Urgente reingeniería administrativa de la SEE pide Diputado Mario Armando Mendoza

Morelia, Mich., 29 de junio de 2017.- La aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, aprobadas por la 73 Legislatura, son una muestra de voluntad para coadyuvar en  la reingeniería administrativa que es urgente en la estructura gubernamental,  y obligan  al actual Gobierno Estatal a comprometerse para que se avance en la revisión de la situación que guarda la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), afirmó el diputado del PRI, Mario Armando Mendoza Guzmán. 

Subrayó que uno de los grandes pendientes es que el área responsable de la política educativa  cumpla con este proceso de reingeniería que fue instruido por el Congreso del Estado y que hasta la fecha no tiene respuesta, así como ningún avance, pero además el titular de esta dependencia, Alberto Frutis Solís no ha mostrado interés en avanzar en los decretos aprobados por esta Legislatura.

El diputado del PRI expuso que en el 2016 se instruyó a la SEE cumplir con la reingeniería administrativa, misma que se tenía que realizar antes del 31 de octubre de ese año, plazo en que se debió rendir un informe a esta soberanía, sin embargo, nunca arribó en los términos solicitados por la cámara local.

Refirió que el decreto establece que la Secretaría de Educación deberá implementar un programa de reingeniería financiera y administrativa que garantice la transparencia en la aplicación de los recursos asignados, los pagos a docentes y trabajadores administrativos, así como objetivos y metas evaluables así como un cronograma de ejecución y un diagnóstico que transparente el número de plazas y recursos estatales en el sector educativo.  

Pero a más de un año de vencerse los plazos, sigue sin existir voluntad para avanzar en el tema, por lo que subrayó que es fundamental que el actual Gobierno Estatal avance en un proceso de revisión que es urgente para esta área, que además de llevarse la mitad del presupuesto que se ejerce en el Estado, presenta una serie de inconsistencias en los procesos de fiscalización y es la responsable del déficit que se enfrenta en las finanzas estatales en los últimos años.