Ahuizote Agencia de Información Ahuizote.com
14 de diciembre, 2017 — “El proyecto de ley carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos.” Éste es uno de los principales argumentos por los que expertos de la ONU han pedido al Estado mexicano que rechace el proyecto de Ley de Seguridad Interior que se somete este jueves al pleno del Senado.
Estos especialistas advierten que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos.
“Nos preocupa que el proyecto de ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles», señalan en una declaración conjunta.
Además, consideran que el proyecto de ley “carece de mecanismos sólidos de control”. Por ejemplo, no prevé que haya supervisión civil de las actividades de inteligencia y categoriza toda la información que recaben esas agencias como de Seguridad Nacional lo que “la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público.”
El Alto Comisionado de los Derechos Humanos también pidió a México que rechazara un proyecto que considera “muy inquietante”.
Este grupo de expertos considera que hay precedentes que justifican la preocupación con la que ven la ley. “Podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad», señalan.
Otro motivo de inquietud es que el proyecto de ley es ambiguo en ciertos puntos “y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza”.
También les resulta preocupante la forma en la que se está debatiendo la ley. “Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales», dijo el grupo, destacando que son conscientes de los enormes desafíos de seguridad que enfrenta el país.
Mejoras en la ley de seguridad interior
Los expertos de la ONU incluyen varias recomendaciones en su comunicado:
- Hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles.
- Capacitar y fortalecer a las fuerzas policiales para lograr que la investigación de violaciones de derechos humanos sea rápida, independiente e imparcial.
- Restringir las funciones de las Fuerzas Armadas a las propias de su misión.
- Investigar y sancionar debidamente a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos.
En 2011, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias solicitó que las Fuerzas Armadas se retiraran de las operaciones de seguridad pública. Los expertos remarcan que esta recomendación se dio “teniendo en cuenta la trágica historia” en las últimas décadas del continente americano, donde la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad interior ha estado asociada a la práctica sistemática y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han mantenido en la impunidad.
*Los expertos son: el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Sr. Joe Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; el Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; la Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Sr. Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición; y el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Los Grupos de Trabajo y Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
