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Morelia, Mich., 25 de enero de 2018.- A generar condiciones para que se transite al diálogo y evitar las hostilidades, y el escenario de confrontación que actualmente se vive en el estado con el magisterio democrático, llamó el diputado del PRI y presidente de la comisión de Gobernación, Mario Armando Mendoza Guzmán al Gobierno Estatal.
“Es obligación del Gobierno Estatal que se aplique la ley y preservar los bienes de los ciudadanos y del estado, pero también evitar abusos, exhorto a las partes a encontrar una ruta de diálogo que ayude a resolver el problema”, afirmó el legislador del PRI.
Lamentó los últimos acontecimientos donde se dio la quema de unidades vehiculares, así como el cierre de algunas vías de comunicación, donde el estado de nueva cuenta se ve rebasado por la presión magisterial.
Esta situación dijo, ha conducido al exceso del uso de la fuerza pública, sin apegarse a los protocolos de seguridad y sin operatividad política, para frenar los hechos que han lastimado a los ciudadanos y la actividad económica del estado.
El también integrante de la comisión de Educación, afirmó que la situación que se vive actualmente con algunos actores sociales, tiene su origen en el crecimiento de la anarquía, y la falta de capacidad de operación política, de transparencia y rendición de cuentas, ya que la Secretaría de Educación del Estado, sigue sin dar a conocer las minutas y acuerdos que hasta la fecha se han pactado con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Afirmó que para conocer de origen cuáles son las causas de las protestas, se debe transparentar lo tratado en los últimos encuentros sostenidos entre el grupo del magisterio democrático y las autoridades educativas, considerando que esta instancia ha sido cuestionada por los acuerdos que en la opacidad se han realizado con grupos magisteriales, mismos que han costado la viabilidad financiera del estado y el quebranto de las finanzas públicas.
Por esta razón reiteró la necesidad de que al estado retorne la paz y el orden social, con la aplicación del Estado de Derecho, con pleno respeto a los derechos humanos, sin caer en excesos y abusos de la fuerza pública.
