Buscan amarrar las manos a funcionarios

*Buscan amarrar las manos a funcionarios.

*Nada a espaldas de los pueblos indígenas.

*Se da luz verde a la iniciativa de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

Columna «Sendero Político», Por José Cruz Delgado (29-XI-17).- Con una iniciativa se pretende amarrar las manos a funcionarios de los más altos niveles para que no abusen del poder y se llenen los bolsillos de dinero de manera ilegal o quieran favorecer a un tercero, ello de acuerdo a una iniciativa del diputado priista Raymundo Arreola Ortega.

Sin duda es una iniciativa que pondrá candados a los voraces funcionarios que abusando del poder se enriquecen a costa del erario público, o sea con el dinero del pueblo. Ojalá esta iniciativa prospere y y los demás legisladores la aprueben con el único interés de beneficiar a los michoacanos porque cada sexenio algunos se han enriquecido de manera ilegal, llegan con una mano atrás y otra adelante y cuando salen forman parte de los nuevos ricos.

Arreola Ortega al explicar la iniciativa para reformar el artículo 254 Bis y adicionar el 254 Ter del Código Penal del Estado de Michoacán, detalló que ante la forma de actuar de algunos funcionarios o ex funcionarios que se han enriquecido de manera ilícita es necesario ampliar la aplicación de este tipo penal para que no se constriña única y exclusivamente a los familiares cercanos al servidor público y que el agente activo tenga que ser servidor público cuando aumente desproporcionadamente sus propiedades, ni solamente durante el ejercicio de su encargo sino años posteriores.

“Algunos funcionarios con maquinación, han puesto propiedades y derechos a nombre de personas no comprendidas en el texto del Código Penal a efecto de evadir a la justicia al amparo de la estricta aplicación de la ley penal o realizan la adquisición de bienes posterior a salir del servicio público”, explica..

El legislador recordó que una de las mayores afectaciones al erario público se da por actos de corrupción de parte de servidores públicos, “que dominados por una avaricia y voracidad extraordinarios, hacen uso del poder que el Estado les ha conferido para el ejercicio del servicio público y aumentan su riqueza de manera ilícita con cargo a los fondos del estado, recursos que deberían ser utilizados para beneficio de los gobernados”.

De prosperar esta iniciativa sentará un precedente no solo en la historia de Michoacán, sino en todo el país.

Los diputados aprobaron el dictamen de la Ley para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado. Esta propuesta que garantiza la vida, integridad, libertad y seguridad  de defensores de derechos humanos y periodistas, fue presentada por el legislador Wilfrido Lázaro Medina en mayo pasado, y   será  discutida ya como dictamen ante el Pleno del Congreso del Estado, por las comisiones que ya dictaminaron a favor.

Sin duda este es un gran paso en la protección a periodistas, pues hay que recordar que Michoacán es un estado peligroso para el ejercicio periodístico y ocupa el noveno lugar en peligrosidad.

Esta ley generará un mecanismo de protección que es preventivo y será operado por dependencias del  Ejecutivo del Estado en Michoacán y coordinado con la federación para defensores de derechos humanos y periodistas, con el cual no se cuenta actualmente, por lo que el gobierno Estatal y municipios  garantizarán condiciones de respeto y seguridad para el ejercicio de estas profesiones sin menoscabo de su seguridad o integridad personal y/o familiar.

La  iniciativa de ley, además de que propone la incorporación de los municipios al Mecanismo de Protección para Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, toma cuenta a representantes de las empresas de comunicación  para la integración del Consejo Consultivo, también se contemplan nuevas disposiciones en materia de acceso a la información pública, y define con precisión un Fideicomiso para el manejo de los recursos.

El legislador tricolor señaló que entre 2015 y  2016  hubo  11 quejas por violación a derechos humanos de periodistas, en el 2017 son 10 las que se han  presentado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), principalmente contra policías municipales, Secretaría de Seguridad Pública, la Coordinación de Comunicación Social, Procuraduría General de Justicia del Estado; el CERESO “David Franco Rodríguez” y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión.

Respecto al mecanismo de Protección para Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, que opera la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se registra entre 2013 y 2017 un total de 405 solicitudes, de las cuales 175 corresponden a solicitudes de incorporación, por parte de personas defensoras fue de 175 y por parte de periodistas fueron 230. En este mismo periodo de Michoacán se presentaron 14 solicitudes y actualmente hay 34 personas beneficiarias, de las cuales corresponden 26 a defensores de derechos humanos y 8 de periodistas.

Los trabajos legislativos que competan a las comunidades y pueblos originarios no se realizarán de espaldas a éstos, pues es su opinión y visión la que enriquecerá las labores que en la materia se desarrollen, aseguró el diputado Juan Figueroa Gómez, presiente de la Comisión de Pueblos Indígenas de la LXXIII Legislatura local.

Señala que la Comisión que preside tiene conocimiento de la inquietud de algunas comunidades y pueblos en torno a las iniciativas que son de su interés y están en proceso de dictamen en el Congreso.

“El proceso legislativo tiene su dinámica y tiempos y se planifica conforme a la reforma o ley que se esté analizando, y es en esa planificación donde se contempla la participación de la sociedad, en este caso de las comunidades y pueblos indígenas para que viertan sus opiniones”.

Recordó que constitucionalmente es facultad del Poder Legislativo la elaboración y reforma de leyes, aunque acotó que dicha tarea no puede darse de espaldas a los ciudadanos, por lo que coincidió con los representantes de las comunidades indígenas en que debe ser tomada en cuenta su opinión respecto a los temas que se impulsan a favor de los mismos.

“Tenemos conocimiento que ante las autoridades electorales del estado se han presentado solicitudes para que las comunidades sean consultadas sobre leyes o reformas que se están trabajando en el Congreso, es importante que quienes tengan propuestas u opiniones los alleguen directamente a la Cámara para ir avanzando”.

El legislador de extracción perredista consideró que no habría nada más lamentable que esgrimir como impedimento para avanzar legislativamente, derechos en contra de derechos que permitan certeza y claridad en las conquistas y avances que comunidades y pueblos originarios han logrado en Michoacán.