Xu Shaoshi, de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, que es parte del Consejo de Estado de la nación asiática.
Un documento obtenido por Aristegui Noticias revela que el “proyecto principal” del Grupo de Trabajo de Alto Nivel fue desarrollar el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro y presentar una propuesta técnica y económica ante SCT.
El 20 de marzo de 2014, “con los esfuerzos del grupo de Trabajo” donde participó Luis Videgaray, el gobierno chino comisionó a dos empresas paraestatales la “planificación, diseño y financiamiento del proyecto”, dice el documento.
El 5 de agosto de 2014, Videgaray y Xu Shaoshi encabezaron una reunión del grupo de trabajo en Palacio Nacional. Mediante un comunicado, se dio a conocer que uno de los objetivos era “promover asociaciones estratégicas entre empresas chinas y mexicanas”.
Al terminar la reunión, Enrique Peña Nieto recibió a la comitiva asiática.
Fuente: Embajada de China en México.El 25 julio de 2014, SCT publicó las prebases de la licitación y el 15 de agosto del mismo año lanzó abiertamente el concurso internacional. Este cronograma indica que el gigante asiático llevaba una ventaja de 11 meses de trabajo, de la mano de Videgaray, uno de los políticos más influyentes de este sexenio.
La revelación sobre el “objetivo principal” del Grupo de Trabajo se incluye en el “Aviso de intención de iniciar un arbitraje de inversión en contra del gobierno de México”, que presentó el consorcio chino ante la Secretaría de Economía el 9 de octubre de 2015.
En noviembre de 2017, Aristegui Noticias informó que en este proceso China exigía un pago de 600 millónes de dólares, lo que corresponde a 11 mil millones de pesos al tipo de cambio vigente en octubre de 2015.
IRREGULARIDADES
El documento describe una serie de agravios del Estado mexicano que concluyeron en una “expropiación ilegal” de las inversiones chinas.
El consorcio destaca que el 6 de noviembre de 2014, Gerardo Ruiz Esparza defendió el proyecto en una comisión del Senado de la República. “En respuesta a los cuestionamientos referidos, el Secretario de SCT enfatizó las virtudes y la legalidad de la licitación pública…”, dice el documento.
Sin embargo, horas después SCT publicó un comunicado en el cual informaba que “dejaba sin efecto el fallo de la licitación”. Entre la visita al Senado y la cancelación del proyecto, Aristegui Noticias reveló a periodistas extranjeros una versión del reportaje La Casa Blanca de Peña Nieto.
Para el grupo ganador de la licitación, la cancelación “se llevó a cabo sin respeto al debido proceso legal, actuando en una manera carente de transparencia y frustrando las expectativas legítimas del Consorcio y sus miembros”.
Destacan como un agravio que se “notificó la decisión al consorcio y sus miembros por conducto de un comunicado de prensa” y que la notificación oficial les llegó 26 días después, es decir el 1 de diciembre.
Según el reclamo, el 4 de enero de 2015, la SCT “agravó la disputa” al anunciar una nueva licitación que ponía en riesgo sus derechos como ganadores del primer concurso.
El gobierno mexicano decidió continuar el proceso unos días más, aunque finalmente lo dio por cancelado el 31 de enero, cuando Luis Videgaray anunció en conferencia de prensa que no le destinarían más presupuesto.
De esta manera, Luis Videgaray participó en la formulación y muerte del tren México-Querétaro.
ENTERADOS
En noviembre de 2017, SCT afirmó a este medio que no conocía el proceso de reclamo por 600 millones de dólares y que ya había cubierto 23 millones de pesos por “gastos no recuperables”.
Sin embargo, ahora se sabe que el consorcio chino presentó el reclamo ante la Secretaría de Economía y envió una copia a SCT, por lo cual el despacho de Gerardo Ruiz Esparza sí conocía este asunto.
En el documento se aclara que los “gastos no recuperables” ya pagados son independientes a este reclamo, que se da al amparo de un tratado bilateral México-China.
También, el gigante asiático se reserva “el derecho a modificar el monto solicitado”.
FALTA DE TIEMPO
Durante la parte más álgida del escándalo por corrupción, SCT presentó un cronograma de reuniones con directivos de constructoras extranjeras en las que se trató el tema del tren: en ningún caso se transparentó la participación de Hacienda.
Durante el proceso de licitación 13 empresas consideraron insuficiente el tiempo oficial para elaborar una propuesta técnica: la canadiense Bombardier, la portuguesa Teixeira Duarte, la italiana Salini Impregilio, la española CAF, la China Communication Construction (distinta de la única empresa china que concursa), así como las mexicanas PCZ Construcciones, Comsa, Nacele, ICA, DLG y FCC, que pidieron prórrogas desde 30 días y hasta 8 meses para entregar sus propuestas.
El 1 de septiembre de 2014, durante la primera junta de aclaraciones, la francesa Alstompidió una prórroga, según ella, como lo hizo desde “la fase de prebases”. Esta empresa construyó la línea de Alta Velocidad entre España y Francia, entre otros proyectos en Europa.
El representante de Alstom, Alfredo Rodríguez Villasana, dijo a la SCT: “Considerando el tipo, magnitud y complejidad de la licitación, se solicita se otorgue una extensión de plazo de entrega de ofertas de seis meses adicionales… Prácticamente todas las empresas han solicitado extensión de plazo y hasta este momento no contamos con toda la información completa”.
La alemana Siemens, por su parte, dijo que si no se ampliaba el plazo, había riesgo de eliminar la competencia en la licitación o se presentarían proyectos deficientes.
Erick Antonio Preciado, representante de Siemens, entregó una serie de cuestionamientos: “La licitación debería permitir un plazo de entre 6 a 8 meses para preparar las ofertas, sin ello sería prácticamente imposible preparar propuestas serias y solventes y/o se reduciría fuertemente el posible número de concursantes… Por lo tanto la competitividad y transparencia del proceso de licitación se verían seriamente afectados”.
En ese momento, los inversionistas desconocían que el Estado mexicano participó directamente en la propuesta que resultó ganadora y que el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le había concedido a China una ventaja… de 11 meses.
Con información de Aristegui Noticias
