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09 de noviembre, 2017 — Desde que entró en vigor el acuerdo de cese al fuego entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la población en varias regiones de Colombia ha sentido “cierto alivio humanitario”, pero aún se mantienen serios desafíos a la seguridad de las comunidades que viven en zonas de conflicto, reveló en un comunicado la Misión de Verificación de la ONU en ese país.
El miércoles se cumplió un mes del funcionamiento del Mecanismo de Veeduría y Verificación del Cese al Fuego Bilateral, conformado por la Misión de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal.
Tanto la ONU como la Iglesia, resaltaron el compromiso de las partes para lograr el cumplimiento de los protocolos al suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la fuerza pública y el ELN, pero señalaron que les preocupaba una serie de incidentes de violencia y la tensa situación en zonas rurales del norte y occidente del país.
El mes pasado, varios campesinos fueron asesinados cuando protestaban en la ciudad de Tumaco, en el departamento del Cauca, en hechos que aún no han sido esclarecidos por completo. Además, el líder indígena Aulio Isarama Forastero del departamento del Chocó también fue asesinado a balazos, en un hecho que el ELN reconoció y por el que pidió perdón, y el cual fue calificado por el Mecanismo de Veeduría como una “violación a las reglas y compromisos”.
La Misión de Verificación de la ONU y la Conferencia Episcopal de Colombia, instaron a las partes a mantener su compromiso y voluntad para afianzar el trabajo del Mecanismo, contribuir al propósito fundamental de mejorar la situación humanitaria de la población y establecer un nuevo cese cuando sea cumplido el plazo.
