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Morelia, Mich., 14 de noviembre de 2017.- El diputado del PRI, y presidente de la comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, Wilfrido Lázaro Medina consideró fundamental que sean publicadas a la brevedad en el Periódico Oficial del Estado las reformas a la Ley de Tránsito y Vialidad para que puedan operar.
Dichas reformas fueran aprobadas en el Congreso del Estado desde el 25 de octubre y a partir de ellas se incorporan a las motocicletas al Padrón Vehicular, además de prohibir a elementos de tránsito retener documentos del conductor o su unidad vehicular.
Lázaro Medina reiteró que “estas propuestas son el resultado de las demandas ciudadanas, ya que forman parte de las inquietudes manifestadas por los integrantes de las Mesas para la Seguridad de las siete regiones del estado”. Asimismo agregó: “En el caso particular de las motocicletas, la integración que hemos propuesto al Padrón de Vehículos genera certeza jurídica al propietario y previene su uso con fines delictivos”.
De igual forma reiteró que el diputado Sergio Ochoa, miembro de su bancada, “propuso adecuar el marco legal para evitar que los elementos de tránsito retengan documentos del conductor o su unidad vehicular”.
De acuerdo con Lázaro Medina, el titular del Ejecutivo cuenta con un periodo de 15 días hábiles para hacer observaciones al documento, sin embargo, ya han pasado más de tres semanas y las reformas aún no han sido publicadas.
Hasta el momento las dos propuestas de Lázaro Medina que se encuentran rezagadas y en espera de ser publicadas son las citadas reformas a la Ley de Tránsito y Vialidad, así como el Reglamento de la Ley de Cultura de Paz y Prevención de la Violencia y la Delincuencia, la cual fue promulgada desde octubre pasado por el Gobierno del Estado.
Finalmente, Lázaro Medina señaló que “el primero de enero de este año entró en vigor la Ley para una Cultura de Paz y Prevención de la Violencia y la Delincuencia, a partir de ello el gobierno estatal contaba con 90 días para ponerla en marcha, incluyendo su reglamento para que los ayuntamientos como el gobierno estatal incluyan en su presupuesto los recursos necesarios para la operación del marco legal, pero hasta ahora esto no ha sucedido”.
